Reporte denuncia décadas de alianza entre alguaciles de Los Ángeles y ICE
Los Ángeles — Desde hace más de veinte años, el Departamento de Alguaciles de Los Ángeles (LASD) está impulsando a oficiales de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a identificar indocumentados y ponerlos en proceso de deportación, advierte un informe publicado hoy por la coalición ICE Out of LA.
El reporte, titulado “Las consecuencias para los derechos humanos en la colaboración entre LASD-ICE: un enredo tóxico”, reveló que la alianza entre los alguaciles y el servicio de inmigración llevó a criminalizar injustamente a miles de inmigrantes latinos.
“Encontramos que decenas de indocumentados que caen en la cárcel por un sólo día terminan siendo deportados, esto está pasando enfrente de los ojos de todos y las autoridades no dicen nada”, manifestó a Efe Joe Berna, uno de los autores de la investigación.
El reporte, de más de 50 páginas, es el resultado de una profunda investigación de más de un año a lo largo del condado.
El análisis, realizado por expertos de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) en colaboración con la coalición ICE Out of LA, asegura que ICE tomó en custodia a través del LASD un promedio de 70 personas por mes, de entre los cuales hay alrededor de 13 residentes legales y el 90 % son hispanos.
“Creemos que la mayoría de estas personas terminan deportadas, dejando atrás familias destruidas y niños casi huérfanos, y muchos de ellos solo llegó a la cárcel por no pagar una multa de tránsito”, aseguró Berna.
Este fue el caso de Víctor Alejandro Calderón, quien fue puesto en proceso de deportación, tras ser arrestado por no pagar una infracción.
“Nos destrozaron la vida, es injusto todo lo que pasamos por un simple arresto”, dijo Patricia Suárez, madre de Calderón y una de las inmigrantes que protestó frente a la cárcel del condado para llamar la atención sobre esta investigación.
El informe, que cuenta con una serie de recomendaciones sobre protección de los derechos humanos, separación de autoridades locales y federales y el restablecimiento de la confianza de la comunidad en las autoridades, fue entregado a la Junta de Supervisores del Condado para ser analizada.
Esta es la segunda acción en menos de una semana en que las autoridades de Los Ángeles reciben presión para deshacer la cooperación con las autoridades migratorias.
“Es un enredo esta colaboración y estamos demostrando con hechos los abusos que se han cometido por años”, insistió Berna.
