Editorial: ¡Presuntos culpables! El costo tóxico de la fianza monetaria
El sistema de fianzas monetarias traiciona una serie de valores estadounidenses fundamentales, incluida la presunción de inocencia, el derecho a un abogado y la igualdad ante la ley.
A pesar de toda la muerte, la miseria y los estragos que causó el COVID-19 durante sus primeros tres años, la pandemia trajo un beneficio de corta duración al sistema de justicia penal, al menos en el condado de Los Ángeles. Llevó a los jueces a eliminar la fianza monetaria para muchas personas acusadas de delitos menores.
Su objetivo inmediato era combatir la transmisión de la enfermedad en las cárceles del condado de Los Ángeles, donde las condiciones son de hacinamiento y las personas entran y salen a un ritmo rápido, lo que los lleva a llevar la infección de regreso a sus familias y vecindarios. Su beneficio adicional fue obligar a Los Ángeles, por una vez, a vivir principios fundamentales pero ignorados durante mucho tiempo, como la presunción de inocencia y un sistema criminal ciego a la riqueza o la pobreza.
El breve período de justicia más perfecta de Los Ángeles terminó el año pasado cuando el Tribunal Superior de Los Ángeles rescindió su política de fianza de emergencia de cero dólares.
En noviembre pasado, varias personas que estaban atrapadas en la cárcel porque no podían pagar la fianza, junto con algunos contribuyentes del condado de Los Ángeles que pagan la factura de la costosa y derrochadora práctica de encerrar a las personas antes del juicio, presentaron una demanda en nombre de otros agraviados de manera similar. En una audiencia que comenzó la semana pasada, presentaron su caso para recuperar de inmediato la fianza de cero dólares y hacerla permanente. La audiencia en el caso, Urquidi vs. Ciudad de Los Ángeles, continúa el lunes.
La Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias tomará una determinación final sobre si cerrar las instalaciones el 14 de abril.
La demanda de una fianza de cero dólares es justa y debe ser concedida.
Históricamente, el propósito de la fianza era inducir al acusado a presentarse al juicio (si lo hacían, recuperaban todo el dinero que habían depositado en el tribunal). La Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que la fianza también se puede usar para mantener seguros a los testigos y a otras personas, pero que la liberación previa al juicio debería ser la norma.
En todo el país, el debate sobre la fianza monetaria se ha politizado tanto que los hechos a menudo se oscurecen. Por ejemplo, el programa de fianza de cero dólares de Los Ángeles no cubría los delitos violentos, como el robo a mano armada. No impidió que los jueces ordenaran que los acusados de alto riesgo permanecieran en la cárcel sin derecho a fianza. Los ejemplos de altas tasas de reingreso de personas liberadas con una fianza de cero dólares, según lo informado por el fiscal de distrito del condado de Yolo, por ejemplo, se contrarrestan con la experiencia de otros condados, incluido Los Ángeles. , como simples recordatorios para volver a la corte en la fecha adecuada.
La demanda se enfoca en una parte ampliamente mal entendida del sistema de fianzas monetarias: los cronogramas de fianzas. Estas son hojas de tarifas preestablecidas para personas acusadas de delitos, y aunque un comité de jueces establece las tarifas, por ejemplo, $ 20,000 por falsificación, los horarios son administrados por la policía.
Así es como funciona. Un oficial arresta a una persona bajo sospecha de cometer falsificación. En la comisaría, la policía consulta el calendario de fianzas y encuentra la tarifa de $20,000 que el sospechoso debe pagar para ser liberado antes del juicio. Dirigen al sospechoso a una lista de números de teléfono de agentes de fianzas que prestarán el dinero por una tarifa, generalmente el 10% de la fianza, o en este caso, $2,000. Si el sospechoso puede pagar la tarifa, puede irse a casa y preparar su defensa, pero nunca recuperará la tarifa de $ 2,000. Es efectivamente un castigo, no por ser condenado, porque no ha habido condena. Es una pena simplemente por ser arrestado.
El DMV requiere que las personas mayores de 70 años se hagan una prueba y un examen de la vista en persona. Algunos dicen que es discriminación, escribe el columnista Steve López.
Si no tiene el dinero de la fianza, el sospechoso va a la cárcel. Esperará allí de dos a cinco días hasta que lo lleven ante un juez, lo acusen formalmente, tal vez obtenga un abogado designado por el tribunal y finalmente pueda argumentar que está a salvo para ser liberado debido a sus vínculos con la comunidad y su trabajo. Pero ha estado en la cárcel y ha faltado al trabajo, por lo que es muy posible que pierda su trabajo. Estaba lejos de su familia. Ha estado confinado en condiciones inseguras y miserables, lo cual es traumatizante. Hasta la audiencia, ni siquiera el fiscal conocía su caso y no podía solicitar la desestimación si se trataba de un mal arresto. Una vez más, es un castigo por ser acusado y, en este caso, por ser pobre.
No es como en los programas de televisión en los que el acusado comparece inmediatamente ante un juez. Los Ángeles no tiene magistrados de fianza en las estaciones de policía, no hay tribunales nocturnos, no hay oportunidad de evitar una multa elevada por ser acusado o una pena de prisión de varios días dictada no por un juez sino por el oficial que lo arrestó.
La presunción de inocencia es un principio antiguo, pero en Los Ángeles, de hecho, en gran parte de California y en todo el país, es poco más que un eslogan. Las personas arrestadas son tratadas como si fueran culpables, mucho antes de que tengan la oportunidad de presentar su defensa. Son multados, encarcelados o ambos, sin abogado defensor, sin siquiera fiscal, sin juez.
Las personas con dinero pueden comprar su salida. Ya sea que llamemos a esto clasismo o inventemos una palabra como riqueza, es un primo cercano del racismo, dada la brecha de riqueza entre los blancos y las personas de color.
Este sistema de prisión preventiva basado en la riqueza es totalmente incompatible con el principio de igualdad de justicia ante la ley. La fianza de cero dólares, administrada con prudencia, sería un paso hacia la reparación de las injusticias que caracterizan gran parte del sistema penal.
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