Asylum seekers in the Trump administration's immigration detention facilities face worsening abuse

Honduran asylum seekers are taken into custody by U.S. Border Patrol

Por Tom K. Wong

Sep. 5, 2019 2:26 AM PT

La administración Trump ha intentado cerrar la puerta a los solicitantes de asilo que buscan refugio en Estados Unidos. Pero incluso mientras les bloquea la entrada, y envía a decenas de miles de peticionarios de ese beneficio a México, para que esperen allí sus procedimientos de inmigración, miles de familias con niños siguen detenidas en centros federales de detención de inmigrantes.

Como la administración prohibió que grupos de defensa, periodistas, abogados de inmigración e incluso el personal del Congreso ingresen a los centros de detención para documentar las condiciones y entrevistar a los detenidos, el público sólo había tenido vistazos anecdóticos de cómo son tratados los detenidos. Ahora contamos con evidencia sistemática para respaldar las versiones de las duras condiciones que experimentan los solicitantes de asilo cuando están retenidos. En muchos sentidos, es peor de lo que pensábamos.

Desde octubre de 2018 hasta junio de 2019, la Red de Respuesta Rápida de San Diego (SDRRN) ayudó a aproximadamente 7.300 familias solicitantes de asilo en sus refugios. Estas familias, que fueron procesadas y luego admitidas en EE.UU, totalizaron más de 17.000 personas, incluidos 7.900 niños de cinco años o menores. Junto con mi equipo en el U.S. Immigration Policy Center (USIPC), en UC San Diego, analizamos de forma independiente los datos de admisión recopilados por la SDRRN para todas estas familias.

En un informe publicado la semana pasada, descubrimos que aproximadamente el 35% de los jefes de familia solicitantes de asilo que estudiamos informaron problemas relacionados con las condiciones de la detención, el tratamiento dado allí o problemas médicos. Este hallazgo es alarmante ya que seguramente se encuentra subestimado, porque la SDRRN se centró en proporcionar los servicios necesarios a las familias, no en administrarles cuestionarios. Además, los peticionarios no denuncian los abusos o los problemas de detención, y temen que hacerlo pueda afectar negativamente su caso.

De quienes reportaron problemas relacionados con las condiciones de detención, aproximadamente seis de cada 10 informaron problemas de alimentos y agua, incluyendo no tener suficiente para comer, ingerir alimentos congelados o en mal estado, no recibir fórmula para bebés o agua, y verse obligados a beber agua sucia o de mal sabor. Aproximadamente la mitad informó que tuvo que dormir en el piso, con las luces encendidas, en condiciones de hacinamiento, además de en confinamiento y con la temperatura demasiado fría en “la hielera”, tal como se conoce a las instalaciones de detención. Aproximadamente uno de cada tres aseguraron que no tenían acceso a baños o sanitarios limpios, y que no podían ducharse o lavarse los dientes.

Cerca de uno de cada 10 de los jefes de familia que solicitan asilo -o más de 700 de ellos- informaron sufrir abusos verbales, físicos o alguna forma de maltrato. Los ejemplos de abuso verbal incluyen que le digan “no queremos a los de su tipo aquí” y “ustedes son simios”, entre otros. Los ejemplos de abuso físico incluyen ser arrojados contra la pared al intentar tomar un trago de agua.

Los datos también mostraron la gran diversidad de quienes llegan a la frontera sur para buscar refugio. La mayoría de las familias provenían del “Triángulo del Norte” de América Central: Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, muchos también vinieron de otros continentes, 28 en total, incluida la República Democrática del Congo, Rusia, Kazajstán, India, China y Vietnam, por nombrar algunos. Cualquier cambio en las políticas de asilo de EE.UU destinado a disuadir a los centroamericanos de ingresar a la frontera sur afectará a los solicitantes de todo el mundo que también buscan seguridad en EE.UU.

Descubrimos que poco más de una de cada cinco de estas familias no hablan español como idioma principal. Las lenguas que se hablan van desde los idiomas indígenas centroamericanos -incluidos k’iche ‘, q’eqchi’ y mam-, hasta criollo, mandarín, portugués, ruso, hindi, vietnamita y rumano, entre otros. Esta diversidad lingüística presenta otro conjunto de desafíos.

Cuando los solicitantes de asilo son liberados de la detención, se les dan instrucciones detalladas en un formulario llamado “Aviso de comparecencia”, que incluye datos sobre las fechas, horarios y direcciones de sus tribunales de inmigración. En la nota, los funcionarios de inmigración indican el idioma en el que el solicitante de asilo recibió esas indicaciones. Entre aquellos cuya lengua principal no es el español, casi nueve de cada 10 las recibieron en español de igual manera. Si estas familias no obtienen instrucciones sobre sus procedimientos de inmigración en un idioma que comprenden, no podrán navegar por un proceso legal extremadamente complejo, lo cual puede infringir sus derechos básicos a un debido proceso.

Desde condiciones deficientes en la detención de inmigrantes hasta el abuso verbal y físico y preocupaciones serias sobre el debido proceso, los datos muestran que la administración Trump no cumple con sus obligaciones en el marco de la ley de asilo y refugiados de EE.UU e internacional, para tratar humanamente a aquellos que buscan protección contra la persecución.

Ahora que la administración está decidida a retener a las familias que piden asilo potencialmente durante el tiempo necesario para que se lleven a cabo sus procedimientos de inmigración (que podrían ser años), las condiciones pueden empeorar. La crueldad, después de todo, podría ser la clave.

Tom K. Wong es profesor asociado de ciencias políticas y director del U.S. Immigration Policy Center, en UC San Diego.

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