Un mexicano pide pruebas de ADN para evitar su ejecución en Texas

Washington —  El estado de Texas pretende ejecutar la próxima semana al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas por la violación y asesinato de su prima en 1997, pero su defensa confirmó hoy a Efe que ha pedido nuevas pruebas de ADN para demostrar su inocencia mientras México también presiona para impedir su muerte.

A Ramírez, que nació en Guanajuato hace 47 años, lo ejecutarán el el próximo miércoles con una inyección letal administrada pasadas las 18.00 hora local (23.00 GMT) en la prisión de Huntsville (Texas) si la estrategia de la defensa no logra su propósito.

Ramírez fue condenado a muerte en 1998 por el secuestro, violación y asesinato de su prima Mayra Laguna -de 16 años- el 22 de febrero de 1997 en McAllen, ciudad del sur de Texas fronteriza con la mexicana Reynosa.

Un jurado consideró probado que entre él y su cómplice, Tony Castillo, entraron a la casa de la víctima por la ventana de su habitación, se la llevaron, la violaron, la estrangularon hasta que murió y abandonaron el cuerpo en un canal de la localidad de Edinburg, vecina a McAllen.

Ramírez Cárdenas confesó el crimen a las autoridades y, entre él y Castillo, condujeron a los investigadores hasta el cuerpo de Laguna, pero la abogada del mexicano, Maurie Levin, defiende que esa confesión se obtuvo bajo “coacción”: su cliente confesó durante los 11 días que pasó detenido sin que le asignaran un abogado.

Más allá del “muy cuestionable” proceso que llevó a su confesión, Levin ha pedido al estado de Texas que suspenda la ejecución de su cliente para permitir nuevas pruebas de ADN a los restos que quedaron en las uñas de Laguna, con las que confía que Ramírez Cárdenas demuestre su inocencia.

El tribunal del condado en el que fue condenado Ramírez rechazó ya la petición de Levin al considerarla una estrategia dilatoria, pero la abogada presentó este lunes un recurso ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, la máxima instancia penal en el estado.

Este tribunal de apelaciones ha suspendido varias ejecuciones en los últimos meses como consecuencia de recientes cambios legislativos en el estado sureño que favorecen, precisamente, la petición de nuevas pruebas de ADN.

“Hay pruebas (de ADN) disponibles que podrían demostrar su inocencia, sería insensible no hacerlas. ¿Vamos a ejecutar a alguien cuando Texas puede hacer las pruebas?”, dijo Levin a Efe.

Al margen de las pruebas de ADN, la defensa de Ramírez Cárdenas también alega que su ejecución violaría una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) conocida como “Fallo Avena”, que ordenó reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.

A estos presos, de acuerdo con el fallo, se les violó su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.

Pese a la sentencia de la CIJ, el estado de Texas ha seguido ejecutando a ciudadanos mexicanos, cuatro de ellos “en franca violación” del “Fallo Avena”, según la Cancillería mexicana. Los últimos fueron Edgar Tamayo y Ramiro Hernández en 2014.

El abogado Gregory Kuykendall, que dirige el Programa Mexicano de Asistencia Jurídica en casos de Pena Capital en EEUU, financiado por la Cancillería mexicana para sacar a sus ciudadanos del corredor de la muerte, explicó a Efe que México “está tratando de convencer a todos” para suspender la ejecución de Ramírez.

Kuykendall lamentó, sin embargo, que el estado de Texas “está actuando exactamente igual” que en los casos de Tamayo y Hernández, “evitando su obligación bajo la ley internacional y el ‘Fallo Avena’”.

La defensa ha presentado estos argumentos ante la Junta de Perdones de Texas y ante el gobernador del estado sureño, el republicano Greg Abbott, que tienen en sus manos detener la ejecución antes del próximo miércoles.