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México —  Organizaciones proderechos civiles están trabajando para movilizar a gran parte de la comunidad hispana de Texas, que representa cerca del 40 % de la población de ese estado sureño, en favor de sus derechos en territorio estadounidense.

Entre otras iniciativas, grupos como United We Dream, Mi Familia Vota, Fiel y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organizan regularmente talleres para que los ciudadanos hispanos conozcan sus derechos una vez son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o por autoridades locales.

Sin ir más lejos, Mi Familia Vota organizó hoy un evento de este tipo en la Iglesia de San Mateo en Houston (Texas), en el que decenas de personas, con y sin documentación en regla, se acercaron para conocer cómo actuar en caso de ser arrestados.

A pesar de que es una idea que se lleva realizando desde que el presidente, el republicano Donald Trump, tomó posesión del cargo, en los talleres de esta semana se empezaron a explicar las especificidades de una polémica legislación recientemente ratificada en Texas.

En la ley conocida como SB4, la iniciativa destinada a prohibir las denominadas “ciudades santuario, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ratificó también una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

Según esta adición, muy similar a una aprobada en Arizona en 2010 conocida popularmente como “Enséñame los papeles”, las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por un asunto de tránsito.

“Continuaremos participando en acciones directas de protesta en las calles, apoyaremos las demandas legales contra esta ley y educaremos a la comunidad a través de los medios, las redes sociales y foros de derechos”, indicó en declaraciones a Efe el director regional en Texas de Mi Familia Vota, Carlos Duarte.

Asimismo, Duarte explicó que esta organización hispana informará en las próximas semanas a los votantes acerca de quiénes fueron los legisladores y senadores que votaron a favor de la SB4, para que las personas sean conscientes de a quién están votando en las próximas elecciones estatales, que se celebrarán en 2018.

En un evento también celebrado hoy, el grupo hispano Jolt reunió a decenas de madres indocumentadas para que pintasen “Poderosa”, una obra que retrata a una inmigrante mexicana llegada a Estados Unidos hace 16 años para buscar un futuro mejor para sus dos hijos, que aparecen también a su lado en la pintura.

Rosa, madre indocumentada y soltera de 37 años, aparece en esta imagen junto con sus hijos Alex, que nació hace 18 años en México, y Carla, estadounidense de 13 años de edad, en un retrato familiar que pretende mandar un mensaje de unión al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y al presidente de la nación, Donald Trump.

La directora ejecutiva de Jolt, Cristina Tzintzun, hija de indocumentados, denunció a Efe que la ley SB4 “ataca de frente” a los 11 millones de latinos que residen en Texas, dado que no solo afectará a las personas sin documentación en regla, sino a todas las personas con apariencia física o acento distinto.

Otra entidad civil de peso a nivel nacional, Workers Defense Project, anunció ayer que la semana que viene realizará una asamblea popular en la capital texana para mostrar su disconformidad con esta ley y explicar las consecuencias que tendrá para la fuerza laboral del estado sureño.

A pesar de que la mayoría de propuestas se centran en las grandes ciudades, una coalición encabezada por Pantsuit Republic está tratando de movilizar a los hispanos de la Texas rural, un colectivo que vive también “con miedo” y pocos instrumentos para hacer llegar su voz, según reconoció a Efe la presidenta de este grupo, Dona Murphey.

La activista de origen asiático señaló que el objetivo es usar las nuevas tecnologías y el uso de los teléfonos móviles para proyectar el mensaje de estas comunidades marginadas, que engloban cerca de un millón de personas en el estado de la estrella solitaria.

Todas estas organizaciones pretenden presionar a los dirigentes estatales antes de que la polémica legislación entre en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, según estipula la reglamentación de la sesión legislativa texana.