Reporte revela las malas condiciones de los niños migrantes en los centros de detención de EE.UU.

Los abogados que supervisaron recientemente las estaciones de la Patrulla Fronteriza, los puertos de entrada y los centros de detención familiar, presentaron un informe mencionando que el gobierno federal no atiende adecuadamente a los menores bajo su custodia.

Los menores y sus padres entrevistados por los abogados, describieron celdas estrechas donde no había suficiente espacio o ropa de cama para dormir, alimentos fríos o congelados y la falta de acceso a productos básicos de higiene como cepillos de dientes y jabón.

Las entrevistas fueron parte del monitoreo hecho a través de un fallo judicial llamado Acuerdo Flores que establece cuánto tiempo los niños migrantes podían ser detenidos y bajo qué condiciones.

Después de que un juez federal de San Diego ordenó en junio a la administración Trump que reuniera a las familias separadas en la frontera, el gobierno intentó renegociarlo para poder retener a los niños por más de 20 días. El juez en el caso rechazó el argumento del gobierno.

En más de 1,000 páginas de declaraciones con testimonios de primera mano de más de 200 padres y niños detenidos en California, Texas y otros estados, el informe ofrece una imagen viva de la situación de los migrantes en Estados Unidos.

Alejandra, una mujer de 31 años de México, dijo que pidió asilo con sus cuatro hijos en el puerto de entrada de San Ysidro a principios de julio.

Su familia fue detenida, pero ni siquiera recibió un tapete para dormir porque no había espacio, declaró a un abogado que la entrevistó.

“En la primera noche, mi hija se orinó dormida porque había tanta gente en el piso que tendrías que caminar encima de la gente para ir al baño”, describió Alejandra. “No podía pasar por encima de todos”.
Ella le dijo al abogado que los baños no tenían puertas y que no había jabón ni toallas de papel.

La mujer dijo que huyó de su casa en México porque temía que su hija adolescente fuera secuestrada en la escuela.

La queja original en la demanda de Flores fue presentada en 1985, y ha estado en vigencia desde 1997. El acuerdo permite a los abogados inspeccionar periódicamente las condiciones en que se encuentran los niños. Esta no es la primera vez que los abogados que representan a los niños migrantes, señalan que el gobierno no está cooperando con el acuerdo.

Bajo la administración Obama, la juez estadounidense Dolly Gee. del Distrito Central de California, dictaminó en 2015 que el gobierno había violado el acuerdo de varias maneras, incluyendo permitir habitaciones frías y superpobladas, así como proporcionar nutrición e higiene inadecuadas.

“Por cuestiones de política, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras no comenta sobre litigios pendientes”, dijo Daniel Hetlage, portavoz de la agencia, que es responsable de las personas bajo custodia en los puertos de entrada y las estaciones de la Patrulla Fronteriza. “Sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las alegaciones. La CBP toma todas las acusaciones seriamente e investiga todas las quejas formales”.

En junio, un funcionario de aduanas encargado de supervisar las condiciones de detención de menores dijo que la agencia estaba cumpliendo con los requisitos del acuerdo. El funcionario, Henry Moak Jr., dijo que visitó ocho sitios sin previo aviso y entrevistó a 38 niños.
“Lo que aprendí durante las visitas no anunciadas confirmó que los agentes y oficiales ejecutan sus responsabilidades profesionalmente y de manera consistente con el Acuerdo”, escribió Moak.

La senadora Dianne Feinstein (D-Calif.) criticó el manejo que hace la administración Trump de los niños que llegan, basándose en este informe. Ella dijo que enviaría personal para inspeccionar las instalaciones en El Centro.

“Tenemos la obligación de tratar a los niños y las familias humanamente”, dijo Feinstein. “No podemos mirar más allá de la conexión entre las odiosas palabras del presidente sobre los inmigrantes que ‘infestan’ a Estados Unidos y ‘los envían de regreso a su país’ y las acciones que su administración está llevando a cabo para mantenerlos en condiciones deplorables”.

En un ejemplo descrito en el informe, una mujer llamada Floridalma, fue arrestada cruzando la frontera a fines de junio. La mantuvieron con su hijo de 3 años en una instalación de la Patrulla Fronteriza en El Centro.

Ella describió que se encontraba en una pequeña habitación con otras cuatro madres y cuatro niños.

“Tenemos dos colchones para compartir”, dijo. “Dormimos con la cabeza sobre los colchones y nuestros cuerpos en el piso de cemento porque solo hay dos para ocho personas”.

Anet, una niña de 15 años, detenida en El Centro, dijo que en su habitación había 18 personas y que tenían tres colchones para repartirse entre ellos.

Brandon, un niño de 14 años que vino de Guatemala con su madre y dos hermanos al puerto de entrada a San Ysidro a principios de julio para pedir asilo, mencionó lo frío que estaba la celda.

“Tengo que usar mi cobija todo el tiempo”, le dijo al abogado. “Me gustaría otra manta, pero no me siento cómodo para pedir una”.
Dijo que no había sido capaz de lavarse los dientes o limpiarse desde que llegó.

“No hay jabón en mi habitación ni toallas”, dijo. “Cuando llegué aquí tenía un cepillo de dientes, pero se lo llevaron”.

Brandon dijo que huyó con su familia porque alguien disparó cinco balas a su casa después de que su padre dejó de trabajar para la policia local.

Una mujer salvadoreña llamada Lidia, que trajo a su hijo de 4 años a la frontera con Texas, dijo que mientras estaban bajo custodia recibieron sándwiches congelados que no podían comer.

“Mi hijo lloraba de hambre”, le dijo al abogado que la entrevistaba.
Los abogados visitaron recientemente centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, así como puertos de entrada y centros de detención de la Patrulla Fronteriza en California, Nuevo México y Arizona.

Liderados por el Centro para los Derechos Humanos y la Ley Constitucional con sede en Los Ángeles, el 16 de julio los abogados calificaron las acciones recientes del gobierno como un “violación a gran escala” del acuerdo.

El informe exige que el tribunal designe un supervisor especial para garantizar que los funcionarios de inmigración cumplan con el acuerdo.

“El trato inhumano hacia los niños continúa sin interrupción”, dice el documento. “En lugar de señalar una voluntad de poner fin al incumplimiento del Acuerdo, los demandantes han incrementado su incumplimiento al parecer por ninguna otra razón que no sea lo que el Presidente quiere”.

La presentación alega que el gobierno federal usa “el incremento de llegadas de migrantes” como una excusa para no cumplir el acuerdo. Hace un llamado al gobierno para que proporcione un plan sobre qué hacer cuando la migración vuelva a aumentar.

“Desafortunadamente, los recientes eventos indican que no existe un plan real”, dice el documento.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.