P.Rico está ante un paro general contra la política económica del Gobierno
San Juan — Los sindicatos, agentes sociales y oposición en Puerto Rico convocan para mañana un paro general en protesta por las políticas económicas del Gobierno y contra la entidad de control federal impuesta por Washington para atender el pago de una deuda que los acreedores negocian con el Ejecutivo.
El Gobierno que lidera desde enero Ricardo Rosselló, que ha convocado una consulta en junio con el objetivo de que la isla se anexione a EE.UU., se enfrenta mañana a una huelga general que apoya gran parte de la sociedad puertorriqueña con la excepción de su formación, el Partido Nuevo Progresista (PNP).
La huelga de mañana coincide con el final del periodo, establecido por una ley federal aprobada por el Congreso en Washington el pasado junio, que impedía que los acreedores pudieran llevar a los tribunales al Gobierno de San Juan por los impagos en los que ha incurrido el Estado Libre Asociado, que arrastra una deuda de 70.000 millones de dólares.
Washington, ante la imposibilidad de que este territorio que está sometido al Congreso estadounidense pagara la deuda y se produjera un colapso en una isla con 3,5 millones de habitantes que son ciudadanos de EE.UU., aprobó una ley, conocida como Promesa, para atender el problema que establece una entidad de control al Ejecutivo.
La entidad, Junta de Supervisión Fiscal, hizo aprobar hace semanas al Gobierno de Rosselló un Plan Fiscal que es la base para la elaboración de los futuros presupuestos anuales de Puerto Rico.
El Plan Fiscal incluye severas medidas de ahorro que imponen recortes en todos los ámbitos que afectan a los servicios básicos que se presta a la población, que teme que sus condiciones de vida se deterioran drásticamente con reducciones en las aportaciones del Gobierno en todo tipo de ayudas.
El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, pidió a los seguidores de su formación y sus alcaldes que secunden la protesta ante las medidas de austeridad asumidas por el Gobierno a petición de la Junta de Supervisión Fiscal.
“Hago un llamado a todo el pueblo popular para que participe en este paro nacional. El pueblo debe unirse para hacer sentir su voz y hacerle frente a los atropellos de esta administración contra los trabajadores, contra los estudiantes y contra los sectores más vulnerables”, señaló Ferrer.
Los incidentes registrados en los últimos días en distintas manifestaciones contra la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, la norma 939 que ha promovido el Gobierno para cumplir con la entidad federal, que dejó escenas de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía e, incluso, un altercado que llegó a las manos entre un legislador y sindicalistas a la puerta de la Asamblea Legislativa, ha caldeado el ambiente de cara a mañana.
La jefa de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández, se reunió este fin de semana con dirigentes sindicales para evitar altercados.
“Ratificamos los acuerdos que teníamos desde el jueves y la superintendenta -Hernández- nos dijo que habrá total colaboración de la Policía para se pueda cumplir con el programa establecido del evento, que incluye varias marchas y una gran concentración al mediodía”, declaró Eric Sevilla, de la Federación Central de Trabajadores (FCT).
La huelga tiene una relación directa con la deuda millonaria de Puerto Rico, ya que las exigencias de fuertes recortes en el gasto público de la Junta de Supervisión Fiscal tienen como objetivo que los acreedores pueden recibir al menos una parte de su dinero y que, a la vez, el Gobierno pueda operar a niveles mínimos sin desatender a la población.
El Congreso estadounidense aprobó en junio pasado la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que establece la Junta de Supervisión Fiscal que ha obligado al Ejecutivo a recortar drásticamente el gasto social para cumplir, al menos en parte, con los acreedores.
Promesa estipula además una negociación con los acreedores, con la garantía para el Ejecutivo de la isla de que no se admitirían demandas por impago en los tribunales para permitir “respirar” al Gobierno, periodo que termina mañana, cuando en teoría las demandas volverán.
El Ejecutivo de San Juan espera que para evitar la incertidumbre de interminables demandas millonarias que aboquen al caos la Junta de Supervisión Fiscal haga efectivo en cualquier momento el título III de Promesa, que establece un proceso de quiebra dirigido por los tribunales y que tiene en cuenta la situación financiera de la isla y hasta dónde puede llegar el Gobierno en sus pagos.
