El Supremo falla a favor de una iglesia que buscaba fondos estatales
Washington — El Tribunal Supremo falló hoy a favor de una iglesia que demandó al estado de Misuri y lo acusó de violar sus derechos por excluirle de un programa de ayudas para reformar su patio.
Con siete votos a favor y dos en contra, los jueces fallaron a favor de la Trinity Lutheran de la ciudad de Columbia (Misuri) y determinaron que Misuri violó la Constitución al negarle unos subsidios estatales destinados a las organizaciones sin ánimo de lucro para reformar su patio de juegos.
Este caso cuestionó la adjudicación de fondos públicos a entidades religiosas y es de vital importancia para la separación entre la Iglesia y el Estado, una división que salió debilitada tras el veredicto de hoy.
El caso comenzó cuando la iglesia de Misuri, que tiene un centro de educación preescolar y una guardería, quiso cubrir de goma el suelo de su patio de juegos para hacerlo más seguro.
Las autoridades de Misuri le negaron los fondos para reformar sus instalaciones y entonces, en 2012, la iglesia demandó al estado sureño y cuestionó su decisión porque, aunque no tiene obligación de financiar actividades religiosas, considera que tampoco puede negar fondos públicos a las organizaciones por causas religiosas.
Precisamente, la Iglesia protestante aseguró que Misuri le había negado los fondos públicos para su obra por su confesión y que, por tanto, había violado las garantías que establece la Constitución de Estados Unidos para proteger el derecho a la libertad religiosa de todos los individuos.
Los jueces del Tribunal Supremo coincidieron hoy con ese postulado y determinaron que “negar a una iglesia fondos públicos solamente por su identidad religiosa impone una pena en el ejercicio de la religión”.
Dependiendo de la interpretación que hagan las autoridades estatales, este caso podría redefinir las leyes de financiación de los grupos religiosos en todo Estados Unidos.
Tres cuartas partes de los 50 estados de Estados Unidos tienen reglas similares a las de Misuri para impedir la concesión de fondos públicos a entidades religiosas, por lo que la victoria hoy de la iglesia sienta jurisprudencia y podría permitir a otros grupos conseguir financiación para diferentes propósitos, desde obras hasta asistencia para incrementar las medidas de seguridad.
