La Corte Suprema de Estados Unidos atenderá impugnación a ley de California que permite organizadores sindicales en campos agrícolas

WASHINGTON — El movimiento de trabajadores agrícolas liderado por César E. Chávez celebró una victoria histórica en 1975, cuando California se convirtió en el primer estado en extender los derechos de negociación colectiva a quienes laboraban en el campo.

Gracias al New Deal de la década de 1930, los trabajadores de todo el país habían ganado el derecho a organizarse, pero esas leyes federales no se extendían a las granjas ni a los trabajadores agrícolas. A mediados de la década de 1970, la nueva Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California, en una de sus primeras leyes, otorgó a los organizadores sindicales un “derecho de acceso” a las granjas y estaciones de procesamiento, para que pudieran reunirse con los trabajadores y buscar su apoyo.

Ahora esa regla está en peligro de ser revocada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los abogados de dos productores calificaron la regla de California como una “invasión física autorizada por el gobierno de la propiedad privada”, y argumentaron que viola una disposición de la Quinta Enmienda que dice que “la propiedad privada [no se] tomará para uso público sin una compensación justa”.

“La Constitución prohíbe al gobierno exigirle que permita la entrada de extraños no deseados a su propiedad. Y los activistas sindicales no son una excepción”, señaló Joshua Thompson, abogado principal de la Pacific Legal Foundation, que apeló el asunto.

El tribunal escuchará los argumentos el lunes en este enfrentamiento entre los derechos de propiedad y los derechos laborales en el caso de Cedar Point Nursery vs. Hassid.

En el pasado, el tribunal superior ha limitado las “capturas” de propiedad privada a situaciones en las que el gobierno tomó posesión de tierras a través de una expropiación, o donde hizo cumplir una nueva regulación que privó a los terratenientes de todo uso de su propiedad.

En 1992, por ejemplo, en Lucas vs. Carolina del Sur, el tribunal falló a favor de un hombre de Carolina del Sur que había comprado dos lotes principales en una isla de barrera y planeaba construir casas allí, solo para ser bloqueado más tarde cuando el estado reaccionó debido a los daños causados por un huracán, al impedir cualquier nueva construcción en el área.

Los funcionarios de California dicen que la regla de “acceso” es una regulación temporal de la propiedad privada, no una expropiación de la tierra del agricultor. Y argumentan que la regla estatal es similar a las leyes que permiten que los inspectores de carne y aves de corral ingresen a las plantas de empaque, o que los inspectores de salud y seguridad visiten almacenes, plantas de fabricación o sitios de construcción.

Mario Martínez, consejero general de United Farm Workers, indicó que la regla de acceso es cada vez más necesaria. “Tenemos una población de trabajadores agrícolas muy diferente a la de los años 70”, comentó. Muchos vienen de México y hablan idiomas indígenas además del español. “Y una gran cantidad de ellos son indocumentados y temen hablar con cualquiera”, agregó.

Además, los trabajadores agrícolas están en constante movimiento, pasando de un lugar de empleo a otro. “El contacto cara a cara es la única forma de llegar a ellos”, explicó.

Según la regla de acceso, los organizadores sindicales deben notificar al empleador, pero luego pueden ingresar a la propiedad e intentar hablar con los empleados antes de que comience la jornada de trabajo o durante la pausa para el almuerzo de 30 minutos, indicó.

Él y otros dirigentes dijeron que solo un pequeño porcentaje de los trabajadores agrícolas están sindicalizados.

“No se puede exagerar el miedo que existe”, comentó Victoria Hassid, presidenta de la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas del estado. Los trabajadores sin documentos legales “saben que pueden perder sus empleos, ser deportados y poner en peligro a sus familias. No se sienten cómodos haciendo valer sus derechos”.

Pero la regla de acceso “sigue siendo una herramienta crítica”, comentó. “Les da a los sindicatos la oportunidad de llegar a esta población de trabajadores”.

En un informe de un amigo de la corte, California Rural Legal Assistance describe cómo el trabajo agrícola se diferencia fundamentalmente de otras ocupaciones.

“La industria agrícola de California no se compone de pequeñas granjas familiares, sino de agronegocios comerciales que cultivan vastas áreas de tierra con caminos privados que separan los campos de cada productor. Una vez que termina la vía pública, comienza la tierra del agricultor. No hay estacionamientos ni áreas públicas. No hay salas de descanso en el lugar, solo los campos. Los empleados se congregan junto a los automóviles o autobuses estacionados en los caminos de tierra para descansar y comer. No hay un lugar de trabajo fijo, ni una fábrica ni un edificio de oficinas, ni una cafetería del vecindario o un restaurante a la vuelta de la esquina donde los trabajadores puedan congregarse para las reuniones previas o posteriores al trabajo”, escribieron. “Los empleados viajan de un campo a otro, a veces dentro de un área geográfica determinada y, en ocasiones, entre ciudades, condados e incluso estados. La invalidación de la regla de acceso diezmaría los derechos de organización otorgados por California a su fuerza laboral agrícola”, concluyeron.

El caso comenzó en julio de 2015 cuando Fowler Packing Co. en Fresno prohibió a los organizadores sindicales ingresar a sus instalaciones. La empresa envía uvas y cítricos y emplea hasta 2.500 en los campos y 500 en su planta de empaque. La compañía dijo que, dado que los trabajadores no viven en las instalaciones, cuestionó la necesidad de “intrusos sindicales” en su propiedad.

Cedar Point Nursery cultiva fresas y emplea a 100 trabajadores de tiempo completo y 400 de temporada en Dorris, California, justo debajo de la frontera con Oregón. En octubre de 2015, la compañía dijo que los organizadores de la UFW ingresaron a su propiedad un día alrededor de las 5 a.m. con la esperanza de hablar con los trabajadores antes de que comenzara su turno a las 6 a.m. Alegaron que los organizadores interrumpieron el trabajo e intimidaron a su personal.

“Teníamos extraños con megáfonos marchando por nuestros edificios. Acosaban a nuestros empleados”, dijo Mike Fahner, propietario de Cedar Point Nursery, al relatar el incidente. “Esto es propiedad privada personal. Esta regla existe solo en el estado de California. Está mal y necesita cambiar”, señaló.

En 2016, los productores demandaron a Hassid y a la junta estatal de relaciones laborales agrícolas, alegando que la regla de acceso es inconstitucional y una toma de su propiedad privada. Como precedente, citaron un fallo de la Suprema Corte de 1987, Nollan vs. la Comisión Costera de California, que sostuvo que las autoridades de la entidad no podían exigir al propietario de una casa frente al mar en Ventura que permitiera el acceso a la playa a cambio de un permiso de construcción.

Pero un juez federal rechazó el reclamo de los productores y el Tribunal del Noveno Circuito estuvo de acuerdo con una votación de 2-1. “Sostenemos que la regulación de acceso aplicada a los productores no equivale a una toma física per se de su propiedad en violación de la Quinta Enmienda”, señaló el tribunal de apelaciones.

Sin embargo, ocho jueces, en su mayoría conservadores, del Noveno Circuito emitieron un desacuerdo y sostuvieron que la Corte Suprema debería conocer el caso. Y los magistrados acordaron hacerlo en noviembre.

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