Desafiando a Trump, California se convirtió en ‘estado santuario’; ahora una ciudad quiere dejar de serlo

Desde que California se convirtió en el centro de la resistencia a la represión del presidente Trump contra la inmigración indocumentada, las llamadas políticas ‘santuario’ han echado raíces en California.

El movimiento abarcó todo el estado con el Proyecto de Ley Senatorial 54, una iniciativa de los legisladores para proteger a los inmigrantes sin residencia legal restringiendo la cooperación de las fuerzas del orden público locales con las autoridades federales de inmigración.

Ahora, una ciudad del sur de California quiere ser excluida de esa categoría.

El lunes, el Concejo Municipal de Los Alamitos está listo para considerar una ordenanza que exima al pequeño poblado del condado de Orange de la ley santuario del estado, que entró en vigencia en enero.

Un informe de la agenda de la ciudad argumenta que la ley estatal está en contraposición con la Constitución de Estados Unidos e “infringe los derechos de los ciudadanos” de Los Alamitos.

“En vista de esta contradicción, es imposible cumplir con la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de California”, dijo el informe. “En esta situación, creo que la Constitución de los Estados Unidos tiene prioridad sobre la Constitución del Estado de California”.

El informe indicó que la iniciativa provino del alcalde Pro Tem Warren Kusumoto.

La ley santuario del estado ha recibido duras críticas de los funcionarios federales, incluido el procurador Jeff Sessions, quien la está desafiando en los tribunales. A principios de este mes, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California por tres leyes, incluida la SB 54.

La ley prohíbe a las agencias de policía estatales y locales notificar a los funcionarios federales en muchos casos cuando los inmigrantes potencialmente sujetos a la deportación están a punto de ser liberados.

Los funcionarios de la administración argumentaron que las medidas estatales no solo obstaculizan su capacidad para llevar a cabo la ley federal, sino que también ponen en riesgo a los agentes de inmigración y las comunidades.

Las otras leyes que los funcionarios de la administración buscan desafiar se refieren al hecho de que sea un delito que los dueños de negocios ayuden voluntariamente a los agentes federales a encontrar y detener a trabajadores indocumentados, y crear un programa de inspección estatal para los centros federales de detención de inmigrantes.

Trump, quien hizo su primera visita al estado como presidente la semana pasada, ha criticado con frecuencia a California por luchar contra su plataforma de inmigración y por sus iniciativas para aumentar las deportaciones.

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