Liberan a miles de las ‘órdenes antipandillas’ que controlaban sus movimientos, amistades y hasta su forma de vestir

Miles de angelinos cuyos movimientos, vestimenta e incluso relaciones fueron estrictamente restringidos bajo las órdenes antipandillas, fueron liberados de esas órdenes judiciales este año, marcando una reducción dramática en el uso de una herramienta de lucha contra el crimen que alguna vez fue aclamada como una respuesta innovadora a la lucha antipandillas en la ciudad.

La purga de los nombres se produce en medio de un creciente debate sobre si el mandato aún tienen sentido en una era de disminución del crimen y la actividad de las pandillas.

Las autoridades tomaron las medidas luego de que la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles y la policía de Los Ángeles realizara una auditoría conjunta de las listas de interdictos de pandillas en 2016.

“Estas personas, aunque alguna vez fueron miembros activos de pandillas, ya no representan una amenaza para la comunidad. Muchos se han alejado de la vida de las pandillas, se han hecho mayores y más responsables... mientras que otros se han ido del vecindario y ya no frecuentan el área geográfica limitada que cubría la orden judicial correspondiente “, dijo el vocero de la fiscalía, Rob Wilcox”. Otros aún están en prisión, mientras que otros han fallecido”.

El abogado de la ciudad envió 7,300 cartas en 2017 informando a las personas que ya no estaban sujetas a órdenes judiciales antipandillas, que son órdenes de tribunales civiles que pueden restringir a alguien de asociarse con ciertas personas o incluso miembros de la familia en barrios considerados como territorios de ciertas pandillas callejeras. Violar las órdenes puede dar como resultado un arresto.

Desde el año 2000, la ciudad ha aplicado medidas cautelares contra 79 grupos de pandillas, que abarcan aproximadamente 8,900 personas, dijo Wilcox. Ahora, el 82% de esas personas han sido liberadas de las órdenes.

El recorte masivo a las listas de medidas cautelares se produjo luego de que grupos de derechos civiles y activistas protestaran contra las órdenes judiciales por considerarlas injustas y obsoletas.

En una demanda presentada el año pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles argumentó que la imposición de medidas cautelares por parte de la ciudad es inconstitucional.

Las autoridades normalmente solicitan una orden judicial contra una pandilla, en lugar de un individuo, lo que significa que alguien puede quedar sujeto a una de las órdenes judiciales sin que se le otorgue la oportunidad de refutar su supuesta afiliación a una pandilla en el tribunal.

Los investigadores y fiscales del Departamento de Policía de Los Ángeles toman de manera independiente las decisiones sobre a quién se le debe entregar dicha orden judicial.

Los críticos se han quejado durante mucho tiempo de que las órdenes son demasiado amplias, alegando que miles de personas fueron incluidas injustamente simplemente porque sabían o estaban relacionadas con un miembro de una pandilla.

Algunos también afirman que los mandatos se dirigen desproporcionadamente a afroamericanos y latinos. Muchos de los incluidos en las órdenes nunca han sido condenados por un crimen.

Peter Arellano, residente de Echo Park, fue nombrado en una orden judicial en 2015 y tuvo que planificar cuidadosamente su vida social, o arriesgarse a ser arrestado.

Arellano, de 22 años, niega haber estado afiliado a una pandilla. Antes de ser notificado con la orden judicial, fue arrestado dos veces en incidentes que no resultaron en cargos y se declaró no contencioso a un cargo de vandalismo. Arellano dice que durante mucho tiempo ha sido blanco del LAPD porque su padre una vez fue miembro de una pandilla.

Se le prohibió asociarse en público con su padre y dos de sus amigos de la infancia. No podía usar una camiseta de los Dodgers, a pesar de vivir a menos de una milla del estadio de los Dodgers, porque los adornos del equipo, se consideraba parafernalia de las pandillas en virtud de la orden.

“No sentía que pudieran hacerme eso, o que podían hacerle eso a cualquiera”, dijo Arellano.

Los mandatos nacieron a fines de los años ochenta y de los noventa en una época en la que Bloods, Crips y otras pandillas conocidas a nivel nacional dominaban Los Ángeles y otras ciudades importantes.

