México pedirá sus móviles a periodistas y activistas para indagar espionaje

México —  Los periodistas y activistas que denunciaron un presunto espionaje del Gobierno de México deberán entregar sus teléfonos para un “análisis forense”, aseguró hoy el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) mexicana “agotará las líneas de investigación” para asegurar que periodistas y defensores de derechos humanos “puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que las leyes otorgan”, apuntó el fiscal en una declaración a medios.

Con este objetivo, abundó, todas las personas, periodistas y activistas que señalaron que sus equipos móviles “han sido intervenidos”, serán notificados para que los aporten de manera física a la investigación en curso.

A los aparatos se les hará “un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación del virus”, indicó el titular de la Feadle.

Anticipó que dado que en otros países han ocurrido casos de “presunta intervención” ilegal de telecomunicaciones, México considerará esta experiencia internacional en su indagatoria y solicitará apoyo técnico.

En el grupo de apoyo técnico participarán la Unión Internacional de Comunicaciones, órgano de la ONU especializado en telecomunicaciones, y la Asociación Mundial de Operadores Móviles, con sede en Londres.

Por México estará la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional; el expresidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime, y se pedirá a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos su colaboración, apuntó.

Además, México pedirá a Canadá su colaboración “vía asistencia jurídica internacional” en las entrevistas con Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

El fiscal indicó que a las empresas internacionales que venden el equipo de intervención de comunicaciones se les pedirá el detalle de sus clientes en el Gobierno mexicano y que confirme si su equipo ha llegado a entidades diferentes a las oficiales.

La Feadle pedirá además a las compañías de telefonía móvil los registros de las llamadas recibidas por los aparatos presuntamente infectados con el programa de espionaje para tratar de detectar similitudes en los números que hubiesen enviado el virus.

El pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times informó que periodistas como Carmen Aristegui y activistas como el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, fueron espiados a través de un programa informático denominado “Pegasus”.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo que el Gobierno usa la tecnología para mantener condiciones de seguridad para la sociedad y combatir al crimen organizado y confirmó que giró instrucciones a la PGR “para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado”.

Las organizaciones que acompañan a los activistas que han denunciado espionaje (Artículo 19, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC) emitieron hoy un comunicado en respuesta a las declaraciones del fiscal Sánchez.

Señalaron que la Feadle no aclara el tipo de asistencia técnica que pretende solicitar y la razón por la que las instituciones y personas nombradas como parte del “grupo de apoyo técnico” poseen el conocimiento y la independencia requeridos para aportar elementos relevantes a la investigación.

Asimismo, que el “grupo de apoyo técnico” no atiende la solicitud del establecimiento de un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales.

“Reiteramos la necesidad de contar con un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional que den certeza sobre el curso de la indagatoria”, apuntaron.