Las duras tácticas de inmigración promovidas por Trump no están funcionando. Los cruces migratorios están al alza

Los números son contundentes. El gobierno federal informó el pasado martes que los agentes de inmigración detuvieron a 76.000 personas, la mayoría de ellas familias o menores no acompañados, en la frontera entre EE.UU y México en febrero, dos veces más el promedio del año anterior y el más alto, hasta este mes, en 11 años. El aumento continúa una tendencia que comenzó en el otoño y ofrece evidencia directa de que la estrategia del Presidente Trump no está reduciendo el flujo de migrantes.

La respuesta no es “un muro grande y hermoso”. La mayoría de los detenidos no intentan escabullirse de los agentes fronterizos; buscan en cambio, encontrarse con ellos una vez que llegan a la frontera y se entregan, esperando recibir asilo u otro permiso para quedarse.

Además, la situación no es una confrontación militar, aunque Trump ha enviado tropas a la frontera. Tampoco es una emergencia de seguridad nacional, como lo ha declarado en un esfuerzo por gastar más en su muro fronterizo de lo que el Congreso ha proporcionado. Es una crisis humanitaria compleja que parece estar empeorando, y va a necesitar mentes analíticas creativas para abordarla.

Por ejemplo, la gran mayoría de las familias que viajan hacia el norte en los últimos meses provienen de regiones pobres de Guatemala, incluida la zona de las Tierras Altas Occidentales, donde la inseguridad, el alimento y los conflictos locales sobre los derechos a la tierra y las protecciones medioambientales están empujando a más personas a salir de sus granjas y sumirse en la pobreza, según los observadores de derechos humanos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Apenas unos meses antes, la violencia de pandillas en áreas urbanizadas empujaba a las personas hacia Estados Unidos; ahora cada vez más, la razón es la economía.

Pero los expertos argumentan que la retórica de Trump también puede estar desempeñando un papel importante. Cuanto más amenaza con medidas de imposición crueles y severas o con recortes en la inmigración legal, más personas deciden ir al norte con más anticipación, antes de que sea más difícil entrar a EE.UU. Del mismo modo, más inmigrantes están llegando a tramos más peligrosos y remotos de la frontera para evitar quedarse atascados en Tijuana u otras ciudades fronterizas donde el gobierno de EE.UU ha reducido el número de solicitantes de asilo, alegando que no puede procesar las solicitudes.

El sistema está abrumado. Pero la solución no es construir un muro, ni encarcelar a más personas, ni separar a los niños de sus padres, ni negar a las personas el derecho legal de buscar asilo. La solución es mejorar la eficiencia y la capacidad del sistema para hacer frente a los cambios demográficos de los migrantes.

Alrededor de la mitad de los casos judiciales de inmigración, presentados el año pasado, eran solicitudes de asilo. Hace una década, aproximadamente 1 de cada 100 cruces fronterizos involucraba un menor no acompañado o un solicitante de asilo; ahora asciende a un tercio.

Más jueces y personal de apoyo son necesarios para el sistema de tribunales de inmigración, algo que se solicitó al Congreso -hay que dar crédito al gobierno de Trump.

Sin embargo, la acumulación de casos ha seguido creciendo, en parte porque el aumento en la aplicación de la ley ha creado más casos migratorios, en parte porque el Departamento de Justicia ordenó a los tribunales que reabrieran aquellos que habían sido cerrados administrativamente sin haber sido deportados, a menudo porque el migrante ya se encontraba en proceso de obtener una visa.

Cuanto mayor sea el retraso de la corte y cuanto más se tarde en procesar los casos con la esperanza de permanecer en Estados Unidos durante el proceso judicial, existirá la posibilidad de atraer a más inmigrantes con solicitudes de asilo dudosas. Un proceso más rápido y justo daría una respuesta en menos tiempo a aquellos que lo merecen, reduciendo los años que pasan en el limbo, mientras que no se incentivará a aquellos que no califican para el asilo y lo intentan de todos modos.

El Instituto de Políticas de Migración ha sugerido una solución parcial. Actualmente, los migrantes que solicitan asilo tienen una audiencia inicial casi inmediata –llamada “miedo creíble”- con un oficial de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que determina si el migrante tiene un potencial importante para presentar una solicitud de asilo exitosa. La mayoría de los migrantes pasan rápidamente este proceso y luego se dirigen a los tribunales de inmigración para presentar el caso formal, un proceso más complejo que puede llevar años. Mantener esos casos dentro de la rama de ciudadanía e inmigración para una audiencia administrativa en lugar de enviarlos a la corte de inmigración podría llevar a decisiones más rápidas con un costo más bajo (un oficial de asilo es más barato que el personal de la corte) al tiempo que preserva los derechos legales a quienes se les negó asilo, de la oportunidad de apelar ante los tribunales de inmigración. Ese es un proceso que vale la pena contemplar.

Fundamentalmente, el sistema actual no ha funcionado durante años y, bajo la estrategia de Trump de hacer cumplir las leyes, ha empeorado. Es una gran pregunta, pero el Congreso y el presidente deben trabajar juntos para desarrollar un sistema más capaz que administre los retos diversos de la inmigración para el mejor interés de la nación mientras se atienden a la vez los derechos de los que son perseguidos y buscan asilo.

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