Abortar en Misuri, una carrera de fondo en riesgo de extinguirse

San Luis (MO) —  En el tercer mes de embarazo, Jennifer Box descubrió que su futura hija padecía un síndrome que la habría “condenado a una vida de agonía” y tomó la dolorosa decisión de abortar. Lograrlo implicó superar una carrera de fondo en Misuri, donde esa prestación corre el riesgo extinguirse.

Su hija tenía nombre, Libby Rose, y era “muy deseada”. Para Box, privarla de haber sufrido y, seguramente, haber fallecido a los pocos meses de vida fue un acto “de compasión y de amor”.

Hablar de ello no es fácil, pero Box lo ha repetido este año ante el Congreso estatal de Misuri para intentar, sin éxito, que no se aprobara un veto al aborto en casi todos los casos, incluidos la violación y el incesto.

Aunque quedan tres meses para que entre en vigor esa ley, Box cuenta su historia otra vez porque la clínica que la ayudó a interrumpir su embarazo, la única que aún practica abortos en Misuri, corría el riesgo de perder la licencia a última hora de este viernes, aunque finalmente un tribunal ha decidido prorrogarla hasta la siguiente vista judicial, el 4 de junio.

Box, que habla con Efe antes de ese fallo en la clínica Planned Parenthood de San Luis, en Misuri, está embarazada de seis meses y espera una niña, su tercera hija. Todo va bien esta vez y el alivio se nota en su rostro.

Pero aún piensa en Libby Rose y en la devastadora noticia que recibió el año pasado, cuando la pequeña llevaba doce semanas en su vientre.

“Nos dieron los resultados de la prueba genética y el feto tenía un alto riesgo de trisomía 18 (síndrome de Edwards), una anomalía cromosómica que provoca que la mayoría de los bebés nazca sin vida o muera a las pocas horas o semanas de haber nacido”, explicó.

“Después de consultar con varios doctores y expertos en genética, decidimos que el mayor acto de compasión y amor que podíamos hacer como padres era poner fin al embarazo antes de que empezara su sufrimiento”, añadió Box, de 38 años.

Si hubiera estado en vigor la ley que firmó la semana pasada el gobernador de Misuri, el republicano Mike Parson, Box no habría podido abortar en su estado, porque la medida prohíbe hacerlo a partir de las ocho semanas de embarazo, “cuando es imposible saber si hay alguna anomalía en el feto”, aseguró.

Abortar en un estado que en la última década ha multiplicado las restricciones y provocado el cierre de numerosas clínicas fue “difícil” para Box, que tuvo que lidiar con “mucha desinformación y con gente que no quería” ayudarla, hasta que dio con los médicos adecuados.

Como todas las mujeres que abortan en Misuri, Box tuvo que acudir a consulta 72 horas antes del procedimiento y le entregaron lo que ella describe como “el libro de la vergüenza”, un folleto del estado que los médicos están obligados a dar.

“Contiene información médicamente incorrecta. Es un libro pensado para intimidar a las mujeres, para insertar dudas en su decisión y crear división entre el doctor y su paciente”, opinó Box.

El oficialmente llamado “folleto del consentimiento informado” advierte en negrita, según pudo comprobar Efe, que “el aborto acabará con la vida de un ser humano vivo, único e independiente” e insta a las mujeres a contactar con organizaciones antiaborto, como las que protestan a las puertas de la clínica de San Luis.

Si ese centro pierde su licencia, las mujeres de la zona aún tendrán una opción relativamente cercana para abortar: al otro lado del río Misisipi, ya en el vecino Illinois, hay una clínica privada donde interrumpir el embarazo es mucho más fácil porque ese derecho está protegido por la legislación de ese estado.

Box pensó en acudir a esa clínica el año pasado, pero para ella era una cuestión de principios: no quería “abandonar su estado como si estuviera haciendo algo malo”, cuando la suya era “una decisión médica”.

Aunque el aborto es técnicamente legal en el país desde 1973, una decisión del Tribunal Supremo en 1992 dio vía libre a los estados para regular esta práctica, lo que ha provocado que en buena parte del país interrumpir el embarazo en el siglo XXI sea más difícil que en el XX.

“Yo lo hice aquí, en la clínica de San Luis, el verano de 1999”, explicó Athena Hall, una mujer de 40 años que protestaba este jueves para mantener el acceso a un derecho que, asegura, “salvó” su vida porque en ese momento estaba inmersa en “una relación muy violenta”.

“Por entonces, entrabas y hablabas con alguien, pedías la cita, volvías y se acababa. No había un tiempo de espera como ahora. Una amiga muy cercana abortó el año pasado allí. Tuvo que ir tres veces a la clínica y hablar con un médico, después otro y después otro. Fue muy duro”, aseguró Hall a Efe.