Cubanos van a las urnas para renovar su Parlamento

LA HABANA —  Los cubanos salieron el domingo a votar para renovar la Asamblea Nacional del Poder Popular, su Parlamento unicameral, en una jornada que se desarrolla en medio de una fuerte crisis económica y migratoria.

Unos 8,1 millones de isleños fueron habilitados para ejercer su sufragio en unos 23.648 colegios establecidos en todo el país para escoger entre 470 candidatos a diputados a igual número de puestos al Parlamento.

El resultado de la jornada parece inevitable, aunque un indicador que será observado de cerca es cuántos votantes se abstienen. Ese número ha crecido durante la última década, lo que algunos críticos señalan como un reflejo de los problemas económicos que vive la gente y una desconfianza en el sistema político.

El modelo electoral en la isla no contempla la participación de partidos políticos, ni campañas electorales como en otros países, lo que ha generado históricamente críticas de los adversarios, que en esta ocasión llamaron a abstenerse, sobre todo, en redes sociales. Los gobernantes, en tanto, lo defienden alegando que es representativo y popular.

Las autoridades indicaron que se desplegó a unas 100.000 personas para controlar los colegios y supervisar las votaciones, que se iniciaron a las siete de la mañana, hora local. Las mesas son custodiadas por niños de escuelas primarias. El voto es secreto pero no obligatorio en la isla.

El presidente Miguel Díaz-Canel, quien en la víspera estuvo en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, ejerció el voto en su natal provincia de Villa Clara, a donde fue acompañado por su esposa, Lis Cuesta.

El gobernante reconoció ante periodistas locales las dificultades económicas –desabastecimiento, cortes de luz, carencia de combustible-- en medio de las cuales se desenvuelve la jornada.

“Algunos pueden poner por delante la situación económica pero la mayoría de la gente sabe que a pesar de la situación económica difícil es trabajando juntos (como se enfrentan los problemas), si fuéramos nuevamente una colonia de los Estados Unidos los problemas sólo se van a acrecentar, si todo estuviera privatizado, ¿cuál fuera el futuro de los jóvenes?”, señaló.

El proceso comenzó en realidad en noviembre con la nominación y votación cuadra a cuadra o por comunidad de los a representantes municipales –un nivel de concejales— para la formación de gobiernos locales de los que salieron buena parte de los nombres en la lista actual.

Por ley, el 50% de los actuales candidatos a diputados proviene este nivel de base en todo el país, la otra mitad que suelen ser personalidades destacadas —desde artistas y científicos a generales— es propuesto por unas comisiones de candidaturas integradas por la Central de Trabajadores de Cuba y organizaciones sociales y vecinales, las cuales terminan de conformar las listas de los 470 aspirantes.

El Partido Comunista, único con estatus legal en Cuba, no presenta postulaciones pero muchas de las organizaciones de las comisiones de candidaturas le son afines.

En la lista de futuros diputados presentada hace algunas semanas están Díaz-Canel, el exmandatario Raúl Castro, y el primer ministro Manuel Marrero, entre otros.

El Parlamento se constituirá el 19 de abril y de él saldrá la máxima dirigencia del Ejecutivo, el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Estado.

Uno de los argumentos que esgrimen las autoridades respecto a la ausencia de partidos políticos electorales en Cuba es que con ello, según dicen, se busca evitar la fragmentación y corrupción propiciada supuestamente por éstos y contrarrestar una posible injerencia de Estados Unidos, cuyas sanciones de más de 60 años se endurecieron en la pasada administración del expresidente Donald Trump.

Aunque es baja en relación con otros países de América Latina, la abstención fue creciendo en los últimos procesos, incluso llegando a un 31% en los comicios municipales de noviembre. Además de las disconformidades y/o llamados a la abstención desde grupos disidentes, cientos de miles de personas que emigraron en los últimos meses –unas 300.000 sólo a Estados Unidos-- no podrán votar, lo que elevaría las inasistencias.