Familia de mexicano abatido por la Policía de San Diego tomará acción legal

El equipo legal que representa a la familia de un mexicano abatido por la policía de San Diego presentó una queja administrativa ante la ciudad, en lo que sería la antesala para una demanda civil por uso excesivo de fuerza.

“Esta muerte innecesaria era evitable”, denunció el abogado Eugene Iredale, quién adelantó que más que una compensación, su viuda buscará que se hagan cambios al interior de la policía para que estos casos no se repitan.

En la demanda los deudos alegan negligencia, homicidio culposo, agresión y violaciones a derechos civiles que sería presentada en la corte federal de San Diego, explicó Iredale.

José Alfredo Castro Gutiérrez de 39 años, murió la madrugada del pasado 19 de octubre tras recibir disparos de arma de fuego por parte de un oficial, quién respondía a un reporte de disturbios en una residencia en Mountain View.

En videos dados a conocer por la propia dependencia se escucha que Castro, quien de acuerdo con familiares padecía esquizofrenia, clamaba por ayuda al momento que los elementos se acercan al domicilio.

Cuando los oficiales lo llamaron por su nombre, Castro, quien tenía una barra de metal en la mano, contesta “aquí estoy”. En inglés y en español, los elementos le piden que suelte el arma, aunque éste al percatarse de su presencia corrió hacia ellos.

En cuestión de dos segundos, uno de los oficiales intentó detenerlo con una pistola de goma, otro con una pistola eléctrica y finalmente, un tercer elemento identificado como Isaí Castillo disparó su arma de fuego.

La familia reveló que fue el mismo Castro quien pidió se llamara a la policía, pues temía que “alguien le hiciera daño”. Creen que éste pudo haber corrido hacia los oficiales no para agredirlos, sino porque quería que le ayudaran.

“En lugar de recibir ayuda, él recibió dos balazos que lo tiraron al suelo y por los cuales él perdió la vida”, lamentó su viuda Ana Ojeda.

“Ahora, con la pérdida de mi esposo, amigo mío, confidente y padre de mi hija, nos queda un vacío irreparable con el cual debemos rediseñar nuestras vidas”.

Ojeda quiere que se implementen cambios en la policía para lidiar con personas que padecen alguna enfermedad mental.

“Pudo haberse abordado de una manera diferente y me gustaría que no volviera a suceder con otras familias”, comentó Ojeda, quién dijo fue doloroso ver las imágenes de lo acontecido.

Castro, originario de Mexicali, Baja California, era residente legal permanente y laboraba en la construcción en San Diego. Carecía de antecedentes criminales, de acuerdo con el abogado de la familia.

El gobierno de México ha solicitado una investigación transparente para esclarecer lo sucedido.

“Tomaremos todas las medidas posibles para proteger los intereses de nuestros connacionales”, señaló Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en San Diego.

“Solicitamos atentamente a las autoridades del Condado, tratar este caso con la seriedad que una investigación criminal amerita”, agregó el cónsul general, quién indicó que una vez que culmine la indagación, la cancillería determinará las medidas diplomáticas y jurídicas a seguir.

De forma paralela, el gobierno mexicano ha solicitado respuestas en el caso del connacional David Ángel Villalobos, abatido el pasado 23 de octubre por un elemento de Patrulla Fronteriza cuando éste intentó cruzar la frontera de Tijuana a San Diego de forma irregular.

Organizaciones comunitarias como Alliance San Diego, el Comité de Amigos Americanos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Coalición por Transparencia y Rendición de Cuentas de la Policía (CPAT) se unieron para exigir reformas que permitan prevenir casos de abuso policiaco.

El caso se encuentra bajo la evaluación de la Fiscalía del Condado. Mientras tanto, el Departamento de Policía de San Diego señaló “su compromiso a ser abiertos y transparentes con el público”.