Familiares de inmigrantes desaparecidos en México buscan el derecho a la verdad y la justicia

AGENCIA REFORMA/MÉXICO —  Los alcances del carácter de víctima que tienen los familiares de migrantes ejecutados en el País serán discutidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la sesión de la semana pasada, la Primera Sala de la Corte votará el proyecto realizado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para resolver el amparo en revisión 382/15 promovido por familiares de dos de los cuerpos hallados en las 49 fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.

El documento propone que los familiares de víctimas del delito sean víctimas indirectas para efectos de acceso a los beneficios de la Ley General en la materia y, al mismo tiempo, puedan coadyuvar con el Ministerio Público y tener acceso al expediente.

El asunto deriva de una petición de protección federal realizada por Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado, ambas de origen salvadoreño, para obtener reconocimiento como víctimas directas del delito, pues a cinco años del homicidio de sus familiares aún no conocen las causas de la muerte ni las condiciones en que los encontraron.

La solicitud inicial de amparo señaló como autoridades responsables a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Tamaulipas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Servicios Periciales de PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ambas solicitaron que se les restituya su derecho a la verdad y de acceso a la justicia, además del reconocimiento como víctimas de desaparición y posterior ejecución de sus familiares.

De aprobarse el proyecto, podrán ofrecer pruebas en las averiguaciones previas sobre la muerte de sus familiares y obtener copias del expediente.

Sin embargo, el fallo establece que las quejosas y las autoridades deberán esperar la resolución que haga la Corte sobre la facultad que tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para calificar si una averiguación contiene violaciones graves a derechos humanos y ordenar a la PGR su desclasificación.