Activistas advierten que alguacil de Milwaukee no es apto para cargo en DHS
Chicago (IL) — Activistas de Wisconsin advirtieron hoy que el polémico alguacil del condado de Milwaukee, David A. Clarke, escogido por el presidente Donald Trump para trabajar en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es “una persona que no es apta para ocupar ningún puesto oficial”.
El mismo Clarke confirmó hoy en una entrevista radial que dejará su cargo el próximo mes para asumir como secretario asistente en el DHS, en la oficina de Asociación y Participación, donde será el enlace con estados, gobiernos locales y agencias policiales tribales.
“Espero incorporarme pronto a ese equipo”, declaró Clarke, cuyo nuevo cargo no necesita confirmación del Senado.
La organización Voces de la Frontera afirmó en un comunicado que Clarke, con el que ha estado enfrentada, “no es apto para ningún puesto oficial y debe enfrentar cargos criminales por muertes y abusos ocurridos” en la cárcel del condado.
“Su nombramiento demuestra que a la Administración Trump no le importan los derechos humanos”, agregó.
Los activistas solicitaron en abril al gobernador de Winconsin, Scott Walker, que destituyera a Clarke, por abuso de poder y por colaborar con el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), contra la voluntad de la Junta de Supervisores del Condado.
Debido a que el cargo de Clarke como alguacil es electivo, él tiene independencia de acción, lo que lo ha enfrentado en varias oportunidades a los grupos proinmigrantes y a dirigentes políticos del estado y del condado.
En el pedido, los activistas señalaron que bajo el mandato de Clarke “docenas de mujeres fueron encadenadas mientras daban a luz”, y en solo seis meses del año pasado se registraron cuatro muertes entre los reclusos de la cárcel del condado.
El alguacil fue también acusado por los activistas de haber obstruido investigaciones, de abuso de autoridad por ordenar la detención de un hombre en el aeropuerto de Milwaukee, “porque no le gustó como lo miraba”, y de haber amenazado inclusive al alcalde de la ciudad Tom Barret.
Voces de la Frontera expresó en su declaración de hoy que el gobernador debe nombrar como sustituto a un alguacil que retire a la fuerza policial del condado del programa 287 (g), que obliga a colaborar con inmigración para deportar indocumentados.
“El nuevo alguacil debe poner fin a la colaboración con las deportaciones masivas, y apoyar reformas para prevenir muertes y abusos en la cárcel del condado”, agregó la organización.
