Opinión: Nuestra fallida política migratoria está causando una epidemia de trabajo infantil en EE.UU.

En la última década, los menores no acompañados en la frontera han acaparado gran parte de la atención.

La violencia sistémica y la pobreza que desplazan a miles de niños de Centro y Sudamérica, tienen una larga historia. Aunque estos factores no han hecho más que empeorar en los últimos años debido al cambio climático, la degradación medioambiental y los costes humanos y económicos del COVID-19, se producen tras décadas de una destructiva intervención de Estados Unidos en la región, y de nuestra incapacidad para reformar nuestro sistema de inmigración.

La incapacidad del gobierno estadounidense para aprobar una reforma migratoria significativa desde 1986 es una de las razones por las que los niños acaban como trabajadores. Las políticas estadounidenses no han seguido el ritmo de las elevadas tasas de desplazamiento de los países de origen de los inmigrantes, ni de nuestra necesidad de trabajadores. Sin vías para la migración legal, muchas familias, adultos solos y niños no acompañados, no tienen más opción que migrar sin autorización y permanecer así durante mucho tiempo; los datos de 2019 indican que el 62% de los migrantes indocumentados han estado en Estados Unidos durante al menos 10 años.

Como indocumentados, los inmigrantes carecen de número de seguro social y permiso de trabajo, lo que les hace vulnerables a los bajos salarios y a abusos en sus empleos, incluidos el robo de salarios y los abusos verbales y físicos. Si se resisten, corren el riesgo, en el mejor de los casos, de perder su empleo y de ser deportados, en el peor.

Estas condiciones fomentan la explotación laboral, inaceptable desde el punto de vista moral -y hasta hace poco ignorada en gran medida- de los niños migrantes menores de 18 años. En condiciones laborales tan precarias, algunos adultos no tienen el dinero suficiente para llegar a fin de mes y dependen del trabajo de sus hijos para conseguirlo.

Los menores no acompañados que cruzan la frontera cada año -en 2021 y 2022, el gobierno liberó a más de 100,000- enfrentan desafíos particulares. Algunos llegan a la puerta de familiares u otros inmigrantes adultos que no tienen las condiciones para recibirlos, por lo que deben encontrar la forma de mantenerse por sí mismos. Otros son apadrinados por personas ajenas a la familia que pueden explotarlos laboralmente. Según una investigación del New York Times, decenas de trabajadores sociales estiman que alrededor de dos tercios de los niños inmigrantes no acompañados acaban trabajando jornadas de tiempo completo.

Las historias de niños trabajadores migrantes son desgarradoras. Hacen turnos de noche, de madrugada o de 12 horas que les impiden ir a la escuela. Trabajan en granjas, en fábricas de ropa y alimentos, en plantas de productos cárnicos y de procesamiento, en la construcción y en aserraderos, trabajos a menudo peligrosos con escasa protección.

A pesar de que los medios de comunicación presentan este sistema como una nueva economía, la historiadora Ivón Padilla-Rodríguez ha documentado que el éxito de industrias como la agricultura, la manufactura y la construcción en el suroeste del país, se basó en el trabajo infantil desde principios del siglo XX. Mi padre llegó a Los Ángeles procedente de El Salvador a la edad de 17 años en la década de 1970. Inmediatamente se convirtió en trabajador de la confección en fábricas de pantalones del centro de Los Ángeles y más tarde instaló alfombras para un hombre que se negaba a pagarle.

Los Ángeles sigue siendo el centro de este problema. Mi investigación estudia las vidas de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados entre 2003 y 2013 y ahora viven en Los Ángeles. He hablado con niños que han trabajado en fábricas de ropa que cosen prendas para empresas como Forever 21, J. Crew y Old Navy. Otros han trabajado en hoteles como el Ritz Carlton, en el centro de la ciudad, o han limpiado las casas de ricos y famosos como empleados domésticos.

Dado el enfoque de mi investigación, a menudo me preguntan qué está haciendo el gobierno ante esta epidemia de trabajo infantil y qué puede hacer la gente al respecto. Mi respuesta es: Depende de hasta dónde quieras llegar.

Quizás de forma contraintuitiva para muchos estadounidenses, parte de la ecuación consiste en prestar atención a estos jóvenes antes de que crucen nuestra frontera, concediéndoles lo que la antropóloga Lauren Heidbrink y otros estudiosos identifican como “el derecho a no migrar”.

Los jóvenes necesitan alternativas a la emigración para ganarse la vida. Eso no debería significar ayudar a los gobiernos extranjeros a deportar a los inmigrantes, como la administración Biden se comprometió recientemente a ayudar al gobierno de Panamá. Debería significar invertir en programas comunitarios para integrar a los niños en su sociedad de origen, como el Colectivo Vida Digna de Guatemala, cuyo objetivo es reducir la migración juvenil apoyando a los adolescentes indígenas y a sus familias en la recuperación de las prácticas culturales indígenas y el fortalecimiento de las comunidades para que puedan construir un futuro sin abandonar su país de origen.

Incluso con estos programas, algunos niños emigrarán a Estados Unidos y necesitarán protección contra la explotación. Esto puede sonar incontrovertible en teoría, pero el panorama político actual muestra poca voluntad de ampliar la red de seguridad social en la práctica, incluso para niños y jóvenes.

Por ejemplo, el mes pasado un juez federal declaró ilegal, pero se negó a poner fin, a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa implementado por orden ejecutiva en 2012 que ofrece autorización de trabajo y una suspensión de la deportación a los jóvenes indocumentados traídos a EE.UU. cuando eran niños. Los tribunales han debatido la política durante más de una década, y ahora que se espera que el Tribunal Supremo revise la política por tercera vez, incluso estos residentes de larga data en EE.UU. -una vez promocionados por el presidente Obama como “jóvenes talentosos, motivados y patriotas“- quedan en el limbo.

Luego está el programa de inmigración destinado a proporcionar a los niños inmigrantes vulnerables un camino hacia la residencia legal y la ciudadanía: la designación de Estatus Especial de Inmigrante Juvenil creada en 1990. Según un informe reciente, se han producido “retrasos evitables, tasas de denegación incoherentes y una acumulación cada vez mayor” de solicitantes, lo que ha dejado “en suspenso” las vidas de los jóvenes no acompañados y los ha expuesto a la explotación y abusos.

Al mismo tiempo, los estados están actuando activamente para debilitar las leyes de trabajo infantil para todos los niños, inmigrantes o no.

El futuro de los niños está amenazado en Estados Unidos, y el estancamiento de la política de inmigración es uno de los factores principales. Proteger a los niños y a los niños trabajadores exige avanzar en materia de inmigración. No hacerlo puede perseguirnos durante generaciones.

Stephanie L. Canizales es profesora adjunta de Sociología en UC Merced y autora del libro de próxima publicación “Sin Padres, Ni Papeles”.