Familiares y entidades piden poder contribuir a ley de desaparición de México

MEXICO/AP —  Entidades civiles y familiares de víctimas de desapariciones forzadas en México pidieron hoy poder contribuir en la legislación relacionada con la Ley General de Desapariciones Forzadas para que esta sea inclusiva y contemple varios tipos de delito.

“Proponemos tipificar dos delitos, la desaparición forzada, como tal, llevada a cabo por autoridades de manera directa o indirecta; y la desaparición forzada a manos de particulares y sin contubernio del Estado”, dijo el coordinador del área de acompañamiento de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, Héctor Cerezo.

Junto a ello, pedirán que la ley contemple la reparación integral del daño y el aseguramiento de prestaciones para los familiares, apuntó desde el Parque Alameda de la Ciudad de México, donde junto con otras asociaciones se celebró hoy un acto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.

Con ello, el Congreso deberá expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas en un periodo máximo de 18 meses tras su promulgación.

Por su parte, el representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Pascual de Jesús, dijo temer que la nueva ley no “llene las expectativas de los familiares” de los desaparecidos e instó a que esta se “construya” con su colaboración y la de organizaciones civiles.

De Jesús tiene dos compañeras del movimiento del sureño estado de Oaxaca desaparecidas desde el 2007.

Eran dos hermanas, una maestra y una estudiante, de 21 y 14 años en el momento de su desaparición, que se extraviaron en un trayecto entre dos comunidades de Oaxaca en una época de fuerte tensión entre la comunidad triqui y las autoridades policiales de la región.

“El estado actúa de diferentes formas para sembrar el terror e intimidar a los luchadores sociales”, acusó De Jesús, quien señaló el “terrible” dolor que estos casos infligen en las familias.

En esta misma región, el 2007 también desaparecieron los luchadores sociales Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz tras ser arrestados en un operativo policial y posteriormente entregados al Ejército de México, relató Nadín Reyes, hija de Edmundo y miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

Reyes denunció que, a pesar de lograr el pasado año una resolución judicial para entrar en varios cuarteles militares e investigar este caso, no ha habido “voluntad política” para que ello ocurra, y por ello “duda” también acerca de la iniciativa de ley de desapariciones forzadas.

“Vimos (en un documento sobre la ley) que hace referencia a los casos de desaparición forzada y habla de personas no localizadas o encontradas. De entrada no están reconociendo que existe esta situación en el país”, criticó.

Esta preocupación de que la ley no se concrete debidamente llevará a las diferentes entidades hoy participantes en el acto a entregar el próximo 3 de septiembre al Senado de México su propia propuesta de ley, que espera pueda contribuir en la elaboración de la norma.

En el evento se expusieron fotos y carteles de casos de desaparición forzada de distintos estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Reyes explicó que tras perder a su padre, su familia siente “angustia y zozobra porque no saber si está vivo o no” y lamentó que el acto de hoy casi no congregara ciudadanos:

“Hay mucho desconocimiento de la gente sobre esta situación y por otra parte también tienen temor a que les pueda pasar lo mismo”, señaló.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas varios organismos se han pronunciado sobre la situación en México, que acumula más de 25.000 desaparecidos desde 2007.

Por ejemplo, la organización Amnistía Internacional (AI) promueve una campaña para instar al actual presidente Enrique Peña Nieto a investigar los casos de desaparición forzada, mientras que la ONU hizo un llamamiento para que la nueva ley escuche las peticiones de los familiares.

Aunque no hay datos exactos del número de desapariciones forzadas, Comité Cerezo contabilizó, solo en defensores de derechos humanos, 56 casos en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y 82 durante los primeros tres años de mandato de Peña Nieto.