Inmigrantes recorren 54 ciudades en autobús como iniciativa para pelear por la vigencia del TPS
Los Ángeles — El fallo judicial de una corte a favor del gobierno federal se convirtió en duro revés para los amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS); en vez de cruzarse de brazos, un grupo de beneficiarios de este programa se subió al autobús llamado “La Libertad” para abogar por este alivio migratorio.
“Estoy muy preocupada como madre de una menor de edad”, dijo Soledad Miranda en entrevista telefónica desde San Francisco, la primera escala de dos días, ciudad desde donde se movilizarán a Portland (Oregon) y luego a Salt Lake City (Utah), hasta llegar a Washington D.C.
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La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló la semana anterior a favor del presidente Donald Trump para que cancele el programa TPS, si eso sucediera podrían ser deportados unas 300 mil personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
En consecuencia, unos 250 mil niños estadounidenses tendrían que salir junto a sus padres, según datos de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Eso motivó a Miranda, originaria de El Salvador, a unirse a la caravana junto a su hija de 10 años. En el autobús van unas 20 personas, en su mayoría trabajadores esenciales.
“Para mí no es una decisión irme a mi país porque el futuro de mi hija está aquí y por eso he querido luchar contra el racismo de Trump”, explicó la inmigrante oriunda del departamento de La Unión, quien trabaja en mantenimiento en un edificio gubernamental desde hace 15 años.
“Es injusto”, clama Miranda mientras se desarrolla una movilización frente a la corte federal en San Francisco, detallando que cada 18 meses al renovar su permiso de trabajo a los beneficiarios de este programa les revisan sus datos biométricos.
“No tenemos ningún delito, no es justo que nos hagan como algo desechable ahora”, agregó la inmigrante quien permanecerá durante cuatro semanas en la caravana antes de regresar a Los Ángeles.
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En cambio, Xiomara Cruz viajó desde Silver Spring (Maryland) al sur de California. Aquí se incorporó al autobús y asegura que llegará con el grupo hasta Las Vegas (Nevada).
Esta inmigrante es originaria de Santa Rosa de Lima, al oriente de El Salvador. Al ampararse al TPS, creó su propio negocio de limpieza en el que da empleo a tres personas y, en el 2003, como resultado de las operaciones de esa pequeña compañía compró su propia vivienda.
“Para mí el TPS es es como alcanzar el ‘sueño americano’, lo único que no he podido (hacer) con este programa es votar”, manifestó Cruz.
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La desaparición del programa pone en riesgo a dos de sus hijos, de 24 y 27 años, quienes están amparados en el mismo alivio migratorio. En cambio, el menor de sus retoños, de 18 años, es ciudadano estadounidense y en estas elecciones podrá ejercer su derecho al voto.
“Sería catastrófico para nosotros, porque después de vivir en este país por más de 20 años legal y luego pasar a la sombra o tener que regresar a nuestro país, sería un problema muy grande no solo para nosotros”, reflexionó la empresaria.
“El futuro de nosotros está en las manos de la gente que puede votar y que piensen que nosotros somos una comunidad que hemos estado legal, y cuando llegó la admnistración (actual) empezó nuestra tortura sicológica, nuestra angustia”, confesó Cruz.
Antes de asumir el poder, el presidente Trump se refirió a los inmigrantes como “delincuentes” y “violadores”.
Al llegar al poder, el mandatario primero ordenó cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en septiembre de 2017 y luego emitió, en enero de 2018, una acción ejecutiva en contra del TPS. Ambos alivios migratorios siguen vigentes a raíz de un litigio legal.
En su momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que las condiciones que provocaron la autorización del TPS para El Salvador, el grupo con mayor cantidad de beneficiarios en este programa, eran diferentes a las que se vivían en el 2001 despues de dos demoledores terremotos.
“La litigación va a continuar, que no quede duda alguna. Vamos a apelar la decisión en el Noveno Circuito completo. Si aún ahí perdemos, vamos a llevarlo a sus últimas consecuencias en la Corte Suprema de Justicia si es necesario. Esa pelea continúa”, dijo Pablo Alvarado, director de NDLON.
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Al mismo tiempo que se realiza la caravana y se apela la decisión judicial, las organizaciones pro-inmigrantes están haciendo cabildeo en el Congreso para que los amparados al TPS sean beneficiarios de una ley que les otorgue la residencia permanente.
“Vamos a llegarle a todo mundo de derecha, centro, izquierda, proguesistas, liberales, reaccionarios y hasta estamos dispuestos incluso a hablar con los que nos adversan, con los que creen en la supremacía blanca”, abundó Alvarado, quien estará en el autobús “La Libertad” durante dos semanas.
En este programa migratorio se encuentran protegidos unos 186 mil salvadoreños, si tuviesen que deportar a esa población, se estima que el costo para el gobierno ascendería a $1.8 mil millones, según un reporte de Immigrat Legal Resource Center (ILRC) elaborado en el 2017.
Según el referido informe, la comunidad salvadoreña bajo el TPS aporta en promedio $3.1 mil millones en concepto de salarios anualmente, es decir que a lo largo de 10 años las pérdidas económicas para Estados Unidos llegarían a $31.4 mil millones, sin contar el aporte de las otras comunidades afectadas.
Por eso, sostiene Ángela Sanbrano, presidenta del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), esta movilización busca que el mensaje llegue a los congresistas sobre el peligro y las consecuencias que representaría anular el TPS, de modo que aprueben “una ley que les dé la residencia permanente”.
A criterio de esta activista, darles la residencia es lo justo para la población “tepesiana”, porque ha hecho mérito por el aporte que le da al país.
Ante los próximos comicios presidenciales, Sanbrano considera urgente “pedirle a todas las personas que puedan votar que salgan a votar; porque estas elecciones son las más importantes en nuestra vida y no se queden en casa, hay mucho en juego”.
De acuerdo a Álex Gálvez, abogado de inmigración en la ciudad de Los Ángeles, las personas que están amparadas al TPS deben guardar la calma; si bien el jurista reconoce que la validez del programa es hasta el 4 de enero de 2021, asegura que antes de esa fecha no podrían haber deportaciones.
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El abogado indica que en principio correrían peligro las personas que tienen orden de deportación previa; no obstante, las demás personas podrían pedir asilo.
“Les van a mandar una carta para que se presente a una corte de inmigración y el caso se puede pelear”, dijo Gálvez sobre el caso extremo de que el programa sea cancelado.
“No es que van a estar deportando de un día para otro, hay un proceso”, agregó el jurista.
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Al mismo tiempo, el abogado Gálvez recuerda que como consecuencia del caso conocido como Ramírez v. Brown, los beneficiarios del TPS que viven en Alaska, Washington, Oregon, Idaho, Montana, California, Nevada, Arizona y Hawaii, todavía se les reconoce este programa para obtener la residencia.
“La decisión de Ramírez reconoce que cuando se te dio el TPS es una entrada automática con propósito de una residencia permanente”, apuntó el letrado sobre ese caso que sentó precedente para que los amparados a este programa puedan ajustar su estatus por medio de un familiar inmediato.
Sin embargo, los activistas tienen en la mira las elecciones presidenciales como otra alternativa, al considerar que si el presidente Trump es derrotado por Joe Biden, el aspirante demócrata revierta las medidas en contra de los programas Daca y TPS.
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