Maduro da 72 horas a diplomáticos de EE.UU para abandonar Venezuela

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela parecieron colapsar el pasado martes, después de que el gobierno de izquierda en Caracas estableciera un plazo de 72 horas para que los diplomáticos estadounidenses abandonen el país, y el Departamento de Estado precisó que retiraría de allí a todo el personal de la Embajada de Estados Unidos.

Aunque las dos naciones no rompieron formalmente lazos diplomáticos, el movimiento marcó crecientes tensiones mientras la administración Trump y sus aliados buscan expulsar al asediado líder de Venezuela, Nicolás Maduro, e instalar un dirigente de la oposición en su lugar.

En una declaración, el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, informó que había ordenado a todo el personal diplomático estadounidense retirarse de Venezuela esta semana, porque su presencia allí se había “convertido en una restricción para la política de Estados Unidos”.

El gobierno de Maduro ordenó el retiro de los diplomáticos estadounidenses después de que las negociaciones para establecer una sección de intereses diplomáticos (una especie de embajada de facto) se derrumbaron.

Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos en Venezuela, afirmó que el gobierno de Trump no reconoce a Maduro como presidente, por lo tanto, el gobierno del venezolano no puede mantener conversaciones ni expulsar a los diplomáticos. “No creemos que el régimen tenga la capacidad de decirnos cuándo irnos, y no creemos que sea capaz de brindar seguridad” al personal diplomático de EE.UU, afirmó Abrams, a los periodistas en el Departamento de Estado.

En una serie de entrevistas, Pompeo reconoció que había ordenado la retirada, en parte, para proteger a los diplomáticos estadounidenses. “Su seguridad siempre es de suma importancia y se está volviendo muy difícil”, declaró Pompeo a una estación de radio en Houston.

“Es posible que piensen que las autoridades venezolanas no pueden garantizar su seguridad por más tiempo”, expresó Adam Isacson, un experto en seguridad del Washington Office on Latin America, un grupo de investigación y activismo. “Pueden temer ser tomados como rehenes... o un saqueo… un caos en general”, consideró.

El Departamento de Estado anunció el 24 de enero que había ordenado a los dependientes y a otro personal de la embajada abandonar Venezuela. Las autoridades se negaron a decir cuántos estadounidenses permanecían allí después de esa medida, pero el número era pequeño.

Eso fue varios días después de que la Casa Blanca reconociera oficialmente al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino.

Guaidó se declaró mandatario después de afirmar que la reelección de Maduro había sido ilegítima. Alrededor de 50 países ya han reconocido a Guaidó como presidente interino.

La retirada diplomática de Estados Unidos se produce mientras Venezuela sigue cayendo en la confusión y luchando contra los apagones generalizados, que han generado nuevos sufrimientos en un país que ya está en crisis. Las escuelas, los bancos y las empresas cerraron sus puertas, mientras que los hospitales y otras instalaciones críticas tenían problemas para brindar servicios.

Largas filas de autos esperaban en las gasolineras mientras los automovilistas buscaban combustible. Las multitudes iban en masa a supermercados escasamente abastecidos, en busca de alimentos que no necesitaran refrigeración. Algunos venezolanos incluso se vieron obligados a recolectar agua de un canal contaminado.

Maduro acusó a los agentes de Estados Unidos y a sus oponentes políticos de causar los apagones mediante un ciberataque. La oficina del fiscal general de Venezuela abrió una investigación criminal para investigar si Guaidó era responsable.

Los funcionarios de Estados Unidos negaron cualquier participación y culparon al gobierno de Maduro de no mantener la electricidad por negligencia e incompetencia.

Guaidó y la Asamblea Nacional que encabeza -ignorada por Maduro-, declararon un “estado de alarma” por los apagones y otras carencias. El líder pidió que se realicen más protestas callejeras, que incitaron a la oposición. “Nada es normal en Venezuela y no permitiremos que esta tragedia se considere normal; por ello necesitamos decretar este estado de alarma”, dijo Guaidó a la asamblea.

El último choque diplomático le sigue a docenas de sanciones comerciales y financieras que Washington ha impuesto al gobierno de Maduro y se suma a los problemas económicos del país.

El pasado lunes, el Departamento del Tesoro agregó un banco con sede en Moscú -de propiedad conjunta de empresas estatales rusas y venezolanas- a la lista negra de empresas y personas a las cuales se les prohibió hacer negocios con ciudadanos estadounidenses.

Evrofinance Mosnarbank ayudaba a Venezuela a eludir las sanciones de Estados Unidos y mover dinero para Maduro, afirmó el Departamento del Tesoro.

Venezuela, que se encuentra entre las reservas de petróleo más grandes del mundo, se convirtió en una causa prioritaria para la administración Trump, en parte debido a la amplia influencia de Cuba en ese país.

“Nicolás Maduro prometió a los venezolanos una vida mejor en un paraíso socialista”, declaró Pompeo. “Cumplió con la parte del socialismo... La parte del paraíso, no tanto”.

Más allá de las sanciones y el aislamiento político, la Casa Blanca tiene pocas opciones claras. Los funcionarios podrían estar esperando que las sanciones impuestas a la más importante empresa petrolera de Venezuela hagan efecto.

La mayoría de los países latinoamericanos apoyan a la oposición liderada por Guaidó y en la región parece haber poco interés por las negociaciones directas con Maduro.

“Las negociaciones en el contexto venezolano tienen extrema mala fama”, declaró la semana pasada al Congreso Cynthia Arnson, directora para América Latina del grupo de expertos no partidista Wilson Center, ante el Congreso.

“La pregunta es, si en estas circunstancias, tenemos ahora un verdadero ‘punto dañino’”, agregó.

La redactora del Times Wilkinson informó desde Washington, y la corresponsal especial Mogollón desde Caracas.

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