Una ciudad devastada por la adicción a OxyContin demanda a su fabricante

LOS ANGELES TIMES —  Una ciudad de Washington, devastada por el mercado negro de OxyContin, presentó el jueves pasado una demanda -única en su estilo- contra el fabricante de estos analgésicos, alegando que la empresa se hizo de la vista gorda al tráfico criminal de sus pastillas para “obtener grandes, obscenas ganancias”, y exigió que pague la factura por la generalizada adicción a los opiáceos en la comunidad.

La demanda de Everett, una ciudad de 100,000 habitantes al norte de Seattle, fue impulsada por una investigación del Times realizada el año pasado. Este periódico reveló que la farmacéutica Purdue Pharma tenía extensa evidencia del tráfico ilegal en todo el país, pero en muchos casos no la había compartido con las autoridades ni tampoco había cortado el flujo de píldoras.

Una banda de L.A., monitoreada por Purdue y resaltada en la investigación de L.A. Times, suministraba OxyContin a pandilleros y otros criminales, que traficaban la droga a Everett. En el momento culminante del problema, en 2010, OxyContin era un factor más en los delitos en el condado de Snohomish, y provocó una epidemia de heroína que todavía afecta la región, afirmaron las autoridades.

En una denuncia realizada en el Tribunal Superior del estado, los abogados de la ciudad acusaron a Purdue de negligencia grave, crear una molestia pública y otras malas conductas, y resaltaron que la compañía debía pagar los costos de manejar la crisis de adicción a los opiáceos, una cifra que podría llegar a decenas de millones de dólares -según el alcalde-, así como también daños punitivos.

“Las acciones impropias de Purdue de colocar las ganancias por sobre el bienestar de los ciudadanos de Everett han causado y seguirán ocasionando daños sustanciales a esta ciudad”, escribieron los abogados. “Purdue es responsable de su conducta dolosa, intencional, imprudente y negligente, y no debe permitírsele eludir la responsabilidad de sus prácticas desmedidas e insensibles”.

Purdue fue demandada cientos de veces durante los últimos 20 años por su comercialización de OxyContin a los médicos y el riesgo de adicción con los pacientes, pero el pleito de Everett es el primero que se centra estrechamente en aquello que la empresa sabía acerca de la distribución ilegal del analgésico.

Purdue se negó a comentar sobre la demanda. En una declaración emitida el miércoles como anticipo de una votación por parte del Ayuntamiento de Everett para autorizar el litigio, un vocero de la farmacéutica afirmó: “Compartimos las preocupaciones de los funcionarios públicos acerca de la crisis de los opioides y estamos comprometidos a trabajar en la colaboración de ésta, para encontrar soluciones”.

La investigación del L.A. Times, publicada en julio pasado, reveló que durante más de una década un equipo de seguridad interna de Purdue supervisó a médicos y farmacias sospechados de estar en connivencia con traficantes y adictos. En el caso de la banda de L.A., los delincuentes habían montado una clínica falsa cerca de MacArthur Park en 2008 y trabajaban con médicos y farmacias corruptas para obtener píldoras por más de 18 meses.

Una gerente de ventas de Purdue enviada a investigar el alto volumen de recetas en la clínica se encontró con un edificio en mal estado, lleno de hombres hostiles, y le urgió a los supervisores alertar a la Agencia Antidrogas (DEA), señalando que “estaba muy segura de que se trataba de una banda organizada de tráfico de drogas”.

Pese a sus súplicas y pruebas adicionales, que sugieren que las píldoras caían en manos de criminales, los funcionarios de la empresa no recurrieron a las autoridades sino hasta años después, cuando la banda ya estaba fuera del negocio y sus líderes habían sido acusados. Para entonces, 1.1 millones de píldoras se habían introducido en el cauce ilícito.

Pocos días después de la publicación del artículo, autoridades de Everett comenzaron silenciosamente a investigar una demanda contra la compañía, y más tarde contrataron una firma de abogados de Seattle para evaluar presentar un caso. “Sabemos que es una acción audaz, pero es lo correcto”, señaló el alcalde, Ray Stephanson.

El exceso de OxyContin desde California a fines de los años 2000 creó una nueva generación de adictos en Everett y sus alrededores. Entre quienes se sentían atraídos por las píldoras había jóvenes y profesionales, que consideraban el analgésico como algo de moda y menos peligroso que las drogas callejeras.

Muchos se convirtieron en adictos y perdieron sus hogares, empleos y familias. Luego de que Purdue reformulara OxyContin, en 2010, para hacer más difícil su abuso, los adictos se trasladaron en masa a la heroína, que tiene un efecto similar.

