La regla de carga pública no se le hizo realidad a Trump; el país sale ganando
De implementarse la regla de carga pública, hubiera evitado que millones de inmigrantes aspirantes, en edad laboral, llegaran a Estados Unidos, y habría rehusado que millones de otros inmigrantes que ya trabajan legalmente en industrias importantes pudieran quedarse, sostienen expertos.
Mientras que tres jueces federales en Nueva York, California y Washington bloquearon temporalmente la regla de “carga pública”, la lucha legal continúa, y el resultado depende de que se demuestre un daño inminente.
Mientras tanto, un análisis de New American Economy (NAE), una organización bipartidista de defensa y reforma migratoria, cuantifica el impacto negativo que la regla de “carga pública” tendría en la economía.
Varias familias de Los Ángeles saldrán a las calles este fin de semana para formar parte de la Caminata de la Paz, un movimiento activista del sureste de Los Ángeles, que busca la unidad entre los padres que escogen escuelas chárter para sus hijos y los que eligen la educación convencional.
Por ejemplo, el ingreso anual total de los trabajadores que se verían afectados por la referida medida es de 48 mil millones de dólares. Si estos trabajadores se fueran de Estados Unidos, la economía sufriría efectos económicos indirectos adicionales de $33.9 mil millones.
La pérdida total para la economía de Estados Unidos podría ascender a $81.9 mil millones, sostiene NAE.
Al alentar u obligar a los trabajadores a irse, el cambio de la regla de carga pública tendría un efecto desestabilizador para los empleados en varias industrias importantes, que incluyen: 2.7% de los trabajadores de la industria hotelera, recreativa y de servicios de alimentos (más de 328.000 personas) así como 1.7% de todos los que laboran en la construcción (casi 191.000 personas) y 4% de todos los trabajadores de manufactura (más de 217.000 personas).
Más de 222.000 empresarios inmigrantes también se hubiesen visto afectados por el cambio de la regla, perjudicando a las empresas en todo el país y limitando las oportunidades de empleo para los trabajadores estadounidenses.
La administración del presidente Donald Trump contempla establecer un objetivo “cero” admisión de refugiados para el año fiscal 2020, todo esto a pesar de que la aceptación de los mismos ha reducido al 75% desde el 2016.
Por su parte, NAE sostiene que más de 1.4 millones de personas que pudieran haber sido afectadas por la regla de carga pública tienen al menos algo de educación universitaria, lo que incluye a 150.000 trabajadores en las industrias de servicios de educación y salud, así como más de 125.000 trabajadores en la industria de servicios profesionales y comerciales, afirma Andrew Lim, director de investigación cuantitativa de NAE.
“Nos basamos en las mismas ideas preconcebidas que otras personas tenían, que esto afectaría a gente relativamente poco educada y se concentrarían en las industrias de trabajo manual”, dice Lim. Sin embargo, “son muchas las personas con habilidades intermedias las que se verían atrapadas en esto también”.
Antionette Dozier, abogada principal del Centro Occidental de Derecho y Pobreza, agrega que el cambio de reglas fue un ataque a las comunidades de color y sus familias.
“Promueve el deseo de esta administración de hacer que el país trabaje principalmente para los ricos y los blancos”, dice.
Para la comunidad promedio, una amenaza de ataque con explosivos es alarmante, pero para los políticos es algo común, pero no deja de ser alarmante.
“Nuestro sistema de inmigración no puede basarse en las animosidades raciales de esta administración o si las personas son ricas o no”, agrega.
Por ahora los líderes de la comunidad sostienen que nadie debería suspender el uso de servicios públicos, incluso aquellos que están incluidos en la nueva regla, sin consultar a una organización comunitaria especializada o un abogado de inmigración.
Y es que mucha gente resultó confundida entre los beneficios que entran en la regla.
Por ejemplo, los programas que no están incluidos en las reglamentaciones antiguas o nuevas (que aún no están vigentes) incluyen: WIC, CHIP (Healthy Families in CA), Asistencia alimenticia o almuerzos escolares, Head Start, cualquier tipo de beneficio ganado como Seguro Social o Incapacidad , créditos fiscales o ciertos beneficios familiares militares.
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