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Presidente mexicano exige a exsecretario pruebas sobre sus presuntos nexos con el narco

ARCHIVO - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrado
(Felix Marquez / Associated Press)

“Escribe que hay pruebas, que hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo, que lo dé a conocer”, expresó el mandatario

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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió el miércoles al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, que presente las pruebas de los supuestos vínculos que tendría con el narcotráfico.

Así reaccionó López Obrador a los señalamientos que realizó García Luna quien a través de una presunta carta que escribió desde una cárcel estadounidense lo acusó de estar coludido con el narcotráfico y en particular con una facción del Cártel de Sinaloa que dirige Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue apresado en julio en Texas.

ARCHIVO - El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador,
ARCHIVO - El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, saluda después de pronunciar su último Informe sobre el Estado de la Unión en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 1 de septiembre de 2024.
(Felix Marquez/AP)

El escrito de cuatro páginas del exsecretario de Seguridad fue enviado por sus abogados a varios periodistas que lo difundieron el martes. La carta se dio a conocer a dos semanas de que López Obrador culmine su sexenio.

“Escribe que hay pruebas, que hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo, que lo dé a conocer”, expresó el mandatario en su habitual conferencia matutina al exigir a García Luna que “presente las pruebas” en su contra y que se las pida a “a sus amigos de la DEA (agencia antinarcóticos estadounidense)”.

García Luna, quien fue declarado culpable el año pasado de recibir sobornos para proteger a los cárteles del narcotráfico y está a la espera de una sentencia, dijo en la misiva que en los registros oficiales de México y Estados Unidos hay “contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México Andrés López Obrador y sus operadores con líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio”.

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El exsecretario mexicano, de 56 años, fue declarado culpable de cargos que incluyen participar en una empresa criminal y enfrenta al menos 20 años de cárcel y hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado el 9 de octubre.

Al negar las acusaciones en su contra, García Luna acusó al gobierno mexicano de “mentir” y “entregar información falsa” sobre su caso a Estados Unidos y aseguró en la carta que fiscales estadounidenses le ofrecieron un trato para convertirse en testigo protegido a cambio de una sentencia de seis meses y que le pidieron rendir testimonio contra las instituciones mexicanas.

Asimismo, el exfuncionario indicó que ha estado detenido por casi cinco años en “condiciones infrahumanas” en Estados Unidos y que “ha presenciado homicidios, amenazas y amenazas sistemáticas a mi integridad”.

El mes pasado la fiscalía estadounidense informó que García Luna trató de sobornar a otros presos para que hicieran falsas afirmaciones en apoyo a su intento de lograr un nuevo juicio por acusaciones de narcotráfico.

Las autoridades mexicanas han acusado al exsecretario de Seguridad de haber mantenido durante dos décadas una red de corrupción y lavado de dinero que incluyó un conglomerado familiar de 40 empresas que obtuvieron recursos públicos por 745 millones de dólares que terminaron en Estados Unidos y se utilizaron para adquirir numerosos inmuebles y lujosos vehículos.

La denuncia fue presentada en febrero del año pasado por Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que depende de la Secretaría de Hacienda, quien informó que García Luna realizó la mayor parte de las operaciones ilegales cuando estuvo al frente la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que ocupó entre 2006 y 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.

En septiembre de 2021 el gobierno mexicano presentó una demanda ante una corte de Florida para recuperar los activos del exfuncionario.

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