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Denuncian al consulado guatemalteco en Los Ángeles por facilitar negocio de exámenes de COVID

En esta imagen aparece Tekandi Paniagua, cónsul general de Guatemala en Los Ángeles.
En esta imagen aparece Tekandi Paniagua, cónsul general de Guatemala en Los Ángeles (derecha), conversando con dos usuarios en la sala principal de esa oficina gubernamental. Foto del 4 de junio de 2020.
(Soudi Jiménez/Los Angeles Times)
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La sospecha la originó David Camas después de acompañar a su hermano al consulado guatemalteco, el pasado 28 de diciembre. Dice que se dieron cuenta de que el examen de COVID era gratis en esa oficina, por lo que manejaron hasta esas instalaciones localizadas en el 1975 Riverside Dr, en Los Ángeles.

Lo que parecía un caso aislado se ha convertido en la punta del iceberg, al dejar en evidencia cómo el consulado ha permitido y facilitado un negocio de exámenes de COVID, cuya cifra de clientes que han sido canalizados, por el laboratorio de una clínica local desde esta oficina gubernamental, es desconocida.

El Congreso de Guatemala realiza pesquisa por supuestas irregularidades del cónsul general Tekandi Paniagua

“Fue ahí porque pensó que era lo más confiable”, dijo Camas, originario de la Ciudad de Guatemala, sobre la decisión de su hermano, quien viajaría a suelo centroamericano el 30 de diciembre por la noche.

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“Él fue dos veces y las dos veces le dijeron que era gratis”, reiteró el inmigrante a Los Angeles Times en Español. Sin embargo, cuando se presentó a hacerse el examen le indicaron que antes debía pagar $175, un cobro que le cayó como balde de agua fría. “Si me dijeron que era gratis, ¿por qué me están cobrando?”, reclamó.

Le explicaron que se trataba de una prueba rápida, es decir que la recibiría en un máximo de 24 horas, por eso debía pagar.

Al verse contra el tiempo, el hermano de Camas tuvo que ir al banco a retirar la cantidad requerida. Al momento de pagar, le salieron con otra sorpresa. El pidió un recibo como en cualquier otro trámite, pero le dijeron que no extendían ese tipo de comprobante.

“Ellos están viendo cómo hacen su agosto”, indicó Camas, quien omitió el nombre de su hermano porque “no confiamos en las autoridades”.

“Es un robo, es un engaño, no lo puedo ver de otra forma. ¿Cómo es posible que no sepan ellos qué es lo que están cobrando?”, se lamentó el guatemalteco en alusión a la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde hace un poco más de 10 años, la clínica Banj Health Center opera en las oficinas del consulado guatemalteco. Aquí ofrecen exámenes gratuitos de la presión arterial, colesterol, diabetes, tiroides, hígado y riñón.

A raíz de la pandemia, cuenta Verónica Anguiano, coordinadora de la clínica, incluyeron exámenes de COVID gratuitos, cuyos especímenes se envían a su laboratorio y los resultados se entregaban hasta tres días después.

“El resultado se envía por correo electrónico”, indicó sobre la prueba PCR que le solicitaban los usuarios interesados en viajar.

“Sí podemos seguir haciendo exámenes de COVID, [pero] yo prácticamente me niego, les digo váyanse a otro lado a buscarlo, porque yo no quiero más problemas”, confirmó Anguiano en entrevista con este periódico, detallando que esta clínica cuenta con locales en las ciudades de Compton, Lynwood y Long Beach.

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El testimonio de Camas fue divulgado por primera vez en la estación local de Telemundo. A raíz de la denuncia, una reportera cuestionó sobre el caso al cónsul general, Tekandi Paniagua.

En ese reporte, el funcionario consular aseguró que no fue un solo caso, sino que según él fueron seis exámenes “que yo autoricé de personas que necesitaban al día siguiente la prueba”. Asimismo, ahí se comprometió Paniagua a indagar qué había pasado con el recibo.

Al referirse nuevamente a lo ocurrido, en una publicación hecha en su página de Facebook, el funcionario consular argumentó que los “supuestos cobros anómalos” no existen, porque “lo único que hicimos fue responder a la petición de los usuarios, de contar con una opción confiable y gratuita dentro del consulado”.

