Los Ángeles amplía la licencia de enfermedad por el coronavirus, pero sólo para empleados de grandes empresas
El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles votó a favor de aumentar las licencias pagadas para los trabajadores que están enfermos o necesitan cuidar de su familia, pero sólo para los trabajadores de empresas con 500 o más empleados en todo el país.
El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles votó el viernes por aumentar las vacaciones pagadas para los empleados que se han enfermado o necesitan cuidar a su familia, pero sólo para los trabajadores de empresas con 500 o más empleados en todo el Condado.
Los miembros del concejo redujeron una propuesta que habría requerido que la mayoría de los empleadores otorguen 10 días adicionales de licencia pagada en medio de la crisis del coronavirus, además de los seis actualmente requeridos por la ley de la ciudad. La decisión siguió a las protestas de los dueños de negocios que dijeron que no podían pagar la medida y que ya están luchando con las consecuencias económicas de la pandemia.
“Me acuerdo de la primera línea del juramento hipocrático: ‘Primero, no hacer daño’”, expuso el concejal Joe Buscaino, quien argumentó que la propuesta original habría diezmado a las pequeñas empresas.
Una residente de Los Ángeles que telefoneó a la reunión con enojo le dijo a los miembros del concejo que había sido despedida de una compañía cuya oficina cerró porque alguien tenía síntomas consistentes parecidos al COVID-19. Antes de que se cerrara, señaló, una compañera de trabajo rogó a otros que se lavaran las manos adecuadamente para ayudar a proteger a su esposo que lucha contra el cáncer.
“La gente está muriendo. Murieron ayer. Morirán mañana. Y ahora tiene el poder de salvar a muchos”, dijo la mujer, y agregó: “El juramento hipocrático se escribió sobre vidas humanas y no sobre negocios y márgenes de ganancias”.
Medidas extraordinarias para frenar la propagación del coronavirus son apropiadas y necesarias frente a un microbio que todavía no entendemos del todo.
La medida se adoptó durante una reunión histórica de acceso telefónico, con la asistencia remota de todos los miembros del concejo, excepto la presidenta, Nury Martínez, en un esfuerzo por limitar la propagación del coronavirus. Martínez dirigió la reunión, que duró desde la mañana hasta el anochecer, con un auditorio casi vacío.
El concejo votó 14 a 1, y el concejal Marqueece Harris-Dawson se opuso, para enmendar la medida que reduciría el número de negocios que estarían cubiertos por los nuevos requisitos de licencia pagada.
Los funcionarios de la ciudad han estado buscando proteger a los trabajadores que no estarán cubiertos por una ley federal que pronto exigirá 10 días de licencia para los empleados que están en cuarentena, tienen síntomas de COVID-19 o se encuentran cuidando a otros debido a la pandemia.
En un informe publicado el miércoles, los analistas de la ciudad dijeron que la ley federal no cubre a las empresas con 500 o más empleados. Las pequeñas compañías, aquellas con menos de 50 trabajadores, pueden solicitar una exención de las normas federales, según el informe.
La ley de la ciudad ya requiere licencia por enfermedad para los empleados que trabajan en Los Ángeles, asegurando que puedan acumular y usar hasta seis días de licencia pagada anualmente. Según la medida aprobada el viernes, los grandes empleadores tendrían que dar 10 días adicionales a quienes laboran al menos 40 horas a la semana.
Los empleados recibirían la licencia pagada si los funcionarios de salud pública han recomendado que se pongan en cuarentena, si tienen 65 años o más, o si padecen ciertas afecciones médicas como el asma o la diabetes. También recibirían la baja por enfermedad si necesitan cuidar a un miembro de la familia.
Después de la votación, los dueños de negocios y sus representantes expresaron alivio por la decisión de excluir a las pequeñas empresas de la nueva ordenanza, diciendo que la propuesta original habría resultado tan costosa que muchas compañías simplemente habrían cerrado.
“Siento que cada uno de mis 250 empleados esquivó una bala”, manifestó Genevieve Gergis, copropietaria del restaurante italiano Bestia y del restaurante Bavel después de la votación del viernes.
Durante al menos una semana, el coronavirus se propagó silenciosamente entre los 120 residentes, 180 empleados y multitud de visitantes
Gergis dijo que sus dos negocios tienen 250 empleados, todos menos 16 de ellos fueron suspendidos. Los restaurantes les brindan atención médica, incluidos aquellos que están fuera del trabajo, precisó. “Si esa propuesta hubiera sido aprobada, habríamos tenido que suspender inmediatamente el pago de la atención médica y el futuro del restaurante habría sido incierto”, declaró.
Los grupos laborales y comunitarios que habían estado presionando para obtener más licencias por enfermedad estaban decepcionados por la decisión con las empresas más pequeñas. Manuel Villanueva, organizador principal del Centro de Oportunidades para Restaurantes de Los Ángeles, lo calificó de “una bofetada a los trabajadores inmigrantes que están poniendo en riesgo su vida en este momento para alimentarnos”.
Cayetano Juárez, un cocinero que vive en South Los Ángeles, dijo que sus horas se han reducido drásticamente, dejándolo estresado por el pago del alquiler y las facturas. También le preocupa seguir yendo al café donde trabaja, que todavía está preparando pedidos para llevar.
“Estamos tomando muchas precauciones, pero me temo que no es suficiente”, enfatizó Juárez en español. “Me da miedo la idea de llevar este virus a mi casa”.
Según la nueva ley, los proveedores de atención médica y los socorristas estarán exentos del requisito de proporcionar la licencia adicional. El concejo también decidió no exigir a las empresas que otorguen licencias adicionales a los empleados que están fuera del trabajo porque su empleador ha dejado de operar temporalmente bajo las pautas gubernamentales derivadas de la pandemia.
La nueva ley era parte de un paquete de medidas destinadas a ayudar a los trabajadores de Los Ángeles a hacer frente a los efectos económicos del virus.
Grupos empresariales habían expresado su alarma sobre algunas de las propuestas tomadas el viernes, diciendo que podrían hacer que las compañías cerraran permanentemente y dificultar la recuperación de la economía de Los Ángeles. Las empresas tenían pocas posibilidades de revisar las propuestas que se habían presentado en los últimos dos días y que había la posibilidad de que entraran en vigor en cuestión de días, manifestó Tina Oh, portavoz de Central City Assn., un grupo empresarial con sede en el centro de la ciudad.
“Los dueños de negocios tal vez ni siquiera sepan que estas ordenanzas están pasando mientras intentan mantener sus negocios vivos”, señaló.
En la reunión del viernes, los miembros del concejo también ordenaron que a los trabajadores de supermercados, farmacias y plataformas de entrega de alimentos como Grubhub y Postmates se les permita reorganizar sus horarios para recuperarse de enfermedades o cuidar a niños o familiares cercanos que se han enfermado. Los funcionarios de la ciudad esperaban que las nuevas leyes entraran en vigencia en unos días.
El concejo suspendió la votación sobre otra medida que generó críticas de los grupos empresariales, que habría regulado la recontratación en los lugares de trabajo donde los empleados han sido despedidos.
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