California demanda a Trump por la regla de “carga pública” que negaría las tarjetas verdes a los inmigrantes
SACRAMENTO — California demandó el viernes al gobierno de Trump para desafiar la legalidad de una nueva regla de “carga pública” que podría negar las tarjetas verdes a los inmigrantes que reciben asistencia pública, incluidos cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.
El fiscal general del estado, Xavier Becerra, presentó la demanda en un tribunal federal en el norte de California pocos días después de que la Administración Trump publicara una nueva regla que podría dificultar que muchos inmigrantes obtengan un estatus legal en Estados Unidos.
Después de la masacre de El Paso, los latinos luchan con una historia de racismo en Estados Unidos que se repite.
Los abogados dicen que el caso podría depender de si California puede demostrar que la Administración Trump adoptó la política con la intención de discriminar a ciertos inmigrantes, lo cual es parte de la estrategia legal del estado.
“Esta cruel política obligaría a los padres y familias que trabajan en todo el país a renunciar por miedo a ayuda para necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica. Eso es simplemente inaceptable”, dijo Becerra en un comunicado.
El presidente Trump llama a los latinos “invasores”. La cultura podría ofrecer una contra narrativa, pero no lo hace.
California lidera la demanda, a la que también se unen Maine, Oregon y Pennsylvania, así como el Distrito de Columbia. Una denuncia aparte ha sido presentada por otros estados encabezados por Washington. El viernes por separado, la Clínica de la Raza y otros grupos que sirven a inmigrantes presentaron una querella contra la política de Trump en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del norte de California.
Becerra dijo que la nueva regla federal afecta desproporcionadamente a California, que alberga a unos 10 millones de inmigrantes, muchos de los cuales pueden verse afectados por la nueva regla ya sea directamente o por temor a buscar servicios públicos.
Becerra dijo que planea buscar también una orden judicial temporal para detener la aplicación de la ley, que entrará en vigencia a mediados de octubre.
Los migrantes que se ven obligados a esperar en México mientras buscan asilo en Estados Unidos se enfrentan a condiciones horrendas. Muchos se están rindiendo y regresando a sus países de origen.
Douglas Guthrie, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles, dijo que su agencia está estudiando lo que significará la nueva regla de la administración para las decenas de miles de personas que habitan en viviendas públicas y reciben los beneficios de la Sección 8.
Guthrie estima que la regla podría afectar a 18.000 residentes que posiblemente perderían su tarjeta de residencia si el Departamento de Seguridad Nacional determina que son una carga pública.
Para residir en edificios de la autoridad de vivienda, “al menos un miembro del hogar debe tener estatus legal”, según la Autoridad de Vivienda. “Es intimidante y confuso para muchas personas que reciben servicios de los programas que administramos, lo que creo que es parte de la intención”, dijo Guthrie.
El gobernador de California Gavin Newsom también criticó el cambio de política federal en un comunicado:
“Este último movimiento de la administración federal para demonizar a los inmigrantes es personal para nosotros, en un estado donde la mitad de nuestros hijos tienen al menos un padre inmigrante”, dijo el gobernador. “Esta nueva regla fue diseñada para crear miedo en esas familias, es cruel y amenaza nuestra salud pública. Eso no es lo que somos en California, y tampoco como estadounidenses”.
Las personas que solicitan tarjetas verdes ya están obligadas por la ley federal a demostrar que no se convertirán en una “carga pública”.
Sin embargo, las nuevas restricciones delinean una gama más amplia de programas que podrían descalificar a los inmigrantes de obtener un estatus legal, permitiendo a los funcionarios federales considerar esos programas junto con el ingreso familiar, la educación y la salud de un inmigrante.
En 2017, unas 380.000 personas en todo el país “se ajustaron al estado de residente permanente legal a través de una vía que probablemente los habría sometido a una determinación de carga pública bajo la nueva regla”, dice la demanda.
La denuncia argumenta que la nueva regla, publicada el lunes en el registro federal, crea nuevas barreras innecesarias para los inmigrantes elegibles, estableciendo un estándar tan estricto que si se aplicara a los ciudadanos estadounidenses, casi la mayoría se consideraría una “carga pública”.
En la presentación judicial, Becerra dice que la nueva norma viola la garantía de igualdad de la Constitución, bloqueando desproporcionadamente la admisión de inmigrantes no blancos de Asia, América Latina y África.
Un reclamo de protección igualitaria generalmente prevalece sólo si se puede establecer que el gobierno actuó con la intención de discriminar, dijo Kevin R. Johnson, decano de la Facultad de Derecho de UC Davis.
