México: Al menos 17 de los estudiantes desaparecidos fueron quemados en basureros, afirman nuevas investigaciones

CIUDAD DE MÉXICO/AP —  Un grupo expertos encontró evidencias de que al menos 17 personas fueron quemadas en un basurero en el sur de México, dijo el viernes un miembro del equipo investigador, en el más reciente giro al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El portavoz del grupo, Ricardo Damián Torres, dijo que en las próximas semanas se efectuarán pruebas para determinar si fue posible la quema de todas las víctimas en el basurero en la localidad de Cocula, en el estado de Guerrero.

Según el gobierno federal, hasta ese lugar fueron llevados los cadáveres de todos los estudiantes después de que desaparecieran en la población vecina de Iguala, el 26 de septiembre de 2014.

Las familias de los estudiantes desaparecidos rechazan firmemente la versión oficial sobre lo sucedido mientras que otros equipos de expertos concluyeron en sus investigaciones que posiblemente no todos los cadáveres de las víctimas fueron cremados en el basurero de Cocula.

La percepción de que las autoridades federales hicieron un mal manejo de este emblemático caso de derechos humanos ha importunado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En la breve conferencia de prensa del viernes, Torres no precisó la fecha en la que tuvo lugar el incendio ni explicó la metodología utilizada por el equipo investigador ni cómo llegó a esa conclusión.

“Hay evidencias para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en Cocula”, declaró el portavoz a nombre del equipo de seis peritos en incendios al lado del subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos. Damián Torres no contestó preguntas.

En una entrevista con Milenio TV, Vidulfo Rosales, abogado representante de las familias de los desaparecidos, dijo que éstas no han tenido acceso al informe de los expertos y por ende no podía hacer declaraciones al respecto.

El hallazgo es el más reciente dentro de la cadena de pesquisas sobre lo sucedido a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los estudiantes desaparecieron después de que se apoderaran de autobuses en Iguala. Según diversas pruebas compiladas, la policía local interceptó a los estudiantes y los entregó a miembros de un cartel narcotraficante local.

Cuatro meses después de la desaparición de los estudiantes, el entonces procurador general de la república Jesús Murillo Karam presentó con bastante seguridad los resultados de la investigación del gobierno y la describió como la “verdad histórica” sobre lo sucedido.

Murillo Karam dijo que con base en las confesiones de los detenidos y pruebas forenses, los 43 estudiantes estaban muertos y fueron cremados en un basurero en las afueras de Cocula.

Según el funcionario, los restos incinerados fueron arrojados después a un río cercano.

Las pruebas de ADN efectuadas a restos que las autoridades dijeron haber recuperado de un río permitieron confirmar que pertenecían a dos de los estudiantes desaparecidos.

En cuanto a los motivos, el entonces procurador dijo que el grupo narcotraficante Guerreros Unidos, que controlaba la zona, creyó que algunos de los estudiantes pertenecían a una organización delictiva rival.

Al mes siguiente, un equipo de expertos argentinos en antropología forense —traído a petición de las familias y autorizado por la Procuraduría General de la República— dijo que las evidencias no sustentaban la versión oficial de que los estudiantes fueron cremados en el lugar.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México también planteó diversas interrogantes sobre la investigación inicial del gobierno.

Y en septiembre de 2015, un equipo de peritos independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, difundió un informe que echaba por tierra la pesquisa del gobierno, aunque señaló que carecía de evidencias sobre el paradero de los estudiantes.

En el informe se explicaba cómo autoridades estatales, la policía federal y el ejército vigilaban los movimientos de los estudiantes antes del ataque contra los jóvenes.

Sin embargo, ninguna parte intervino durante el ataque de la policía de Iguala y Cocula que dejó seis personas muertas.

La nueva procuradora general de la república Arely Gómez dispuso ante los hechos una nueva investigación forense sobre el basurero.

El equipo que anunció el viernes sus conclusiones fue concertado entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, el viernes en la noche, el equipo de peritos independientes de la CIDH dijo en un comunicado que con la realización de la conferencia de prensa, la PGR no había respetado el compromiso entre las partes de buscar un consenso sobre el manejo de la investigación más reciente.

En el comunicado se dijo que Torres había aludido a información incluida en el informe provisional que no fue analizada por los expertos de la CIDH y que ni siquiera había consenso entre los expertos en incendios.

Escribieron que consideraban “roto” el acuerdo de trabajo en el entorno del basurero.