El condado de L.A. instruye a sus trabajadores a no ayudar a las autoridades de inmigración
Los Ángeles — La Junta de supervisores del Condado de Los Ángeles vota a favor de instruir a los empleados de sus diferentes dependencias a que no hablen con los trabajadores federales sobre las propiedades vacantes que se encuentran disponibles dentro de la región.
Recientemente, las autoridades se comunicaron con el condado en busca de instalaciones para alojar a niños detenidos, según la supervisora Hilda Solís.
Los abogados que supervisaron recientemente las estaciones de la Patrulla Fronteriza, los puertos de entrada y los centros de detención familiar, presentaron un informe mencionando que el gobierno federal no atiende adecuadamente a los menores bajo su custodia.
“Nuestro gobierno federal no debería estar en el negocio de identificar propiedad en cualquier parte de este condado, estado o nación que podría utilizarse para mantener a la fuerza a los niños en una instalación que parece una cárcel”, dijo Solís.
El paso de los supervisores llega poco después de un informe publicado por la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se basa en entrevistas realizadas en agosto y septiembre de 2018 con aproximadamente 100 médicos y directores de salud mental de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
Los proveedores de atención sostuvieron que el número de niños menores de 12 años aumentó del 14% en abril de 2018 al 24% en mayo de 2018.
A pesar de las recientes balaceras que han dejado muertos y heridos a través de Estados Unidos, y el creciente número de protestas para el control de las armas, un grupo insta a los estadounidenses a apoyar sus derechos sobre la Primera y Segunda Enmienda de Estados Unidos, todo en nombre de Dios.
Las experiencias de “trauma intenso” fueron comunes para los niños, incluidos el ser víctimas de abuso o ser testigos de un asesinato, señaló el informe. Las personas separadas de sus padres por las autoridades estadounidenses experimentaron un mayor dolor emocional y mental.
De acuerdo a la supervisora, la administración busca aumentar el número de detenciones federales para menores migrantes, mientras intentan deshacerse simultáneamente de protecciones que evitan a los menores el trauma causado por prácticas crueles como la prolongación de su estadía.
La supervisora recomienda una carta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, documentando la negativa de la junta para ayudar a identificar cualquier propiedad que pueda ser utilizada para detener niños migrantes y sus familias.
Padres de familia de Los Ángeles y activistas señalan a las escuelas chárter de no querer registrar en sus planteles a los niños que sufren de alguna discapacidad.
Solís y la supervisora Sheyla Kuehl acusaron a la administración de tratar de hacer crecer una empresa privada enfatizando que el costo de mantener a un niño en detención es casi de $800 por día.
Por su parte, el reporte sostiene que los trabajadores de las instalaciones informaron que algunas reuniones se programaron con poca antelación, o que se cancelaron o retrasaron repentinamente, lo que aumentó los niveles de incertidumbre y ansiedad en los niños separados y otros menores en las instalaciones.
Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron la semana pasada que la administración ha bloqueado al personal del Congreso de visitar los centros de detención.
El esfuerzo por encontrar más centros de detención se produce cuando el presidente Donald Trump anunció planes para finalizar un acuerdo de conciliación que limita la detención de niños inmigrantes a 20 días. California y otros 18 estados, más el Distrito de Columbia, están luchando contra ese plan en los tribunales.
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