Anuncio

El Gobierno federal refuerza sus medidas contra la inmigración indocumentada

Share via

El fiscal general, Jeff Sessions, anunció hoy que, para combatir la inmigración irregular, habrá más jueces de inmigración en los centros de detención a lo largo de la frontera y habrá un mayor empeño en castigar a los indocumentados que traten de reingresar al país después de ser deportados.

“Para aquellos que continúan tratando de entrar de manera ilegal a este país, están advertidos, esta es una nueva era, esta es la era Trump”, aseguró Sessions durante una conferencia de prensa en la ciudad fronteriza de Nogales, en Arizona.

El fiscal general reiteró que la administración Trump mantendrá una lucha frontal en contra de la inmigración indocumentada, así como en contra de organizaciones criminales, carteles de la droga y pandillas,

Anuncio

“Es aquí, a lo largo de la frontera, que pandillas trasnacionales como MS-13 y los carteles internacionales inundan nuestro país de droga y dejan muerte y violencia. Y es aquí donde los indocumentados criminales y los coyotes y los falsificadores de documentos buscan derrotar nuestro sistema legal de inmigración”, aseguró.

Sessions dijo haber escrito hoy a todos los fiscales federales del país para indicarles que es una prioridad el proceder en contra de aquellos que violan las leyes de inmigración.

Así, los indocumentados que reingresen al país después de haber sido deportados enfrentarán cargos criminales, si se dan ciertos agravantes, especialmente en casos de personas relacionadas con pandillas o que, bajo su punto de vista, representen un peligro para la seguridad pública.

También se castigará duramente, dijo, a aquellos que trafican con indocumentados, especialmente a los que ayudan a criminales y miembros de pandillas a cruzar la frontera.

Los fiscales federales estudiarán además el presentar cargos en contra de indocumentados por el uso de documentos falsos o el robo de identidad agravado, lo que podría llevarles a una sentencia de un mínimo de dos años de prisión.

“Serán una prioridad los casos en los que agentes federales sean agredidos. Si alguien se atreve a agredir a uno de los nuestros, pagará por ello”, aseguró Sessions junto al muro fronterizo con México.

Indicó que para asegurarse que todas estas nuevas medidas se cumplan cada una de las fiscalías contará con un coordinador de asuntos relacionados con la frontera.

Sessions también adelantó que se incrementarán todavía más el número de jueces asignados a cortes de inmigración para reducir los casos atrasados existentes, que el centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, de Nueva York, estima en 533.909 procesos a inicios de año.

Indicó que actualmente ya se han enviado 25 nuevos jueces de inmigración a los centros de detención en la frontera con México, y que esperan aumentar esta cifra a 50 más durante el resto del año y 75 más en 2018.

“No podemos seguir esperando 18 a 24 meses para tener estos nuevos jueces, por lo que hoy estamos anunciado un nuevo plan para acelerar su contratación”, dijo el procurador de justicia de los EE.UU.

Sessions remarcó el “éxito” que han tenido las nuevas directrices migratorias establecidas por Trump y resaltó la reducción del cruce de indocumentados de un 40 % de enero a febrero del presente año, cuando llegaron 18,754 inmigrantes, y en marzo la cifra fue de 12.193, la cifra más baja en los últimos 17 años.

“Esto no es un accidente, esto pasa cuando tenemos un presidente que entiende la amenaza y que no tiene miedo de identificarla públicamente y enfrentarla”, dijo Sessions, cuya agenda en Arizona incluye además reuniones con miembros del Ejército y representantes de agencias del orden estatales.

Reiteró que parte de esta estrategia es la construcción del polémico muro en la frontera con México, que, consideró, servirá para reducir todavía más el flujo migratorio.

Al ser cuestionado sobre si los indocumentados con hijos estadounidenses podrían esperar algún tipo de indulgencia por parte del Gobierno federal, Sessions fue muy firme al indicar que “ninguna persona” puede esperar un trato preferencial si ha violado las leyes de inmigración.

Anuncio