La heroína sigue siendo un problema enorme en la región; hay más de 40 residentes fallecidos por año a raíz de sobredosis y los recursos del gobierno se ven severamente disminuidos en su lucha. El único centro de desintoxicación del condado de Snohomish tiene sólo 16 camas, pero en un día habitual la cárcel puede tener hasta 160 reclusos con necesidad de tratamiento, informan las autoridades. El año pasado, Everett gastó $160,000 en la eliminación de basura de un solo bloque de la ciudad que se había convertido en un mercado de drogas al aire libre. El número de desamparados ha explotado en la zona y los adictos viven en campamentos a lo largo de carreteras, detrás de almacenes y en áreas boscosas en toda la ciudad.

“Muchas de las personas que estamos encontrando han tenido trabajo, y de alguna manera cayeron en la adicción de los medicamentos recetados”, afirmó Staci McCole, una de las dos trabajadores sociales que fueron recientemente incorporadas al Departamento de Policía de Everett para ayudar a los oficiales a manejar a los adictos.

Los abogados de la ciudad detallaron en la demanda que la crisis de la heroína es directamente atribuible “a la conducta ilícita y tortuosa de Purdue”.

“Creemos que la inundación de la ciudad con OxyContin es lo que causó la crisis”, señaló por su parte Hil Kaman, director de seguridad y salud pública de Everett. “Nuestra capacidad de respuesta está abrumada; Purdue debe pagar por el daño causado”.

Aunque Everett es el primer municipio en demandar a Purdue únicamente sobre la base de las ventas ilegales de su droga, otras jurisdicciones que tratan de recuperar los costos de la epidemia de opioides han planteado el problema, junto con reclamos de marketing fraudulento. Dos condados de California que demandaron a la compañía en 2014 señalaron que Purdue se beneficiaba de las transacciones criminales de su droga, citando como evidencia el programa Region Zero de la empresa, una base de datos secreta con más de 1,800 médicos sospechosos revelados por The Times. Por voluntad propia de la compañía menos del 10% de esos médicos habían sido reportados a la policía.

Después de que el artículo fuera publicado, en julio, el fiscal general de New Hampshire emitió una citación para los registros de la farmacéutica relacionados con el tráfico criminal en el estado. La compañía se ha negado a entregar el material y está luchando contra el estado en la corte de apelaciones por el uso de abogados externos.

Los reguladores federales han tomado medidas serias contra los mayoristas de opiáceos en los últimos años por facilitar el tráfico criminal. McKesson, uno de los distribuidores más grandes de la nación, pagó una multa de $150 millones esta semana para resolver la acusación de que no había informado a la policía órdenes sospechosas.

La investigación del Times mostró que Purdue contaba con más pruebas de tráfico criminal a nivel nacional que cualquier otro distribuidor. Pero históricamente los fabricantes no han sido considerados responsables de prevenir la venta ilegal de los medicamentos.

Los expertos tienen opiniones contradictorias sobre las posibilidades de Everett de recuperar dinero. La demanda tiene similitudes con litigios contra fabricantes de armas de fuego por parte de estados y ciudades inundados de violencia armada, señalaron los expertos. Algunos de esos casos tuvieron éxito, pero muchos no.

Richard Ausness, profesor de derecho de la Universidad de Kentucky que escribió acerca de pleitos contra Purdue, señaló que la evidencia en casos de armas de fuego era a menudo atenuada, como por ejemplo las estadísticas que muestran enormes ventas de armas en áreas con pequeñas poblaciones y leyes imprecisas acerca del tema. “No tenían el conocimiento específico que tenía Purdue”, remarcó Ausness. “Purdue sabía que la clínica era un frente para una empresa criminal; realmente no se ve nada tan específico en temas de litigios de armas”.

Lars Noah, también profesor de derecho pero de la Universidad de Florida, quien enseña regulación farmacéutica y ley de salud pública, dudó que un tribunal acepte el alegato de Everett y considere a Purdue responsable de la crisis de adicción bajo el estatuto de una ‘molestia pública’. “Esas teorías se han intentado ya contra otras industrias que venden bienes de consumo y los tribunales, con raras excepciones, han decidido que son demasiado exageradas”, señaló el especialista, quien también añadió el caso como “más parecido a un truco publicitario”.

En Everett, los afectados personalmente por el uso ilícito de OxyContin remarcaron que se sienten alentados por el pleito de la ciudad. El hijo de Debbie Warfield, Spencer, se volvió adicto después de la preparatoria, y a menudo compraba píldoras a los vendedores callejeros. Poco después pasó a la heroína. “Simplemente no puedes imaginarte que tu hijo se está inyectando heroína. Era increíble”, afirmó.

Spencer Warfield murió de sobredosis en 2012. Tenía 24 años. Acerca de Purdue, la mujer remarcó: “Definitivamente creo que necesitan hacerse responsables”.

“Honestamente, me da ganas de llorar, porque ha pasado tanto tiempo”, afirmó por su parte Lindsey Greinke, una exadicta al OxyContin y la heroína que ahora dirige una organización sin fines de lucro en Everett que ayuda a las personas a pagar por programas de tratamiento y desintoxicación. “Espero que esta ayuda llegue. La necesitamos”.

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Traducción: Valeria Agis