¿Qué pasa si Trump trata de abusar del poder como presidente? El sistema judicial, una forma de frenarlo

LOS ANGELES TIMES —  En breve, Donald Trump se mudará a una Casa Blanca que ha visto una gran ampliación de los poderes presidenciales gracias a sus dos ocupantes anteriores.

George W. Bush usó su poder como comandante en jefe para llevar a cabo una guerra global contra el terrorismo, incluyendo el encarcelamiento de combatientes extranjeros en la Bahía de Guantánamo en Cuba.

Barack Obama, bloqueado por un Congreso controlado por los republicanos, empleó órdenes ejecutivas para combatir el cambio climático, extender el alivio de deportación a los inmigrantes indocumentados, exigir cobertura gratuita de anticoncepción para empleadas mujeres y presionar a las escuelas para ofrecer igualdad de derechos a los estudiantes transgénero.

Pero ambos se encontraron con una fuerte oposición en los tribunales y vieron algunos de sus planes bloqueados.

Trump ha prometido escribir un nuevo capítulo en el poder presidencial como un líder fuerte que hará lo que sea necesario. “Yo solo puedo arreglarlo”, afirmó en la convención republicana.

El presidente electo ha hablado de deportaciones masivas, de la prohibición de que los musulmanes ingresen al país, de tarifas para los empleadores que trasladen sus operaciones al extranjero y, a veces, ha amenazado con castigar a ciertas personas -desde Hillary Clinton hasta periodistas- que lo ofendieron.

Los estudiosos de la ley se sienten cautelosos y hasta preocupados acerca de Trump y de cómo empleará los poderes de la presidencia. Pero también confían en que los tribunales se mantendrán firmes contra los graves abusos de poder.

“Estoy muy preocupado por la capacidad de nuestro sistema constitucional para verificar los excesos de Trump”, señaló Adam Winkler, profesor de derecho de UCLA. “Él ha expresado un desprecio sin precedentes por el imperio de la ley, y uno de los principales controles que tenemos -el Congreso- podría no desempeñar su rol constitucional debido a la mayoría del mismo partido”.

De todas maneras, los tribunales, señaló Winkler, estarán “mucho más propensos a mantener un compromiso con el imperio de la ley y a reducir los abusos de Trump”.

David Cole, profesor de derecho de Georgetown quien en enero próximo asumirá como director nacional legal de la ACLU, señaló que es “optimista respecto de los tribunales y su oposición a los abusos de poder” en la era Trump, y citó el impacto moderador de los tribunales sobre la “guerra contra el terror” después de los ataques del 11 de Septiembre.

“Estábamos en una crisis de seguridad nacional por entonces, y Bush tenía un Congreso con mayoría republicana”, remarcó. “Pero la Corte Suprema se puso de pie y se pronunció contra el presidente y a favor de los supuestos combatientes enemigos”, dijo al referirse a una serie de fallos registrados entre 2004 y 2008, que ampliaron los derechos legales y las protecciones de los prisioneros de Guantánamo. “Todo depende de hasta dónde empuje”, afirmó Cole, “pero si Donald Trump abusa de su poder, creo que los tribunales se enfrentarán con él”.

Virginia Sloan, presidenta de Constitution Project, aseguró que tiene fe en los jueces. “Una vez que toman el juramento y se convierten en magistrados, valoran la institución del poder judicial y buscan preservar el estado de derecho”, explicó. “No sabemos a dónde irá el gobierno de Trump, pero podemos tener esperanza en los jueces, que dejarán de lado la política”.

En sus primeros días en el cargo, se espera que Trump emplee su autoridad ejecutiva para deshacer las políticas establecidas por Obama. Algunas podrán revertirse de inmediato, mientras que otras podrían tomar tiempo. Por ejemplo, Trump podría revocar la orden ejecutiva de Obama, de 2014, que extendió el alivio de deportación y los permisos de trabajo para cinco millones de padres inmigrantes indocumentados que tuvieron hijos estadounidenses. Un juez federal en el sur de Texas había bloqueado la entrada en vigor de dicha orden, y el Tribunal Supremo la dejó en efecto.

La disputa legal -que es independiente del programa de 2012 de aplazamiento de deportaciones para los llamados Dreamers, que llegaron a los EE.UU. de forma ilegal cuando eran niños- resultó ser si el presidente tenía la autoridad bajo las leyes de deportación para extender el alivio temporal y los permisos de trabajo para millones de inmigrantes.

De forma similar, el nuevo presidente y sus designados podrían revocar una “carta de orientación” del Departamento de Educación de Obama, del 13 de mayo pasado, que decía que las escuelas y colegios debían tratar a los estudiantes transgénero “de acuerdo con su identidad de género, en lugar del sexo que se les había asignado al nacer”.

