Acusaciones, comunismo, COVID-19 y un nombre controvertido en la política peruana definen la elección
Las elecciones presidenciales del domingo en Perú se producen cuando muchos ciudadanos están perdiendo la esperanza en su economía y su democracia.
CUZCO, Peru — La gente del campo acudió a vitorear a su candidato presidencial: Pedro Castillo, un maestro convertido y populista de izquierda, visto por sus partidarios como un salvador en tiempos difíciles.
“Queremos un hombre del pueblo, un campesino, un presidente para todos nosotros”, dijo María Pinto, de 45 años, ama de casa, en un estridente mitin a favor de Castillo en esta histórica ciudad de montaña. “Pedro devolverá la riqueza del país al pueblo”.
Su oponente no logra generar un entusiasmo similar. Keiko Fujimori, dos veces perdedora en las elecciones presidenciales e hija de Alberto Fujimori, el ex presidente que cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad está acusada de recibir sobornos y lavar dinero.
Pero sus partidarios, especialmente en la clase empresarial, golpeada durante la pandemia, la ven como la opción más segura.
“Con el COVID-19, el turismo murió, todos nos quedamos sin trabajo, y ahora necesitamos estabilidad para volver”, dijo Víctor Hugo Quispe, que dirige una empresa de turismo aquí y planea emitir su voto por Fujimori. “No es momento de más incertidumbre”.
Las elecciones del domingo, con un par de candidatos de extremos opuestos del espectro ideológico, llegan cuando muchos peruanos están perdiendo la esperanza en su economía y su democracia.
Seis de los últimos siete presidentes se han visto obligados a abandonar el cargo en medio de acusaciones de irregularidades o se han enfrentado a cargos al finalizar sus mandatos. El país tuvo tres presidentes en una semana el pasado noviembre en medio de feroces manifestaciones callejeras contra la disfuncional clase política.
El COVID-19 trajo un tipo diferente de miseria, afectando al sistema de salud, matando al menos a 184.000 de los 32 millones de habitantes de Perú -la tasa de mortalidad más alta del mundo- y reduciendo la economía, antes robusta, en un 11.1% el año pasado. El Banco Mundial calcula que 2 millones de personas se vieron lanzadas a la pobreza.
“Gran parte de lo que estamos viendo en estas elecciones se reduce a la devastación del COVID-19”, dijo Gustavo Gorriti, un conocido periodista peruano. “Hubo tantas pérdidas, tanto sufrimiento, tanto a nivel personal como a nivel económico”.
Las encuestas muestran un casi empate, ya que Fujimori recorta la ventaja que Castillo mantenía tras su primer puesto en una primera ronda de votación en abril. Ella terminó en segundo lugar. Cada uno de ellos obtuvo menos del 20% de los votos en un campo fragmentado de 18 candidatos.
La contienda ha dejado al descubierto algunos de los factores geográficos, socioeconómicos y étnicos que dividen al país.
Castillo, de 51 años, que nunca ha ocupado un cargo público y era un desconocido político antes de este año, obtiene gran parte de su apoyo de la población indígena y pobre de los Andes. Fujimori, de 46 años, que se convertiría en la primera mujer presidenta del país, tiene más fuerza en la capital, Lima, y en otras zonas costeras que se han beneficiado de las políticas económicas de libre mercado orientadas a la exportación.
El día de las elecciones se ve precedido por una sensación de incertidumbre y de presagio, ya que cada campaña presenta al candidato contrario como un extremista: Castillo como un comunista y un terrorista que ahuyentaría a los inversores, Fujimori como una ladrona y una dictadora en ciernes.
La masacre de 16 personas el mes pasado en una remota región selvática conocida por el cultivo ilícito de coca, ingrediente principal de la cocaína, ha aumentado la tensión.
Los asaltantes dejaron panfletos advirtiendo a la gente que no votara el 6 de junio y denunciando a los partidarios de Fujimori como “traidores”. Las autoridades atribuyeron el ataque a los remanentes del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso, que llevó a cabo una sangrienta insurgencia contra el gobierno en la década de 1980.
Después de que Alberto Fujimori llegara a la presidencia en 1990 -un hito para la pequeña minoría de peruanos que trazan su ascendencia a los inmigrantes japoneses-, se hizo famoso como un enemigo abierto de los insurgentes. En un momento dado, disolvió el Congreso alegando que los legisladores estaban bloqueando sus esfuerzos para luchar contra el terrorismo e instituir reformas económicas de libre mercado para controlar la hiperinflación.
Su estilo de gobierno se conoció como fujimorismo, es atacado por los críticos como autoritarismo, pero es aclamado por los partidarios de su hija como un liderazgo sólido.