Luego el cónsul general agregó que las pruebas rápidas estaban permitidas, pero el interesado debía pagar el precio establecido, tal como lo indicó el denunciante.

“Se le autorizó a la clínica que nos apoya, tomarle la muestra para una prueba rápida con costo, como todas las pruebas rápidas que se realizan en esta ciudad”, reiteró Paniagua, indicando que ese servicio “ha beneficiado a muchos viajeros que han intentado realizar las pruebas en otros lados sin éxito”.

Al investigar sobre esta denuncia, personas de la comunidad que prefieren omitir sus nombres, confirmaron que esta cadena de favores hacia esa clínica fue detectada desde junio de 2020, poco después de que Paniagua asumiera como cónsul general en esta oficina gubernamental.

Las fuentes indicaron que entre los 170 guatemaltecos varados en Los Ángeles, cuyo vuelo con repatriados fue coordinado por el consulado y que salió el 30 de junio, hubo muchos pasajeros que fueron enviados al laboratorio de la clínica para realizarse sus exámenes de COVID.

“No son solamente seis casos como están diciendo, son más”, dijo un inmigrante entrevistado.

Anguiano, por su parte, manifestó a este periódico que no podría precisar cuántas pruebas se han canalizado desde la oficina consular guatemalteca. Sin embargo, deja claro que desde el consulado han salido muchos clientes.

“Los mandaba [a los usuarios] directamente al laboratorio, se iban directo”, dijo sobre lo que hacía cuando le preguntaban por la prueba de COVID. “En diciembre todos los que deseaban viajar querían su resultado en 24 horas”, añadió Anguiano sobre una temporada en la que todavía no había trascendido la denuncia.

En la comunidad cuestionan la relación que ha tenido el consulado con la clínica, por utilizar esas instalaciones para obtener clientes para su laboratorio; según activistas locales, desde el momento en que apareció la denuncia, en febrero pasado, era para desvincularse y remover la clínica de la sede consular.

Sin embargo, la clínica todavía sigue operando en esas oficinas consulares, aunque se desconoce si continúan obteniendo clientes.

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De acuerdo a expertos en diplomacia, ante una denuncia de esta naturaleza lo primero que se debe hacer es una investigación, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Uno de los problemas que hay en la administración pública guatemalteca en general es que los mecanismos de rendición de cuentas no son muy claros”, dijo un exjefe de la diplomacia de Guatemala.

“Lo que hicimos en la Cancillería en esa época”, agregó el exministro, que prefirió no revelar su nombre, “se pedía una investigación y también tienes como mecanismo de asistencia la Contraloría General de Cuentas, es la que hace las investigaciones de rigor sobre el uso indebido de recursos públicos”.

A fin de contrastar la información, se solicitó una explicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero una funcionaria del área de comunicaciones indicó en un mensaje en WhatsApp que la queja no competía propiamente al consulado, porque esta oficina “solo presta el espacio”.

En efecto, la clínica ocupa el área de ingreso para mantener estacionado un vehículo de forma permanente. Mientras tanto, los exámenes médicos los realizan en el interior del consulado, en donde tienen asignadas dos de las cinco oficinas del costado derecho de la sala principal.

Al mismo tiempo, los empleados de la clínica utilizan electricidad, agua y los servicios sanitarios de la oficina gubernamental.

En días recientes, fuentes consultadas informaron que el departamento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores prohibió al consulado en Los Ángeles que firmara un acuerdo con una entidad privada para emitir “money orders” dentro de sus instalaciones.

El argumento utilizado por los asesores legales, según ese memorando, es el mismo que aplica al caso de la clínica.

“Sus acciones no pueden favorecer a una entidad particular”, dijeron los juristas, según el texto al que tuvo acceso este periódico, subrayando que antes debe prevalecer el interés general de la población guatemalteca.

A juicio de Mario Gálvez, diputado del Congreso guatemalteco, es preocupante que el consulado se preste como intermediario para los negocios de otros; porque si a las autoridades consulares, dijo, les interesara el bienestar de sus connacionales ofrecerían la prueba rápida de COVID de forma gratuita.

