Argentina legaliza el aborto; hace historia en Latinoamérica

BUENOS AIRES —  Argentina marcó el miércoles un hito para el movimiento feminista al convertirse en el país más grande de Latinoamérica en legalizar el aborto, un paso que podría inspirar a otras naciones a seguir el mismo camino en un continente conservador y católico.

Previamente avalada por la Cámara de Diputados, el Senado aprobó la ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación la madrugada del miércoles por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, un resultado más holgado del que se esperaba, tras una sesión de más de 12 horas que fue seguida en vivo afuera del Congreso por miles de mujeres a favor y en contra.

Argentina se suma así a una pequeña lista de países y jurisdicciones que permiten la interrupción del embarazo y que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa.

El presidente Alberto Fernández expresó su satisfacción y señaló que la sociedad es “mejor al ampliar derechos a las mujeres y garantizar la salud pública”.

El gobierno argentino tiene un plazo de 10 días hábiles para promulgar la ley, tras lo cual procederá a reglamentarla para que pueda hacerse efectiva en un plazo que espera que sea breve. No obstante, una vez promulgada, todo proceso penal en curso contra una mujer por abortar se cerrará inmediatamente.

La norma es una victoria para el movimiento de mujeres de Argentina después de varias décadas de lucha y alienta las expectativas de que otros países se decidan a legislar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en un continente donde la Iglesia católica tiene una gran influencia.

“Somos conscientes que nos miran, sobre todo las mujeres”, admitió la secretaria Legal y Técnica del gobierno argentino, Vilma Ibarra, quien tuvo a su cargo la redacción del proyecto, durante un encuentro con periodistas de medios extranjeros. “Los sistemas políticos tardan más en darse cuenta. Las mujeres abrazamos otras experiencias porque sin ellas no llegamos”.

La funcionaria garantizó que mujeres extranjeras y residentes podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud argentino tal como viene sucediendo hasta ahora con otras prácticas, pero el gobierno tomará medidas para evitar “el negocio de quienes quieran lucrar con nuestro sistema de salud”.

Poco después de la votación, el júbilo estalló entre las miles de mujeres que aguardaban fuera del Senado. Gritaron, bailaron, celebraron.

“Yo soy madre de una nena y sé que va a tener mas derechos el día de mañana”, dijo Renata Vismara, una activista que festejaba la aprobación. “Sabemos que nos falta un montón... pero hoy estamos felices; logramos un derecho”.

Michelle Bachelet, la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, celebró la votación y recordó que “la mayoría de las muertes causadas por abortos ocurren en países que restringen o castigan esta práctica, forzando a las mujeres a procedimientos no seguros”

Los abortos clandestinos provocaron más de 3.000 muertes en Argentina desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por procedimientos mal realizados.

Amnistía Internacional celebró el “logro, que sirve como inspiración para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al aborto legal y seguro”.

La nueva norma a su vez constituye un revés para el papa Francisco en su país natal y abre una grieta con la Iglesia católica local.

El episcopado argentino afirmó en un comunicado que “esta ley que ha sido votada ahondará aún más las divisiones en nuestro país” y lamentó “profundamente la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo”.

Unas palabras de Francisco pronunciadas poco después de la votación de la ley fueron interpretadas en Argentina como una muestra de su desaprobación, aunque no mencionó directamente la ley. “Vivir es ante todo haber recibido la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida”, dijo el pontífice en un mensaje escrito.

Desde el Vaticano, el cardenal Peter Turkson, responsable de la oficina de cambio climático, migración y desarrollo, se preguntó si “con el covid aún diezmando a las poblaciones, ¿por qué deberían cerrarse cada vez más las puertas de entrada a la vida y el nacimiento con la promoción de abortos y políticas anti-vida?”.

La nueva ley podría tensar la relación de Francisco con el presidente y la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007- 2015), muy cercana al pontífice durante su gestión.

También genera dudas sobre la esperada visita del papa a su tierra, adonde no viajó desde que se convirtió en el jefe de la Iglesia católica en 2013.

“Preferimos atender mujeres con dignidad en el sistema de salud y brindar información sobe métodos anticonceptivos. No violentamos ninguna creencia religiosa, estamos en un estado laico y dictando leyes civiles”, respondió Ibarra al ser consultada sobre la reacción de la iglesia Católica.

La ley establece que las mujeres y otras personas “con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Pasado ese plazo, el aborto será legal sólo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.

El día después de su aprobación surgían interrogantes acerca de la completa aplicación de la ley, teniendo en cuenta los antecedentes sobre la falta de cumplimiento en varias provincias de normativas sobre educación sexual en las escuelas y de los protocolos que habilitaban hasta ahora la interrupción del embarazo sólo para casos de violación y riesgo a la salud integral de la gestante.

Además no se descarta que grupos anti-aborto se presenten a la justicia cuestionando la validez constitucional de la norma, lo cual podría derivar en fallos que la dejen en suspenso.

“Claro que se puede judicializar”, reconoció Ibarra, la secretaria Legal y Técnica del gobierno argentino. “Estamos muy tranquilos. Tenemos una norma que se enmarca dentro de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos”.

La ley contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Los menores de edad tendrán que ejercer el derecho a través de un representante legal.

Además incluye la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y las instituciones privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar el procedimiento deberán remitir a las pacientes a otra institución.

El médico no podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la embarazada esté en peligro.

Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley estarán sujetos a sanciones que van de los tres meses a un año en prisión y la suspensión de su licencia profesional por el doble de tiempo de la condena.

La ley garantiza además la cobertura integral y gratuita del aborto en el sistema de salud público y privado.

Los legisladores que votaron en contra vaticinaron una catarata de demandas ante la justicia por considerarla inconstitucional.

Después de legalizar el aborto, el Senado aprobó por unanimidad una ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. El proyecto ya había recibido el aval de los diputados.

Entre otras ayudas, contempla el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario”.