Cámara de Puerto Rico aprueba proyecto comunidad gay considera legaliza discrimen
San Juan — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano condenó hoy la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del proyecto que, dijo, “pretende legalizar el discrimen contra las personas LGBTT”.
“En un insulto de marca mayor, la Cámara de Representantes aprobó ayer, durante el Día de Orgullo LGBTT, el Proyecto 1018 que pretende legalizar el discrimen en contra de nuestra comunidad. Este es el colmo de la hipocresía: los penepés busca igualdad en otros lares mientras se las niegan a sus compatriotas LGBTT”, indicó en un comunicado.
En este sentido, indicó que retaba, al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y a la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), maría Milagros Charbonier a mirar a los ojos a la gente LGBTT que trabajó para que ellos llegaran a sus puestos y les digan que valen menos. Los reto. Hipócritas”, aseveró Serrano.
El proyecto, subrayó, crea la Ley de Restauración de La Libertad Religiosa, “que no es otra cosa que un intento por legalizar el discrimen en contra de las personas LGBTT bajo el pretexto de la protección de la libertad de culto. Esa libertad de culto no necesita protección adicional porque está contenida en nuestra máxima ley - la Constitución”, indicó el activista.
Advirtió, además, que “este proyecto de ley va en contra del desarrollo turístico y económico de Puerto Rico. Cuando se enteren que quieren legalizar el discrimen a LGBTTs, muchos no querrán venir a visitar a nuestro País. Esto afecta la imagen de nuestra patria en el exterior y nos pone como un lugar intolerante y discriminatorio”.
“Confiamos que el Senado no le dé paso a esta medida inconstitucional y que el gobernador Ricardo Rosselló cumpla con su palabra empeñada y no firme esta medida discriminatoria. Sería inhumano aceptar un proyecto que discrimina, juzga y margina a personas simplemente por su forma de amar y de ser”, concluyó Serrano.
Por su parte, Méndez dijo que el proyecto pretende establecer como “política pública” que el gobierno de Puerto Rico no podrá “menoscabar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa”.
