La CIDH denuncia que México está entrando “en una regresión autoritaria”

WASHINGTON/EFE —  El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, denunció hoy que México está entrando “en una regresión autoritaria” al abrir una “investigación previa” por la denuncia penal “temeraria e infundada” presentada contra él.

“Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez, no hay precedente de investigación previa sobre el secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria”, dijo hoy Álvarez Icaza en la rueda de prensa sobre el próximo periodo de sesiones de la Comisión.

El secretario ejecutivo expresó así el malestar de la Comisión por que México abriera una investigación previa a raíz de la denuncia penal presentada contra él hace dos semanas por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez,

Se trata de una denuncia por una supuesta malversación de los fondos públicos que fueron entregados a través de la CIDH al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa al haber realizado actividades que no están vinculadas con lo establecido en el acuerdo.

Álvarez Icaza considera “inaudito” que México haya abierto una investigación previa sobre esa denuncia y participe en una “campaña de desprestigio” contra el grupo después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH, de reconocer el informe del grupo, y hasta de sugerir algunos de los nombres de expertos.
“Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque”, consideró el secretario ejecutivo, que planea volver a su México natal para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos una vez concluya su mandato el próximo 16 de agosto.

“Los ataques se vienen dando desde octubre (de 2015) y ya hemos tenido que salir dos veces, y en ocasiones los silencios son más preocupantes”, agregó.

La Comisión no ha sido informada por parte del Gobierno mexicano de que el trabajo del grupo que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no vaya a continuar después del 30 de abril, pero ayer el secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio, descartó una nueva prórroga y reiteró que el mandato concluye en esa fecha.

La Comisión se reunirá el próximo lunes con el GIEI y el próximo miércoles con una delegación del Gobierno mexicano en Washington “para saber qué pretende”, en el marco del 157 periodo de sesiones y audiencias públicas.

Durante la próxima semana, la Comisión se reunirá también con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para determinar “cómo proseguir” en este caso.

Álvarez Icaza recordó hoy que, cuando rubricó el convenio con México, lo hizo por “delegación” del secretario general de la OEA, organización de la que la CIDH es órgano autónomo.

“De continuar (el Gobierno) con su campaña (de desprestigio), será una señal clara de un regreso al México autoritario”, subrayó Icaza.

“Si (el Gobierno mexicano) ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país”, agregó.

México es el país de donde se recibieron más solicitudes de audiencias públicas para el próximo periodo de sesiones de la CIDH, que tendrá cuatro audiencias sobre esa nación.

Los temas que se abordarán será la situación general de derechos humanos, las desapariciones de niños y adolescentes, la privatización del sistema penitenciario y las restricciones indirectas a la libertad de expresión.

La Comisión recibió “información muy importante” de que el Gobierno no presta suficiente atención a las desapariciones de los jóvenes y niños menores de 18 años.

En este periodo de sesiones no habrá ninguna audiencia específica sobre el caso de Ayotzinapa.

El grupo de expertos comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.

Tras vencer el periodo de seis meses otorgado a los expertos, las partes acordaron ampliar el mandato hasta abril de este año y transferir la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) a la de Derechos Humanos.