Ordenan que investigación contra exgobernador mexicano pase a otra autoridad

México —  Un juez mexicano ordenó que la investigación contra el exgobernador del estado de Sonora Guillermo Padrés pase a otra autoridad, tras declarar inconstitucional la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción que llevaba su caso, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De esta forma, el Juzgado Segundo de Distrito en el noroccidental estado de Sonora concede el amparo solicitado por el exgobernador (2009-2015), quien actualmente se encuentra preso tras entregarse a las autoridades.

El CJF explicó en un comunicado que la resolución que declara inconstitucional el decreto por el cual se creó la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción de Sonora “no invalida las diligencias realizadas por el Ministerio Público (contra Padrés) en ejercicio de sus funciones”.

“Las averiguaciones previas iniciadas en su contra deberán ser turnadas para su continuación a las autoridades competentes” para que siga la investigación, señaló.

El CJF indicó que el fallo judicial puede ser impugnado por un recurso de revisión que examinaría el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

Para emitir su resolución, el juez se basó en los criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando el pasado septiembre declaró inconstitucionales las leyes anticorrupción de los estados de Veracruz y Chihuahua.

Esto porque el órgano superior de justicia consideró que dichas leyes fueron aprobadas antes de decretarse una legislación federal como protección para sus autoridades locales.

En este caso concreto, “a diferencia de Veracruz y Chihuahua, en Sonora ya se encuentra en operación la multicitada Fiscalía”, detalla la sentencia.

Padrés está acusado de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Tras permanecer un mes como prófugo de la justicia, el exgobernador se presentó el 10 de noviembre ante el juzgado ubicado en el Reclusorio Oriente, que lleva uno de sus casos.

La entrega se produjo poco después de que reapareciera públicamente para ofrecer una entrevista radiofónica en la que denunció que sufre una “persecución política” y defendió su inocencia.