Fiscalía expone razones por las que Arias debería ser extraditado a Colombia
Miami — La Fiscalía de EE.UU. subrayó hoy que el tribunal a cargo de la extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias tiene un margen “estrecho” para denegarla y aseguró que son “irrelevantes” desde el punto de vista de la extradición las opiniones de la defensa sobre aspectos políticos de Colombia.
En un memorando de 27 páginas presentado hoy al tribunal, el fiscal adjunto Benjamin B. Greenberg contestó al que la defensa de Arias presentó el pasado 23 de junio en contra de la extradición.
El juez John 0’Sullivan había ampliado hasta el día de hoy, a solicitud de la Fiscalía, que representa en el juicio al Gobierno de Colombia, la presentación de este memorando en el que Greenberg expone por qué el magistrado debe dar luz verde a la extradición.
En 2014, Arias, exministro de Agricultura durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue condenado en Colombia a más de 17 años de cárcel y una multa de más de 15 millones de dólares por las irregularidades detectadas en un programa de subsidios agrarios.
El exministro, que llegó a Miami en junio de 2014, unos pocos días antes de ser condenado en ausencia, solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia y hoy está en libertad bajo fianza, aunque con grilletes electrónicos.
Siempre ha afirmado su inocencia y asegurado que es un perseguido político del Gobierno de Juan Manuel Santos, con quien coincidió en el Gobierno de Uribe y compitió por ser el candidato presidencial uribista en 2010.
La Fiscalía asegura en el memorando que “lo verdaderamente relevante que queda en disputa” en torno a si debe o no ser extraditado es “poco”.
El tribunal, según los fiscales, solo debe plantearse cinco cuestiones en este caso y, a su juicio, en todas ellas la respuesta avala la entrega de Arias a la justicia de su país.
Por ese motivo pide a O’Sullivan que “certifique al secretario de Estado la extradición por cada uno de los cargos” por los que Colombia la solicitó: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros.
La primera cosa que la Corte debería determinar es si está autorizada a llevar a cabo el procedimiento de extradición y la segunda es si tiene jurisdicción sobre un prófugo de la justicia, en este caso de Colombia, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso Efe, lleno de referencias a leyes estadounidenses y a antecedentes legales.
La tercera es si el Tratado de Extradición de 1979 entre EE.UU. y Colombia esta en vigor, un punto sobre el que la defensa de Arias se ha centrado con el argumento de que no fue debidamente ratificado y por lo tanto desde el punto de vista legal no existe.
El cuarto es determinar si los delitos por los que Arias es requerido están incluidos en el tratado aplicable a su caso y el quinto si hay pruebas suficientes que respalden cada acusación.
El hecho de que Arias Leiva ya haya sido condenado en Colombia hace innecesaria esta averiguación, señala la Fiscalía que una vez planteadas estas cinco cuestiones profundiza en las razones y bases legales por las que la respuesta a todas ellas es afirmativa .
En el caso de si el tratado está en vigor, la Fiscalía recuerda que el tribunal ya manifestó estar de acuerdo con Estados Unidos y Colombia en que “sigue en plena fuerza y efecto”.
La defensa de Arias presentó como prueba de que el tratado no está en vigor el hecho de que un juez de la Corte Suprema de Colombia le dijera por escrito al embajador de EE.UU. en Bogotá que no era “asunto suyo” la negativa de extradición de un exguerrillero colombiano.
La Fiscalía apunta en el documento contra las opiniones sobre la política colombiana vertidas por Arias en los documentos presentados al tribunal y afirma que, incluso aunque fueran acertadas, son irrelevantes desde el punto de vista de la extradición.
El juez O’Sullivan, por su parte, programó la audiencia de extradición para el próximo 28 de septiembre.