L.A. busca limpiar complejos de apartamentos azotados por dos pandillas del sur de la ciudad
El fiscal de la ciudad de L.A., Mike Feuer, quiere que un juez emita una orden para que un grupo de pandilleros no puedan reunirse en tres edificios de apartamentos sobre la West 82nd Street y quiere obligar a las gerencias a que hagan varias mejoras. ()
Fiscales de la ciudad dicen que en los últimos cinco años, tres edificios de apartamentos en el sur de Los Ángeles han sido el escenario de múltiples arrestos, tiroteos y asesinatos.
El jueves, el fiscal de la ciudad Mike Feuer anunció tres demandas que piden a un juez emitir órdenes para que un grupo de pandilleros no puedan reunirse en eso tres edificios de apartamentos sobre la West 82nd Street. La demanda también busca obligar a los administradores del lugar a que hagan mejoras para que los residentes estén más seguros.
“Es inadmisible que alguien en Los Ángeles tenga que vivir en condiciones como éstas”, dijo Feuer en un comunicado. “Vamos a recuperar este vecindario de las pandillas y se lo devolveremos a los residentes que viven ahí”.
La ciudad espera reducir su capacidad de reunirse y controlar el vecindario, dijo el jefe del LAPD, Charlie Beck.
“Lo más difícil de hacer en la aplicación de la ley es mejorar las condiciones de un vecindario”, dijo Beck. “Quítenles su territorio, y su poder se diluye. El objetivo final es hacer un cambio positivo que perdure”.
La demanda va dirigida contra los propietarios del edificio de apartamentos de nueve unidades en el 538 W. 82nd Street, el edificio de 20 unidades en el 601 W. 82nd Street y un complejo de 11 unidades en el 723 W. 82nd Street. El área está controlada por las pandillas 18th Street y Hoover, que mutuamente se benefician del narcotráfico en la zona, dijo Feuer.
En los últimos cinco años ha habido dos asesinatos, media docena de tiroteos y 35 arrestos entre las tres propiedades, dijeron los funcionarios. En una rueda de prensa, la policía mostró cinco pistolas que fueron encontradas recientemente en las propiedades.
“Esto es lo que los niños están viviendo en la calle, y va a cambiar”, dijo Feuer.
Si la iniciativa de la ciudad es exitosa, los propietarios de los edificios tendrían que mejorar el alumbrado, tener un enrejado seguro y un sistema de vigilancia de video conectado a internet. El edificio tendría guardias de seguridad armados y con licencia, así como un mejor sistema para investigar a los arrendatarios que puedan causar problemas.
Si los propietarios de los edificios se niegan a hacer los cambios, podrían ser forzados a vivir en su propiedad hasta que las mejoras sean hechas u obligarlos a cerrar, desplazando a residentes inocentes a expensas de los propietarios de los edificios, agregó Feuer.
Los fiscales de la ciudad por mucho tiempo han recurrido a acciones legales para tratar de disminuir la actividad de pandillas, argumentando que las propiedades problemáticas son imanes para el crimen y ponen en peligro la seguridad de la gente de escuelas, iglesias y negocios cercanos.
En 2009, la ciudad entabló una querella contra el complejo de apartamentos de Pico-Union que presuntamente era el centro del imperio de la pandilla Mara Salvatrucha.
Durante los últimos tres años, la oficina de Feuer ha obtenido 56 órdenes para forzar mejoras físicas y operacionales en las propiedades que son consideradas problemáticas. Ocho sitios que son el punto de actividad relacionada con drogas y pandillas también han sido cerrados, según la oficina de Feuer.
Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí
