Miles de empleados de la policía de Los Ángeles planean solicitar exenciones al mandato de la vacuna COVID-19
Más de 2.600 empleados de la policía de Los Ángeles han indicado que tienen previsto solicitar exenciones por motivos religiosos, mientras que más de 350 tienen previsto solicitarlas por motivos médicos, según una fuente del gobierno de la ciudad.
Miles de empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles planean buscar exenciones a las reglas que requieren que los empleados de la ciudad se vacunen contra el COVID-19, según datos publicados el martes por funcionarios de la ciudad.
Más de 2.600 empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles han indicado que solicitarán exenciones religiosas, mientras que más de 360 solicitarán exenciones médicas.
En total, aproximadamente una cuarta parte de la plantilla del Departamento de Policía de Los Ángeles tiene previsto solicitar una exención del requisito de vacunación, según los datos facilitados en un memorando enviado por la jefa del departamento de personal, Wendy Macy, a las autoridades de la ciudad. Esto es más del doble de la tasa promedio que se observa entre empleados de la ciudad, entre los cuales menos del 11% han indicado que buscarán una dispensa.
El personal de la policía de Los Ángeles está especialmente representado entre los que pueden solicitar exenciones religiosas: Constituyen menos del 22% de los empleados municipales, pero representan más del 50% del número total de personas que planean solicitar exenciones religiosas.
Según la ordenanza, los empleados municipales deben inocularse antes del 5 de octubre, a menos que se les conceda una dispensa religiosa o médica. Los empleados que reciban exenciones serán sometidos a pruebas periódicas de detección del coronavirus, según el mandato. De acuerdo con la ley municipal, los requisitos de vacunación se convierten en una condición para tener un empleo en la ciudad a partir del 20 de octubre.
Los funcionarios municipales extendieron la semana pasada el plazo para que los empleados solicitaran una exención del requisito de vacunación, y en su lugar dieron a los trabajadores hasta el final del lunes para indicar que piensan solicitar una exención. En todos los departamentos de la ciudad, más de 6.200 empleados lo hicieron.
Casi la mitad de los empleados de la ciudad informaron que ya estaban inoculados, al menos parcialmente, contra el COVID-19. Menos del 10% de los trabajadores municipales han informado que no están vacunados, pero una parte mucho mayor -aproximadamente el 40%- no ha proporcionado ningún dato sobre su estado de inmunización, según el departamento de personal.
La ley de ayuda a la muerte de California ofrece a los pacientes terminales la posibilidad de controlar sus últimos días, pero está previsto que expire en 2025 si no se toman medidas.
“Todos los empleados de la ciudad están obligados a facilitar su estado de vacunación, y el plazo ha expirado. Cualquiera que no nos haya dado esa información debe hacerlo ahora”, dijo el alcalde Eric Garcetti en un comunicado el martes.
“Esta política permite exenciones médicas y religiosas para proteger la salud de ciertos trabajadores y sus derechos constitucionales, pero permítanme ser absolutamente claro: no toleraremos el abuso de estas exenciones por parte de aquellos que simplemente no quieren vacunarse”, dijo Garcetti. “A cualquier persona que esté pensando en presentar una solicitud de exención falsa, le pido encarecidamente que lo reconsidere. Cada petición será examinada cuidadosamente”.
Las cifras recién publicadas indican cuántos empleados dicen que tienen la intención de solicitar una dispensa, pero la ciudad todavía tiene que examinar esas peticiones. Los trabajadores aún pueden optar por vacunarse después de decirle a la ciudad que buscarán pedir una exención.
Aproximadamente el 54% de los empleados de la policía de Los Ángeles tienen al menos una dosis contra el COVID-19, según el jefe Michel Moore. La tasa de vacunación ha sido inferior a la del público en general, lo que ha suscitado la preocupación por el riesgo que supone para la salud de las personas con las que interactúan en las calles y en espacios cerrados como las cárceles y los tribunales.
Los activistas han grabado habitualmente a policías en espacios públicos sin mascarillas, a pesar de la regla del departamento de llevarlas “siempre que estén en público o en el lugar de trabajo”. Diez empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles han muerto a causa del COVID-19, y miles se han infectado. Moore informó el martes a la Comisión de Policía de que se habían producido 66 nuevos contagios en el departamento en las últimas dos semanas, con más de 140 empleados en casa recuperándose y cuatro hospitalizados.
En los últimos días, un grupo de empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles presentó una demanda federal para impugnar el mandato de vacunación, argumentando que viola sus derechos constitucionales a la privacidad y al debido proceso. Los empleados que demandaron incluyen a personas “que no pudieron hacer valer una exención médica o religiosa”, así como a individuos que sostienen que tienen anticuerpos naturales por haber contraído el virus, según la querella presentada el sábado pasado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles.
Los resultados del censo -disminución de las cifras en el Lado Este y aumento en el Valle- supondrán un reto para el grupo que elabore los nuevos mapas de los 15 distritos del Ayuntamiento.
El lunes, el fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, calificó la demanda como “declaración política más que un argumento legal sólido” y dijo que confiaba en que no lograría anular el requisito de la ciudad.
“No puede ser que la salud de un niño, de una abuela o de cualquier otra persona de nuestra ciudad se ponga en peligro por entrar en contacto con un socorrista que no ha sido vacunado”, indicó Feuer.
Firefighters 4 Freedom, un grupo que se opone al mandato de vacunación ha instado a los empleados no inmunizados a no solicitar exenciones médicas o religiosas, calificándolas de “trampa”. Kevin McBride, el abogado del grupo, argumentó en una carta reciente al jefe de bomberos de Los Ángeles, Ralph Terrazas, que “la única razón para exigir a los bomberos que soliciten una dispensa es identificar a los que se oponen al mandato de la vacuna COVID” para “potenciales represalias en el futuro”.
“El objetivo (...) es anular una ordenanza municipal inconstitucional, no que se nos conceda una exención”, escribió Firefighters 4 Freedom en un post de Instagram. “Conseguir cualquier tipo de dispensa nunca hará que este problema de extralimitación del gobierno desaparezca”.
Sin embargo, las exenciones pueden ser más fáciles de conseguir que una sentencia judicial que anule el mandato.
Lindsay F. Wiley, directora del Programa de Derecho y Política de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington, calificó las exenciones religiosas como “un área increíblemente complicada” para los empleadores que aplican requisitos de vacunación. La 1ª Enmienda limita la capacidad del gobierno para distinguir entre las religiones reconocidas y las creencias individuales, dijo Wiley, lo que significa que un empleador no puede simplemente rechazar una solicitud porque no está respaldada por un funcionario de una iglesia o grupo reconocido.
Wiley comentó que algunos empleadores han examinado si un trabajador está declarando una creencia religiosa en busca de una exención, en lugar de expresar otro tipo de preocupaciones. Pero los que se oponen a la vacunación han aconsejado a los trabajadores sobre cómo redactar sus solicitudes de dispensa para evitar tales objeciones.
“La conclusión es que es muy fácil jugar con ellas”, señaló Wiley.
La ordenanza de Los Ángeles define el requisito de vacunación como una condición para el empleo en la ciudad, pero no explica qué ocurre si alguien se niega a inocularse y no consigue que le aprueben una exención. Los funcionarios de la ciudad han mantenido conversaciones con los sindicatos de empleados sobre cómo afectan las normas de inmunización a los trabajadores.
La Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles ha argumentado que la ciudad debería permitir la realización de pruebas semanales como alternativa a la vacunación, independientemente de que el empleado haya obtenido una exención médica o religiosa. En una propuesta escrita, el sindicato policial argumentó que al hacerlo “se logra un equilibrio adecuado”.
Eso se apartaría de la ordenanza aprobada el mes pasado por el Ayuntamiento de Los Ángeles, que establece explícitamente que los trabajadores de la ciudad sin exenciones aprobadas no podrán “optar” por no vacunarse haciéndose las pruebas semanales, ya que el “objetivo es tener una plantilla vacunada”.
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