La Cámara Baja aprueba una ley para frenar la entrada de opiáceos en el país
Washington — La Cámara de Representantes aprobó hoy una ley para reforzar con 9 millones de dólares la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) de frenar la entrada de opiáceos en el país.
La Cámara Baja dio luz verde a esta ley con 412 votos a favor y 3 en contra, para garantizar que la oficina tiene los dispositivos de detección química, científicos y otro personal necesarios para detener la importación ilegal de fentanilo y otros opiáceos sintéticos.
El fentanilo, una droga que se considera hasta 50 veces más fuerte que la heroína, llega a Estados Unidos principalmente desde México y China.
La introducción al país se lleva a cabo a través de la frontera, vía correo o pedida a través de internet.
Como se distribuye generalmente en pequeñas cantidades, debido a su gran potencia, es más difícil para las autoridades detectarla en los puntos de entrada.
“El Gobierno federal debe hacer su parte para garantizar que nuestros agentes tienen las herramientas necesarias en esta gran batalla de salud pública”, indicó hoy uno de los autores de la legislación, la demócrata Niki Tsongas, que ha trabajado junto al republicano Brian Fitzpatrick.
Los senadores Edward Markey (demócrata), Sherrod Brown (demócrata), Marco Rubio (republicano) y Shelley Moore Capito (republicano) han presentado una legislación complementaria en el Senado.
Estas iniciativas llegan después de que el 17 de octubre el nominado para ser el nuevo “zar” antidrogas del Gobierno, el legislador republicano Tom Marino, pidiera no ser considerado para ese puesto.
La decisión de Marino de retirar su candidatura a dirigir la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca tuvo lugar tras una investigación conjunta realizada por el diario The Washington Post y el programa “60 Minutes” de la cadena CBS.
Esa investigación reveló, entre otras cosas, que Marino recibió casi 100.000 dólares de la industria farmacéutica mientras patrocinaba un proyecto de ley en el Congreso que debilitó la capacidad de la DEA, la agencia antinarcóticos de EEUU, para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos.
La adicción a los opiáceos en EEUU se ha convertido en una verdadera crisis y el presidente, Donald Trump, prevé declarar que la situación se ha elevado a “emergencia nacional” esta semana.
Ya en agosto pasado, Trump calificó la crisis de “emergencia nacional” y adelantó que pensaba emitir una declaración al respecto.
Cada día, una media de 91 estadounidenses mueren por sobredosis de opiáceos, según datos del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del país (CDC), un problema que se ha disparado desde comienzos de siglo y está relacionado con el aumento en la venta con receta de analgésicos, que se ha cuadruplicado desde 1999.
El mandatario prometió durante la campaña electoral del año pasado dar “la batalla” contra los opiáceos, que en 2016 mataron a casi 60.000 estadounidenses, según datos preliminares del Gobierno.