“Fujimori sacó a Perú de la crisis económica y al mismo tiempo derrotó al terrorismo”, dijo Carmen María Carranza, de 38 años, ejecutiva de marketing de una empresa de productos de belleza. “Los que no vivieron esos años no lo saben. Pero yo vi cómo sufrieron mis padres. ... Dios nos salve del comunismo”.
En 2009 -nueve años después de que renunciara y el Congreso considerara que estaba “moralmente incapacitado” para ejercer el cargo- Fujimori fue condenado por ordenar a un escuadrón militar que llevara a cabo un par de masacres que dejaron 25 muertos mientras él estaba en el cargo.
Keiko Fujimori, defensora a ultranza del legado de su padre, de 82 años, ha prometido indultarlo si es elegida.
Tenía solo 19 años cuando sus padres se separaron en 1994 y su padre la nombró primera dama. Tras estudiar administración de empresas en Estados Unidos, fue elegida al Congreso peruano en 2006, y perdió las elecciones presidenciales de 2011 y 2016.
En marzo, tras una investigación de dos años, los fiscales la acusaron a ella y a sus asociados de lavado de dinero y corrupción, sobre todo alegando que recibió 1.2 millones de dólares en sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para su campaña de 2011.
Los fiscales pidieron la disolución de su partido, Fuerza Popular, y recomendaron que fuera encarcelada durante 30 años. Un juez está revisando las pruebas.
Fujimori niega los cargos y los califica como un golpe político. Pasó 13 meses detenida por cargos relacionados en 2018 y 2019.
Ser elegida -con la consiguiente inmunidad presidencial- podría mantener a Fujimori fuera de la cárcel.
Por su parte, Castillo ha prometido eliminar la corrupción, un grito de guerra para su base.
“¡Pedro es para el pueblo, Keiko es una delincuente!”, coreaba Julián Rojas, de 40 años, un taxista que asistió recientemente a un mitin de Castillo en la céntrica Plaza San Martín de Lima, donde ayudó a izar una efigie de Keiko Fujimori en un simulacro de celda y a hacerla desfilar por la plaza.
Castillo, que lleva un sombrero de campesino de ala ancha y hace hincapié en sus raíces rurales, ha dicho que reescribiría la Constitución para dar más poder económico al gobierno.
Esto incluiría el aumento de los impuestos y las regalías en el crucial sector minero de Perú. Ha acusado a las multinacionales de “saquear” el cobre y otros minerales.
Su lema - “No más pobres en un país rico” - ha resonado en el campo y entre la clase trabajadora urbana y ha alimentado un torrente de críticas de que convertiría a Perú en la “próxima Venezuela”.
Castillo ha prometido que protegerá la propiedad privada y el ahorro individual, y rechaza cualquier afinidad ideológica con Hugo Chávez, el fallecido líder socialista a quien los críticos responsabilizan de la ruina económica en Venezuela.
“No somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas”, dijo a una multitud en abril en la ciudad norteña de Máncora. “Somos trabajadores, como cualquiera de ustedes”.
Por su parte, Fujimori se ha esforzado por suavizar su imagen derechista, prometiendo aplicar medidas para ayudar a los pobres, como el aumento del salario mínimo, el refuerzo de las ayudas a los estudiantes y a los pensionistas, y la concesión de “bonos de oxígeno” de unos 2.500 dólares a cada familia que haya perdido a alguien por el COVID-19.
También reconoció recientemente que ella y su partido habían cometido “errores” y se comprometió a dirigir un gobierno limpio.
Entre los partidarios de Fujimori se encuentra Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano que perdió las elecciones presidenciales de 1990 frente a su padre y que ha sido un crítico mordaz de ambos. En una columna para el diario español El País, Vargas Llosa, residente en Madrid, tachó a Castillo de amenaza para la democracia y calificó a Keiko Fujimori de “el menor de los males”.
Sin embargo, muchos han cuestionado su compromiso con la democracia, dada la historia de su padre y lo que los críticos llaman su hostilidad a la crítica y a la libertad de expresión.
“Nunca votaría por el regreso del fujimorismo”, escribió el columnista Ernesto de la Jara en el diario La República. “Votar por ella sería traicionarme a mí mismo”.
Para muchos, puede que no haya una buena opción en las urnas. El voto es obligatorio para la mayoría, pero no está claro hasta qué punto la pandemia mermará la participación, o cuántos votantes podrían presentar votos nulos o en blanco en rechazo a ambos candidatos.
“Tanto Fujimori como Castillo y sus partidos tienen mucho apoyo, y ambos han desatado bastante pasión, pero los dos también han sido desacreditados y rechazados por numerosas razones”, dijo Eduardo Dargent, politólogo en Lima. “Para muchos votantes, especialmente de las clases medias, esta elección presenta un momento difícil, incluso trágico”.
La corresponsal especial Adriana León en Lima contribuyó a este informe.
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