Corrupción y violencia, caldo de cultivo para mexicanos que exigen ir armados
México — Aunque en México la mayoría de la población rechaza el uso de las armas, un reducido grupo de mexicanos exige que se le permita ir armado ante la violencia, corrupción e impunidad imperante en un país con fuerte presencia del crimen organizado y marcado por el contrabando de armas desde EE.UU.
“Los niveles de seguridad en México son insoportables. Te secuestran, te roban, te asesinan por nada. La gente no confía en el Estado porque la seguridad pública está coludida con los delincuentes”, sentencia Luis Antonio Merino, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego (Amuaf).
En el campo de tiro Catimex del céntrico Estado de México y frente a la línea de blancos -siluetas humanas-, Merino practica hoy su pericia con una pistola calibre .22 y un rifle.
“¡Agresión!”, grita un compañero, y acto seguido dos de ellos vacían el cargador.
La asociación tiene 72.500 seguidores en Facebook y unos 500 miembros activos, una cifra menor si se compara con los 5 millones de miembros de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) de EE.UU.
Son pocos y esgrimen sus argumentos con cautela pero convencidos de que el desarme no lleva a la paz social en un país acechado por una ola de violencia interminable.
En 2016 México registró 20.789 homicidios, un 22 % más que el año anterior, y entre diciembre del 2006 y 2015 otros 152.000. Además, hay 27.887 desapariciones de personas registradas oficialmente.
Según una encuesta de Parametría de septiembre de 2016, un 60 % de los mexicanos rechazó tener un arma en casa y un 52 % de la población consideró que las armas “nunca” deberían permitirse, frente a un 11 % que defendió tenerlas en casa y poderlas portar.
Para los políticos, el tema es prácticamente tabú. En octubre pasado un senador presentó una iniciativa para permitir la portación de armas, de la que se deslindó su propio partido inmediatamente.
“Este tipo de propuestas no tienen sustento en estudios de investigación. Entre más armas hay, hay más violencia”, dijo a Efe recientemente la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
La Amuaf, conformada hace cuatro años, recuerda que en la Constitución de 1917, que el domingo pasado cumplió 100 años, se hablaba originalmente del derecho de poseer y portar armas “para su seguridad y legítima defensa”.
En el artículo 10 del texto original, la portación de armas en poblaciones se sujetaba a los “reglamentos de la Policía”, y se negaba el uso de armas prohibidas “expresamente por la ley” o de uso de los cuerpos de seguridad.
Fueron años de “cultura de respeto” y “armerías por todo el país”, cuando ahora solo hay una tienda oficial ubicada en la capital, recuerdan.
Pero en 1971 hubo una reforma a la carta magna y se promulgó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en 1972, dando derecho a los ciudadanos a “poseer armas en su domicilio” siempre que no sean de uso solo gubernamental, añadiendo que la “ley federal determinará los casos, condiciones y lugares” para la portación.
Se añaden así “ciertos requisitos” y “discrecionalidad” a la hora de que la Secretaría de la Defensa -el único ente encargado- otorgue licencias, denuncia la organización.
“Los cinco pasos de seguridad, mi amor”, le dice en el campo de tiro, pistola en mano y con ternura, a su hijo de 12 años Michel Mattar, un empresario que se define “en rebelión pacífica y legal” tras intentar 26 veces infructuosamente que la Sedena le dé un permiso.
A Mattar le secuestraron dos veces, en 2010 y hace dos años, y se vio “en la necesidad” de ir armado, aun sin permiso.
Según datos de la Amuaf, en México solo hay unas 4.000 licencias de portación, frente a unos 4 millones de armas registradas para uso de las Fuerzas Armadas o la ciudadanía, lo que provoca un desequilibrio enorme que crece año cada año con más solicitudes.
Todo ello, según Merino, incentiva el mercado negro, alimentado por las armas que provienen de EE.UU., y la criminalidad: “Los únicos en este país que no tienen armas somos los ciudadanos normales, que pagamos impuestos y somos honestos”.
Para él y sus compañeros, las armas son tanto una necesidad como un hobby. En sus charlas hablan de calibres, modelos o del fenómeno de los justicieros, ciudadanos anónimos que combaten la delincuencia a tiro limpio.
Del ataque armado perpetrado recientemente en un colegio de Monterrey por un alumno de 15 años, que se suicidó tras herir a cuatro personas, Merino opina que “no es un problema de armas, es de educación y del entorno social”.
“Hoy amanecí con el arma en mi cama y no amanecí con ganas de matar a nadie. De ser así habría que quitar las armas a los policías, Ejército, escoltas o elementos de seguridad. Ellos también son potenciales asesinos”, concluye.
