Redada en Misisipi acrecienta malestar entre hispanos aún dolidos por Texas
Washington — Líderes y organizaciones a favor de la comunidad hispana reaccionaron hoy indignados ante la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en Misisipi ocurrida pocos días después de un tiroteo con tinte racista que acabó con 22 vidas en la localidad de El Paso (Texas).
Los arrestos, efectuados en seis ciudades de Misisipi y que tuvieron como blanco empresas procesadoras de alimentos, fueron considerados “un nuevo ataque” contra los latinos, mientras videos que mostraban a los hijos de los detenidos llorando retrataban nuevamente la tragedia de familias inmigrantes separadas.
“La comunidad latina sufrió el terrorismo del asesino en El Paso y ahora tenemos terrorismo del Gobierno contra familias inmigrantes en Misisipi”, dijo a Efe el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, en inglés), Domingo García.
Para el activista, las “dos son formas de terrorismo: uno es por el Gobierno con el arma oficial del departamento de inmigración y el otro es la violencia y el asesinato, pero con la motivación de las palabras del presidente (Donald) Trump”, en alusión al manifiesto atribuido al atacante.
Carlos Aguilar, también de Lulac, consideró que esta acción de las autoridades muestra “intolerancia, racismo”, y señaló que “eso no es lo que es América”, ni sus principios fundamentales.
“Esta nación está hecha por inmigrantes y con mucho sudor latino. Usted se para en América en cualquier esquina de cualquier ciudad, especialmente de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Francisco, Dallas, y apunta a cualquier edificio y hay sudor latino, hay sangre latina”, agregó Aguilar, quien lamentó que estos trabajadores hayan sido víctimas de “terrorismo”.
Esta organización, arropada por distintos grupos proinmigrantes y representantes de distintas iglesias, ha convocado para el próximo sábado la denominada “Marcha por una América Unida”, para protestar en contra de la violencia y para unir a la comunidad hispana.
Los arrestos del miércoles han sido considerados como la mayor redada en al menos una década en el país y “la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado en la historia de EE.UU.”
La redada materializó el anuncio hecho en julio pasado por Trump, quien anticipó que su Gobierno iba a iniciar redadas masivas para deportar a “miles” de indocumentados, en su mayoría aquellos que habían recibido órdenes de deportación y, en algunos casos, no se presentaron a los tribunales de inmigración.
“Este operativo del ICE solo puede ser considerado como un nuevo ataque de terror hacia las familias trabajadoras por parte de la Administración Trump, bajo la justificación del cumplimiento de una ley de inmigración profundamente injusta e inmoral, inspirada por un desprecio racista y xenófobo”, señaló en una declaración Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.
“Especialmente -añadió- en contra de personas de origen mexicano y latinoamericano”,
Chacón lamentó que las redadas afecten “a personas trabajadoras que cada día luchan para sacar adelante a sus familias” y las consideró “un desperdicio de recursos públicos que deberían estar enfocados en combatir el extremismo blanco terrorista, que ha cobrado tantas vidas a lo largo de los años”.
Para el presidente y asesor general del Fondo México-Americano para la Educación y Defensa Legal (Maldef), Thomas A. Saenz, la Administración de Trump “continúa participando en políticas y prácticas de inmigración que infligen trauma” y humillación, especialmente las familias latinas.
Una de las imágenes más impactantes tras conocerse las detenciones han sido la de niños que lloraban amargamente pidiendo la liberación de sus padres.
En los videos, difundidos por medios locales, se observan a varios niños cuyos padres fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y estaban siendo cuidados por vecinos de sus comunidades.
En una rueda de prensa telefónica, el agente especial del ICE Jere Miles, indicó este jueves que 377 inmigrantes siguen detenidos, mientras que 271 fueron liberados a la espera de que comparezcan ante un juez y otros 32 no fueron retenidos por “razones humanitarias”.