La misiva efectivamente requería que las escuelas permitieran a los estudiantes transgénero usar el baño de su preferencia. Pero la Corte Suprema bloqueó la implementación de la carta en una disputa surgida en Virginia. Si Trump rescinde la instrucción, el caso podría ser eliminado.

Los funcionarios designados por el presidente electo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos pueden revisar o revocar las regulaciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que requieren que los empleadores paguen por una gama completa de anticonceptivos. Esos reglamentos generaron una serie de batallas judiciales, incluyendo dos que llegaron a instancias de la Corte Suprema y que alegaban que empleadores vinculados con la religión podían negarse a pagar ciertos anticonceptivos según sus creencias de fe.

Bajo el gobierno de Obama, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) adoptó regulaciones para eliminar las emisiones de carbono de las centrales eléctricas y para proteger las vías fluviales contra la contaminación, pero ambas fueron suspendidas por jueces que actuaron en procesos presentados por estados republicanos. Trump ha elegido a uno de esos abogados estatales, Scott Pruitt, fiscal general de Oklahoma, para liderar la EPA y derogar esos reglamentos.

Pero la administración de Trump pronto podría enfrentar demandas similares, esta vez procedentes de estados azules o libertarios. Zonas como California, que han ampliado su seguro de salud con Obama, podrían combatir los recortes o cambios ordenados por el nuevo gobierno. Otros abogados también están alertas en caso de que la administración entrante busque castigar o despedir a funcionarios que no estén de acuerdo con sus posturas, o penalizar a las compañías individuales por transferir operaciones al extranjero.

“Cualquiera de esas cuestiones podría plantear un desafío legal”, afirmó Jonathan Adler, profesor de derecho de Case Western, en Cleveland. “Si la administración de Trump intenta ejercer una amplia autoridad ejecutiva, soy optimista de que los tribunales se alinearán con la jurisprudencia relevante”.

Esos precedentes incluyen fuertes controles sobre el poder federal, redactados por el fallecido juez Antonin Scalia y el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr. En 1997, el Tribunal Supremo anuló parte de la Ley Brady, que obligaba a la policía a realizar verificaciones de antecedentes a los compradores de armas porque, según Scalia, la Constitución no permite a las autoridades federales “requisar” a funcionarios estatales o locales, u obligarlos “a hacer cumplir un programa federal de reglamentación”. Ese precedente, en el fallo Printz vs. los EE.UU., será seguramente citado en disputas acerca de las “ciudades santuario”. En 2012, Roberts citó el mismo principio al decidir que los estados pueden seguir su propio camino y rehusarse a ampliar el programa de Medicaid, como lo requiere la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Sin embargo, expertos legales predicen que Trump pondrá a prueba dichos límites. “Ciertamente estirará los límites del poder ejecutivo”, afirmó Neal Devins, profesor de leyes del College of William and Mary, quien ha escrito acerca de la historia del poder presidencial. “Cada primer mandatario parece hacerlo. Siempre afirman que tienen la autoridad para seguir sus políticas. Dada la retórica de su campaña, Trump podría sentir la necesidad de actuar unilateralmente para demostrar que es un presidente fuerte”.

Cuando el próximo presidente nombre a un nuevo juez, la Corte Suprema nuevamente tendrá mayoría de magistrados apuntados por republicanos. Y Trump podría crear una Corte más conservadora si reemplaza a uno o más de los jueces liberales.

Pero aun así, el presidente electo podría tener problemas si intenta ir demasiado lejos. En 1952, los nueve jueces de la Corte habían sido nombrados por los demócratas, pero el Tribunal Supremo anuló la incautación del presidente Harry Truman de los molinos de acero en huelga durante la Guerra de Corea. El presidente no tenía tal autoridad constitucional para hacerlo, remarcó la Corte en su fallo.

En 1974, por unanimidad el Tribunal Supremo obligó al presidente Richard Nixon a renunciar cuando decidió que debía entregar sus cintas de la Casa Blanca a un fiscal especial. El presidente no está por encima de la ley, dictaminaron los jueces.

Adler, un libertario, a menudo trabajó junto con los conservadores para criticar el uso de Obama de los decretos ejecutivos. Ahora espera ser acompañado por los magistrados liberales en el mismo tema. “Hay razones para preocuparse. Donald Trump no ha tenido experiencia política o gubernamental, y no ha demostrado comprender qué es lo que el jefe ejecutivo puede y no puede hacer”, afirmó. “Así que espero que mis peores miedos no ocurran, y que podamos tener un debate menos partidista sobre el alcance del poder ejecutivo”.

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Traducción: Valeria Agis