Casi 900 detenidos y 5 delincuentes abatidos en Ecuador ante despliegue militar y alza de impuestos

QUITO —  Patrullas militares realizaban el viernes revisiones aleatorias a cientos de pasajeros en un concurrido sector del centro de la capital de Ecuador y eje del transporte público, mientras la policía instalaba retenes móviles en las calles, en medio de las medidas de emergencia con las que el presidente Daniel Noboa busca contener la escalada de violencia de los últimos días y que no cede principalmente en las cárceles.

Portando armas largas, los uniformados ponían especial atención a los ciudadanos que llevaban mochilas o maletas en las instalaciones del transporte público en pleno centro de Quito, donde la víspera una alerta de bomba provocó la movilización de la policía que, tras un operativo que incluyó el uso de perros adiestrados y un robot, pudo descartar la amenaza.

“Espero que los chequeos se realicen a todas las personas si se va a revisar por razones de seguridad, que sea a todo el mundo y no una específica parte de la población que ha sido el problema que ha habido últimamente en las revisiones”, dijo por la noche a The Associated Press Daniela Chacón durante un revisión en Quito.

La situación de violencia en Ecuador escaló dramáticamente tras la misteriosa desaparición en una cárcel de mediana seguridad de Guayaquil del capo Adolfo Macías, alias Fito, jefe del grupo criminal más peligroso del país, Los Choneros, que mantiene relación con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, según las autoridades, y la posterior fuga de otra prisión de Fabricio Colón Pico, un líder criminal regional de otra organización criminal, Los Lobos, quien en un video divulgado en las redes la víspera ofreció entregarse a cambio de que las autoridades garantizasen su vida.

Noboa, quien asumió el poder a fines de noviembre, decretó primero un estado de emergencia a inicios de semana y posteriormente declaró que el país entraba en un conflicto armado interno en el cual el objetivo militar era una veintena de organizaciones criminales y ligadas al narcotráfico y otros delitos, a las que calificó como “terrotistas”.

Las medidas dieron lugar a un mayor despliegue de los militares y la policía en calles y zonas estratégicas de la capital y otras ciudades donde la violencia golpea con mayor rigor. La población, temerosa, al parecer ve con buenos ojos las medidas. En las principales ciudades, decenas de ciudadanos han acudido a los sitios protegidos por militares y policías para espontáneamente ofrecerles refrescos, emparedados, galletas y otras vituallas, especialmente en las noches.

Buena parte de los ecuatorianos se encuentran realizando teletrabajo y con educación virtual, con la mayor parte de negocios cerrados.

La situación se violencia se elevó a inicios de semana cuando un grupo de encapuchados armados irrumpió en vivo en el canal TC Televisión en Guayaquil. Los ecuatorianos presenciaron cómo amedrentaron con armas largas, cortas y explosivos a periodistas y trabajadores de ese medio. La policía neutralizó a los armados. El hecho dejó un camarógrafo herido de bala en la pierna.

La violencia no ha cesado a pesar del despliegue militar y policial, particularmente en las cárceles.

Durante la madrugada, un cuerpo fue arrojado desde la prisión de la ciudad de Machala —373 kilómetros al suroeste de Quito— hacia el exterior y las autoridades confirmaron que se trataba de un preso asesinado.

El sistema penitenciario ha informado que hasta el jueves 178 funcionarios carcelarios —158 guardias y 20 administrativos— se mantienen retenidos en siete prisiones —dos más que el día anterior— sin precisar la condición de salud de los rehenes.

La espiral de violencia de los últimos días también ha dejado al menos 14 muertos sólo en la ciudad costera de Guayaquil, según los reportes policiales. No se ha proporcionado el número de fallecidos a nivel nacional.

En medio de las medidas de emergencia, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una declaración de prensa manifestó que cualquier medida para afrontar la violencia en el país “debe ser proporcional y limitada a lo requerido a la situación de seguridad”. Agregó que cualquier restricción de derechos debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.

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El vídeoperiodista Daniel Tapia contribuyó con este reporte en Quito.