Expediente: DEA investigó al presidente de Honduras
NUEVA YORK — El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y algunos de sus colaboradores más cercanos fueron objeto de una investigación de la DEA, de acuerdo con documentos presentados por fiscales ante una corte federal en Estados Unidos.
Las pesquisas de la DEA, que se remontan a 2013, se centraron en la participación de los implicados “en el tráfico de narcóticos a gran escala y actividades de lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína a Estados Unidos”, según uno de los documentos entregados el martes a la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hernández fue elegido presidente de Honduras a finales de 2013.
El documento corresponde a una solicitud de julio de 2015 a la corte para que exigiera a Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL que entregaran información de los encabezados de varias cuentas de correo electrónico, no el contenido de los mensajes. Se cree que dos de las cuentas pertenecían a Hernández, según los documentos.
No hay indicios de que se hayan presentado cargos contra Hernández.
La solicitud abarcaba las cuentas de correo electrónico de la hermana del mandatario, Hilda Hernández, del secretario de la presidencia, Ebal Díaz, y del secretario de Seguridad Nacional, Julián Pacheco Tinoco. Hilda Hernández, que ayudó a manejar las finanzas del partido político del presidente y su campaña presidencial, pereció en diciembre de 2015 en un choque de helicóptero. La solicitud mencionaba además a cuatro miembros de la adinerada familia Rosenthal, que tiene contactos políticos.
Yani Rosenthal, exlegislador nacional y excandidato presidencial, se declaró culpable en 2017 ante una corte federal en Estados Unidos de lavar dinero para la organización narcotraficante hondureña de Los Cachiros.
Los nuevos documentos presentados ante la corte son parte de las mociones preliminares en el juicio del hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, arrestado en 2018 en Miami y acusado de organizar durante años la importación de toneladas de cocaína al país. Se prevé que el juicio de Antonio Hernández comience en septiembre.
Un portavoz del Distrito Sur de Nueva York dijo el jueves que la respuesta de la corte a la solicitud de información sobre los encabezados de los correos electrónicos no es pública y declinó hacer más comentarios.
El documento presentado el martes plantea la posibilidad de que la DEA tenga información que se remonta a 2015 de los correos electrónicos del presidente de Honduras y sus allegados.
Los mensajes dejados a Díaz, que es el portavoz de facto de Hernández, no fueron respondidos de momento. Pacheco no pudo ser contactado de momento, pero el gobierno ha rechazado antes las acusaciones contra él.
Pacheco ha sido acusado de tener vínculos con narcotraficantes desde al menos 2017, cuando un jefe de Los Cachiros mencionó esa situación cuando testificó en otro caso en Nueva York.
Pacheco fue titular de la Dirección de Investigación e Inteligencia durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, predecesor de Hernández. El hijo de Lobo, Fabio, fue sentenciado a 24 años de cárcel en una prisión federal de Estados Unidos en 2017 acusado de narcotráfico.
En otro documento presentado el martes en el caso de Antonio Hernández, los fiscales dijeron que “los cargos contra el acusado derivaron de una investigación de larga data sobre el narcotráfico vinculado a políticos en Honduras” emprendida en 2013.
El jueves, un portavoz de la DEA remitió las preguntas de The Associated Press al Distrito Sur de Nueva York.
El gobierno de Estados Unidos ha respaldado al gobierno de Hernández, al que ha entregado millones de dólares para seguridad porque Honduras es un punto crucial de tránsito de la cocaína enviada a Estados Unidos desde Sudamérica.
Hernández se había congraciado en especial con el general John Kelly, que fue jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos y después fue jefe de despacho del presidente Donald Trump. Kelly abogó por seguir brindando apoyo al gobierno de Hernández, por sus contribuciones a la guerra contra las drogas y al progreso en la lucha contra la corrupción.
Cuando la de por sí controvertida reelección de Hernández se vio opacada por irregularidades a finales de 2017, el gobierno de Estados Unidos lo felicitó aunque la oposición seguía impugnando los resultados electorales.
Aunque los hondureños han conformado en el último año el grueso de las enormes caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos, Washington ha mantenido su respaldo a Hernández y apremiado a su gobierno a que contenga el flujo migratorio.
Muchos hondureños que han realizado el recorrido hacia la frontera de Estados Unidos han mencionado la corrupción del gobierno como una de sus razones para abandonar su país. Miles de doctores y maestros han realizado marchas en la capital de Honduras desde hace tres semanas en protesta contra decretos presidenciales que aseguran causarán despidos a gran escala en el sector público. El jueves, una marcha multitudinaria derivó en enfrentamientos con policías, que lanzaron gas lacrimógeno contra manifestantes que les arrojaban piedras.
La profesora jubilada de historia Dana Frank, cuyo reciente libro “The Long Honduran Night: Resistance, Terror, and the United States in the Aftermath of the Coup”, detalla la reciente agitación política del país, dijo que los documentos confirman que el gobierno estadounidense ha sabido desde hace años de las actividades del narcotráfico vinculadas con Hernández.
“¿Por qué las autoridades estadounidenses —desde el Departamento de Estado hasta la Casa Blanca y el Comando Sur— continuaron durante años homenajeando y enviando recursos de seguridad a un gobierno del que ha sabido que sus mismísimos máximos funcionarios y figuras de seguridad eran narcotraficantes?”, preguntó Frank. “Esta evidencia subraya la vasta hipocresía de la política de Estados Unidos, que apoya a un narcotraficante conocido, su policía y sus compinches militares, mientras afirma que lo hace como parte del combate a la delincuencia y las drogas”.
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Torrens informó desde Nueva York y Sherman desde la Ciudad de México. La periodista de The Associated Press, Martha Mendoza, en San José, contribuyó a este despacho.
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