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Por esa razón, el legislador manifestó que en la próxima sesión que tendrá la Comisión de Migrantes, a la que pertenece, va a exigir un informe a Pedro Brolo, ministro de relaciones exteriores.

“La red consular es de apoyo y servicio a los ciudadanos migrantes de nuestro país en otro territorio, no para favorecer o ser intermediario de negocios”, apuntó.

“Estamos en la obligación de exigirle a Cancillería que haga las investigaciones pertinentes y no se cierren a decir ‘no es asunto nuestro’, esa no es la solución; la solución es investigar, incluso hasta suspender temporalmente al cónsul para poder hacer un proceso de investigación transparente”, valoró Gálvez.

En un reportaje, titulado “Investigan a cónsul de Guatemala en L.A. por aparente desvío de donaciones recolectadas para damnificados”, este periódico reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha enviado a dos auditores, dirigidos por César Augusto Chávez, a contar productos y verificar el manejo de la ayuda que permanece embodegada en el consulado local.

De acuerdo a la investigación periodística, más de $100 mil en mascarillas, alimentos, insumos médicos y artículos de higiene personal recolectados en Los Ángeles, en noviembre de 2020, para ayudar a los damnificados por los huracanes Iota y Eta no salieron hacia las comunidades afectadas en Guatemala; en cambio, habían comenzado a ser distribuidas por el cónsul Paniagua a entidades locales.

La red consular es de apoyo y servicio a los ciudadanos migrantes de nuestro país en otro territorio, no para favorecer o ser intermediario de negocios

— Mario Gálvez, diputado de Guatemala

Las supuestas irregularidades, dice el obispo Juan Carlos Méndez, son parte de la novatez diplomática de Paniagua al estar al frente del consulado guatemalteco más grande del mundo, pues llegó a Los Ángeles después de su paso en la pequeña oficina en Del Río (Texas), en donde laboró como cónsul general por un período de 28 meses, en su primera experiencia como jefe de misión consular.

“He trabajado con el consulado guatemalteco por 37 años y nunca he visto un cónsul como éste, es ridículo todo lo que él hace”, valoró Méndez, originario de la capital de esa nación centroamericana.

“Él está trabajando independientemente (del Ministerio de Relaciones Exteriores), fuera de lo normal, está atendiendo asuntos particulares. La comunidad no necesita a una persona de este calibre que los represente, que los está robando, les está haciendo fraude”, señaló el líder religioso que participa activamente en la lucha pro-inmigrante.

Paniagua, de 42 años, es licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Panamericana. Ahí mismo obtuvo una maestría en Comunicación Política y cuenta también con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar.

Desde 1999, cuando inició su carrera profesional, ha trabajado con diferentes gobiernos como asesor de comunicaciones.

De acuerdo a diferentes fuentes diplomáticas, por las faltas administrativas que se señalan en contra de Paniagua, si se tratara de otro funcionario ya le hubiesen despedido. Sin embargo, algunos manifiestan que el cónsul está protegido por un viceministro de Relaciones Exteriores y por el círculo cercano al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Cristhians Castillo, politólogo y experto en diplomacia, considera que el Partido Patriota, que llevó al poder al encarcelado presidente Otto Pérez Molina, sigue teniendo peso en el gobierno de Giammattei. Paniagua, por ejemplo, trabajó con Carlos Raúl Morales, el canciller que Pérez Molina nombró en la parte final de su mandato.

Las denuncias que están saliendo a la luz en Los Ángeles, dijo Castillo, investigador de la Universidad de San Carlos (USAC), sirve como “un llamado de atención a la mala calidad de los funcionarios diplomáticos de Guatemala que inclusive pueden llegar a cometer delito por desconocimiento o abiertamente por mala intención”.

“Tekandi no es un actor improvisado, es alguien que conoce cómo funciona el servicio público en el país, tiene experiencia y obviamente estos equívocos ya no se justifican como errores de novatez o de desconocimiento”, apuntó Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC.

En los últimos 12 meses, Los Angeles Times en Español ha publicado el trabajo del cónsul Paniagua. Para esta publicación, se le contactó por tercera vez para que brinde una entrevista, pero no ha respondido.

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