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San Juan — Atender a las comunidades afectadas por la ola de violencia que sacude México, en especial a migrantes y a familiares de desaparecidos, fue prioritario para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, dijo Martienus De Boer, jefe adjunto de la Delegación Regional de la organización.
Al comentar el Informe Anual México 2019 del CICR, divulgado este miércoles, De Boer destacó la colaboración de la Delegación Regional para México y América Central con las autoridades mexicanas, particularmente en el tema de los migrantes, que el nuevo Gobierno “ha tomado como algo principal dentro de su discurso”.
“Allí ya tuvimos una buena colaboración (con el Gobierno pasado), pero con el nuevo Gobierno hay más iniciativas donde trabajamos en conjunto para resolver este gran tema”, dijo este jueves a Efe.
De acuerdo con el Informe, la respuesta del CICR al inusitado flujo de migrantes principalmente centroamericanos que abandonaron sus países e ingresaron a México en 2018 en ruta hacia Estados Unidos se basó en la asistencia directa y en la supervisión de las condiciones en albergues y estaciones migratorias.
De Boer resaltó el programa de Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF) para dar a los migrantes “la posibilidad de llamar a su casa para evitar desapariciones y dar noticias a sus familias, porque no tienen otra manera de comunicarse”.
Precisó que se facilitaron casi 100.000 llamadas telefónicas gratuitas desde 72 puntos del país, ya sea en albergues, puntos de asistencia de la Cruz Roja Mexicana o lugares establecidos a lo largo de la ruta de los migrantes.
Asimismo, indicó, el CICR aportó a las autoridades “recomendaciones de cómo acomodar a esta gente, porque muchas autoridades, sobre todo en algunos estados, no estaban preparadas para recibir grandes grupos de miles de personas”.
En coordinación con la Cruz Roja Mexicana se instalaron puntos para dar atención médica básica y se apoyó a los albergues para acoger a los migrantes, abundó.
En cuanto a los desaparecidos, mencionó como un gran logro la concreción de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, en cuyo proceso de elaboración colaboró el CICR.
“Era un trabajo de dos años junto con el Gobierno y otras organizaciones para llegar a una ley fuerte, y ahora estamos trabajando otra vez con las autoridades sobre la implementación”, expuso.
Añadió que la organización tuvo buenos resultados en los estados de Coahuila y Veracruz, donde ha trabajado con autoridades y colectivos de familiares en la elaboración de leyes estatales para desaparecidos, que a nivel nacional suman más de 40.000 casos.
Otro proyecto es el de la capacitación forense, dijo De Boer, y enfatizó el trabajo realizado con las autoridades estatales de Guerrero para crear archivos básicos de información ‘post mortem’, “que es crucial para llegar a una identificación”.
El CICR también envió comentarios para los borradores del Protocolo Homologado de Investigación, a cargo de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), y del Protocolo Homologado de Búsqueda, cuya elaboración encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda.
También se ocupó de la difusión de las necesidades de los familiares de personas desaparecidas a través de actividades como actos públicos y promoción de reportajes en América Latina con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, así como de un evento sobre el derecho a saber en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Por otro lado, el documento se refiere a la labor del CICR orientada a fortalecer los mecanismos de resiliencia de las comunidades para prevenir y mitigar las consecuencias humanitarias de la violencia.
En 2018, la ola de violencia se reflejó en asesinatos -33.369 casos, la cifra más alta en dos décadas- así como heridos, desaparecidos, desplazados y emigrantes.
Dicho trabajo se enfoca en fortalecer el acceso a los servicios esenciales de salud y de educación en esas comunidades.
Al respecto, De Boer destacó la labor conjunta con los servicios de educación, donde “hemos formado a muchos profesores pero también alumnos sobre principios humanitarios”.
Dicho trabajo busca igualmente identificar casos de problemas de salud mental, “porque muchas comunidades sufren cada día esta violencia y ésta tiene un impacto de salud mental”.