“Hay evidencia de ánimo racial en las propias declaraciones del presidente sobre los inmigrantes, como que los salvadoreños, los haitianos y otros provienen de países ‘mierda’ y no son bienvenidos en Estados Unidos”.
La demanda de California se refiere al comentario despectivo de Trump sobre los países en desarrollo al presentar su caso, y Becerra y Newsom efectivamente acusaron a la administración de políticas racistas en una conferencia de prensa del Capitolio.
“No les gustan los inmigrantes”, dijo Becerra sobre la administración Trump.
Newsom destacó a Trump y agregó: “Tiene un problema particular con la gente morena en general”.
El desafío legal también dice que la nueva regla federal es ilegal porque interfiere con los derechos de los estados para proteger a sus residentes y excede la autoridad de la administración bajo la ley federal de inmigración al Congreso.
La queja de California plantea argumentos “legales y constitucionales sólidos” y es probable que los estados puedan obtener una orden judicial preliminar para impedir que la regla entre en vigencia el 15 de octubre, dijo el profesor de derecho de la USC, Niels Frenzen, quien se especializa en leyes de inmigración.
“Más allá de eso, la probabilidad de prevalecer sobre los méritos de uno o más de los desafíos legales específicos es alta, al menos ante el Tribunal de Distrito y del Noveno Circuito. Después de eso, ingresamos al mundo más politizado de la Corte Suprema y lo que puede suceder se vuelve menos claro”, dijo Frenzen, director de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho Gould de USC.
Becerra dijo que el gobierno federal no pudo determinar adecuadamente el costo para el estado y sus condados si más personas sufren de pobreza como resultado del cambio de reglas. Agregó que la norma castiga indebidamente a los inmigrantes por participar en programas de beneficios públicos ampliamente utilizados.
Una de estas inmigrantes, Jhoana, de 55 años, dijo el viernes que enfrenta una decisión insoportable.
Jhoana, quien vive en Moreno Valley pero es oriunda del estado mexicano de Jalisco, actualmente recibe cupones de alimentos, que utiliza para mantener a sus dos hijos nacidos en Estados Unidos, incluido uno que tiene autismo, dijo. Ahora teme que continuar con esos beneficios pueda poner en peligro su objetivo de convertirse en residente legal.
“Nos sentimos atacados, vulnerables”, dijo Jhoana, quien no quiso revelar su apellido. “Están acortando nuestro futuro sólo porque queremos servicios para nuestros hijos”.
La administración Trump defendió la nueva regla esta semana.
“Ciertamente esperamos que todas las personas de cualquier ingreso se mantengan a sí mismos”, dijo el lunes Ken Cuccinelli, jefe interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. “Un individuo pobre puede estar preparado para ser autosuficiente. Muchos han estado a lo largo de la historia de este país, así que no veamos eso como el todo y el final”.
La demanda nombra a agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU, que se negó a responder ya que no hace comentarios sobre litigios pendientes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos también rechazó hacer comentarios sobre la demanda, pero dijo en una declaración: “La falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación de ninguna de las acusaciones”.
La demanda del estado fue denunciada por Robin Hvidston, quien encabeza un grupo de California que busca una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.
“Una vez más, California descuida a los ciudadanos estadounidenses sobre los extranjeros”, dijo Hvidston, director ejecutivo del grupo We the People Rising. “No deberíamos gastar nuestros dólares de impuestos en no ciudadanos”, agregó.
Pero la nueva regla federal provocó la oposición de un grupo de republicanos moderados llamado New Way California, que fue fundada por el ex gobernador republicano Arnold Schwarzenegger y el asambleísta Chad Mayes (R-Yucca Valley).
“¿Cómo podemos buscar seriamente convertirnos en la “ciudad brillante del presidente Reagan en una colina y al mismo tiempo hacer que sea más difícil para las más de 382.000 personas que solicitan las tarjetas verdes tener la oportunidad de alcanzar el ‘Sueño Americano?’”, dijo el grupo en un comunicado.
Un estudio realizado por el Centro de Investigación de Políticas de Salud de la UCLA dijo que la nueva regla podría tener un efecto escalofriante en hasta 2.2 millones de californianos en familias inmigrantes que quizá se darían de baja de Medi-Cal y CalFresh, el programa de cupones de alimentos, la mayoría de los cuales en realidad no serían legalmente sujetos a la nueva prueba de carga pública propuesta.
La demanda es el desafío legal número 56 que California ha presentado contra la Administración Trump en una variedad de asuntos que también incluyen políticas sobre atención médica, el medio ambiente y el censo de EE.UU.
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