Los expertos en la aplicación de la ley creen que las medidas cautelares fueron esenciales para neutralizar la capacidad de una pandilla de controlar un vecindario a través de la intimidación al limitar a los miembros a congregarse en público y disuadir a los adolescentes que podrían ser reclutados.

Las órdenes judiciales han ayudado a reducir la delincuencia en la ciudad, dijo Steve Gordon, director de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de LAPD.

“Simplemente no queremos que olviden cómo estas órdenes antipandillas han sido una herramienta comprobada de aplicación de la ley para ayudar a romper la actividad de pandillas en nuestros vecindarios”, dijo Gordon, un ex investigador de pandillas en South L.A. “Es algo que necesitamos. Es algo que nos ha ayudado tremendamente”.

Dijo que también cree que una lista más enfocada de miembros de pandillas podría ayudar al LAPD a combatir el crimen de manera más eficiente.

Una auditoría de 2016 de la base de datos CalGang encontró que el LAPD era una de varias agencias que habían colocado incorrectamente miembros no pandilleros en el catálogo.

Peter Bibring, un abogado de alto rango de ACLU, dijo que “el número sin precedentes de remociones indica cuán poco pensaban la ciudad y el LAPD al decidir quién debería estar sujeto a una orden judicial”, dijo Gordon. “Muestra cuán malo ha sido el proceso para decidir a quién imponer las órdenes judiciales y cuántas personas fueron incluidas que nunca debieron haber recibido órdenes judiciales”, dijo.

“Estas son 7,300 personas que han sido sujetas a restricciones indefinidas similares a la libertad condicional basadas en las decisiones no probadas de oficiales de la policía y abogados de la ciudad”

Mapa de Injunction de Pandillas

Arellano, uno de los participantes en la demanda de ACLU, recibió alivio temporal de su mandato este año cuando un juez dictaminó que la ciudad probablemente violó sus derechos obteniendo un mandato contra él sin probar ante el tribunal, que era miembro de una pandilla.

Bibring dijo previamente que la decisión del tribunal probablemente significaba que miles de otras personas en la posición de Arellano podrían revocar sus mandatos judiciales.

Wilcox declinó hacer comentarios sobre el litigio pendiente, pero dijo que la ciudad y el LAPD comenzaron su auditoría antes que la ACLU iniciara su demanda.

Funcionarios de la ciudad dijeron que la revisión se produjo porque muy pocas personas pedían que se les levantara de los mandatos. Pero los críticos dijeron que el proceso está en contra de los que han sido etiquetados como miembros de pandillas.

Las autoridades dependen de varios criterios, incluido el estado laboral, que no tienen nada que ver con la membresía a una pandilla, para determinar si una persona debe ser removida de un mandato judicial, dijo ACLU.

Sin embargo, en documentos judiciales, la oficina del fiscal de la ciudad y el LAPD dijeron que modificarán el programa para cumplir con algunas de las críticas de la ACLU.

Aquellos incluidos en un mandato, ahora tendrán 30 días para apelar la determinación de la ciudad antes de que la orden sea ejecutable, dijo Wilcox.

Las personas que reciban órdenes judiciales también serán sacadas de las listas judiciales después de cinco años, a menos que surja evidencia de que la persona participa activamente en actividades criminales o de pandillas, según Wilcox.

Las medidas cautelares también pueden dificultar la vida de los ex pandilleros que intentan rehacer sus vidas, dijo Kim McGill, directora ejecutiva de Youth Justice Coalition, que es parte la demanda de la ACLU.

Ella contó la historia de un ex miembro de una pandilla que fue sujeto a un mandato judicial contra pandillas que operan en Jordan Downs en Watts.

El hombre, dijo McGill, había abandonado la vida de las pandillas y estaba trabajando en un concesionario de Toyota en el área. No fue acusado de ninguna nueva actividad delictiva, pero terminó esposado dos veces debido a la orden judicial: “Cuando le dices a un empleador más de una vez que estás siendo arrestado, por un mandato judicial, no lo entienden”, dijo. “Eventualmente perdió lo que era un trabajo de salario digno”.

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