Retiran iniciativa que hubiera terminado con la desigualdad de precios paga la mujer
LOS ANGELES TIMES — Al menos en este año los consumidores no tendrán la oportunidad de desafiar el llamado “impuesto de color rosa” en California.
El martes, el senador estatal Ben Hueso (D-San Diego) retiró su proyecto de ley que prohíbe a las empresas cobrar a los clientes diferentes precios de mercancías similares sobre la base del género, lo que permite que las tiendas puedan seguir cobrando más por los productos vendidos a las mujeres y las niñas.
Hueso había dicho que con la legislación se pretendía ampliar las leyes existentes para proteger a los consumidores vulnerables. Sin embargo, la propuesta generó una fuerte oposición de la industria de los minoristas y fabricantes que argumentaron que sus condiciones eran ambiguas y abriría el camino a una ola de demandas frívolas.
Hueso retiró el proyecto de ley del Comité Judicial de la Asamblea, donde se esperaba que fuera sometido a votación el martes, después de que el Senado aprobara la legislación en mayo.
Richard Holober, director ejecutivo de la Federación de Consumidores de California, que patrocinó el proyecto de ley, dijo que las enmiendas propuestas de los oponentes habrían despojado a la legislación de sus penalidades y habrían establecido un mandato para que los consumidores presentaran una prueba concluyente de discriminación.
“Esto cargó las cubiertas de modo que [la ley] fuera inaplicable”, dijo Holober, “Estamos muy enojados porque lo que encontramos es otro ejemplo en el que los intereses corporativos dominan la mayoría”.
Desde hace tiempo, California ha liderado los intentos para poner fin a la llamada discriminación de venta al menudeo. Entre las primeras leyes estatales aprobadas estuvo la Ley Unruh de Derechos Civiles de 1959, que exige a las empresas a conceder “adaptaciones” plenas e iguales para todos, independientemente de su raza, sexo, religión u origen nacional.
El estado fue más allá en 1995, cuando se convirtió en el primero de la nación en prohibir que los establecimientos de servicios fijaran sus precios basados en el género mediante la Ley de Derogación del Impuesto de Género, patrocinado por la entonces senadora estatal Jackie Speier (D-San Mateo).
Hueso dijo que su proyecto de ley habría actualizado esa la ley para incluir también los bienes.
Su proyecto de ley incluye disposiciones para permitir diferencias de precios basadas ¿¿específicamente en la mano de obra, materiales, impuestos u otras razones de género neutro. Pero habría permitido que los clientes desafiaran los precios de los productos “considerablemente similares” de las mismas marcas que comparten los mismos componentes funcionales y el 90% de los mismos materiales o ingredientes.
La semana pasada, antes que el proyecto de ley llegara al Comité Judicial de la Asamblea, Hueso sostuvo en su mano dos navajas de afeitar de la misma compañía, una azul y otra rosa. Dijo que, en la misma tienda, un paquete de 12 unidades de las navajas de afeitar azules para hombres cuesta 5 dólares menos que un paquete de 12 piezas de las que se venden a mujeres.
La cuestión de los precios de género es un asunto que ha resonado en todo el país, y ha coincidido con el debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Su impacto ha sido especialmente pronunciado en los juguetes, dijeron los investigadores que, en productos idénticos tales como patinetas, estas tienen regularmente un precio diferente basado en el color, la etiqueta o su colocación en la tienda.
Hueso y los partidarios de su legislación también señalaron un estudio de 2015 del Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York, que analizó casi 800 productos y encontró que aquellos bienes destinados para las mujeres cuestan más del 42%, y que los juguetes para niñas cuestan más del 55%.
“A las mujeres se les paga menos y tienen que pagar más por productos de uso diario”, dijo Sandra Williams, de California National Organization for Women. “Eso no debería ser tolerado”.
Pero el proyecto de ley provocó un debate entre los miembros del Comité Judicial de la Asamblea que cuestionaron si la medida imponía demasiada responsabilidad en los minoristas. La asambleísta Cristina García (D-Bell Gardens), autora de un proyecto de ley para derogar el impuesto sobre las ventas en los tampones y toallas femeninas, dijo que ella estaba vacilante para aprobar una legislación carecía de especificidad en cuanto a los recursos legales para los consumidores y que concedía una exención para los concesionarios de automóviles, quitando a los vehículos de motor de la definición de “bienes”.
El asambleísta Donald P. Wagner (R-Irvine), vicepresidente del comité, sugirió Hueso que tratara de enmarcar su proyecto de ley como un asunto de derechos civiles.
Otros opositores dijeron que la medida creó áreas grises que podrían conducir a acusaciones excesivas y costosas sobre la fijación de precios. Jennifer Barrera, una cabildera de la Cámara de Comercio de California, dijo que ella estaba preocupada de que los negocios pequeños podrían ser demandados aun cuando tuvieran motivos válidos de sus decisiones para establecer los precios.
“Todavía hay ambigüedad en el estatuto, y si hay lugar para la ambigüedad entonces esto va a incentivar litigios”, dijo ella.
Sus palabras hicieron eco de las preocupaciones de California Retailers Association., Grocery Manufacturers of America y Toy Industry Association.
“Las determinaciones de precios son fluidas y afectadas por numerosos factores”, dijeron las organizaciones en una carta del 20 de junio 20 dirigida al presidente del Comité Judicial de la Asamblea, Mark Stone (D-Scotts Valley). “Al obligar a los minoristas a poner precios artificialmente a productos, en contradicción con su verdadero valor del mercado, la SB 899 conducirá lugar a la fijación de precios, lo que podría afectar negativamente al mercado al interferir con la oferta y la demanda”.
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