La agresión sexual a una niña de 10 años genera las últimas críticas a las políticas del fiscal de distrito de Los Ángeles
Un joven de 26 años que se declaró culpable de la agresión sexual a una niña de 10 años acabará en prisión preventiva o en libertad condicional, a pesar de tener antecedentes penales que incluyen otra acusación de abuso sexual a un niño.
Una mujer de 26 años que se declaró culpable de agredir sexualmente a una niña de 10 años en Palmdale podría ser sentenciada a una corta estadía en un centro de detención juvenil o recibir un periodo condicional en una audiencia en la Corte este mes, lo que provocó otra ronda de indignación en contra del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, y de su plataforma de reforma de la justicia penal de todo o nada.
El complicado caso de Hannah Tubbs ha provocado una creciente frustración de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los políticos en las últimas semanas, quienes comentan que la situación una vez más destaca el problema con la prohibición general de Gascón de juzgar a los menores de edad como adultos.
Tubbs, quien se identifica como mujer, estaba a dos semanas de cumplir 18 años cuando los fiscales señalan que entró al baño de mujeres de un restaurante Denny’s en 2014, agarró a una niña de 10 años por el cuello y la encerró en un cubículo, muestran los registros del juzgado. Tubbs luego metió la mano en los pantalones de la pequeña y la agredió sexualmente, informan los investigadores, deteniéndose solo después de que alguien más entrara al lugar.
El caso atrajo mucha atención en ese momento, y la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles emitió una recompensa de 20.000 dólares por información que condujera a un arresto. Pero Tubbs no estuvo vinculada al crimen hasta 2019, cuando su ADN se ingresó en una base de datos después de que fue detenida bajo sospecha de agresión en Idaho, informó el teniente Richard Ruiz de la Oficina de Víctimas Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.
Los fiscales presentaron cargos contra Tubbs a principios del 2020, poco después de que Gascón asumiera el cargo. El fiscal reformista se ha negado rotundamente a juzgar a los menores como adultos, citando estudios científicos que muestran que el desarrollo del cerebro de los adolescentes no está completo hasta los 25 años y afirmando que los jóvenes delincuentes aún pueden rehabilitarse bajo custodia juvenil, mientras que solo se insensibilizarán en las prisiones para adultos.
Pero los antecedentes penales de Tubbs van más allá del ataque de Denny’s y llegan a su vida adulta.
Watts tuvo al menos 22 homicidios entre enero y noviembre en 2021, un aumento más de cinco veces mayor respecto a 2018. Pero “la gente tiene que entender que Watts no es sinónimo de delincuencia”, dice un residente.
También ha sido arrestada por agresión, posesión de drogas y violaciones a periodos condicionales en Idaho y Washington, donde también tiene un caso de delito menor pendiente, informó Ruiz. Tubbs fue declarada culpable de atacar con un arma mortal en el condado de Kern y enfrentó una acusación previa de asalto sexual a un menor, que no resultó en un enjuiciamiento, según Ruiz y una revisión de los registros judiciales. Varias llamadas a la oficina del fiscal de distrito del condado de Kern en busca de información adicional sobre ambos casos no fueron respondidas.
Se suponía que se tomaría una determinación final sobre el caso de Tubbs a principios de este mes, pero las audiencias se retrasaron porque la acusada está en cuarentena debido a una exposición al COVID-19, informó Ruiz. Mientras tanto, los defensores de un esfuerzo renovado para destituir a Gascón de su cargo y los políticos del área han tomado el tema como evidencia de que las políticas del fiscal de distrito son dañinas.
“De nada sirve atrapar a delincuentes como [Tubbs] si no hacemos un seguimiento y buscamos justicia para las víctimas como la niña de 10 años que [ella] agredió sexualmente. Ella lleva la carga de un trauma de por vida”, enfatizó en un comunicado la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, cuyo distrito incluye a Palmdale. “[A ella] se le ofrecerán intervenciones terapéuticas bajo los auspicios de la ‘justicia restaurativa’ y posiblemente solo se le otorgue un periodo condicional o libertad vigilada. ¿Dónde está la justicia para [su] joven víctima y su familia?”.
El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, un crítico frecuente de Gascón, también se ha quejado del caso en línea y había programado una conferencia de prensa para discutir el asunto esta semana con los líderes de la destitución y las organizaciones de víctimas de crímenes, pero el evento fue cancelado.
En una entrevista, Gascón señaló que el caso se complicó por la brecha de tiempo entre el ataque y la captura de Tubbs, sus antecedentes penales y el impacto que tuvo la agresión en la víctima. Desde entonces, la niña se mudó de California y permanece en terapia, según una declaración de impacto leída en la Corte el mes pasado, y Gascón mencionó que la agredida no quería testificar en el juicio.
El Times también revisó un correo electrónico que decía que Tubbs había sido diagnosticada con múltiples enfermedades mentales y también podría calificar como “discapacitada del desarrollo”, factores que generarían dudas legales sobre su culpabilidad. Uno de los defensores públicos de la acusada se negó a discutir el caso e insistió en que la ley estatal les prohibía hacerlo.
Las trabajadoras del sexo afirman que una ley de merodeo que se centra en ellas por sus lugares de reunión y su aspecto es discriminatoria, especialmente para las personas transgénero y negras.
El fiscal de distrito también expresó su preocupación de que la propia Tubbs sería victimizada si se le colocaba en un centro para adultos como mujer transgénero y señaló que un informe de periodo condicional en realidad recomendaba que ella fuera sentenciada a confinamiento domiciliario. En cambio, informó Gascón, los fiscales pidieron que ésta permaneciera bajo custodia durante dos años donde pudiera recibir tratamiento y terapia.
Incluso entonces, se ha cuestionado la capacidad del condado para albergar a Tubbs. A los 26 años, ella es demasiado mayor para estar recluida legalmente en un centro de detención juvenil. Pero en los tres años transcurridos desde que el gobernador Gavin Newsom anunció sus planes de disolver la División de Justicia Juvenil (DJJ) del estado, que normalmente alojaría a los acusados en situaciones similares a las de esta mujer, el condado no ha elaborado un programa de reemplazo.
Al ser interrogado en una audiencia en el caso de Tubbs el mes pasado, un funcionario del Departamento de Libertad Condicional reconoció que no había un programa de tratamiento para delincuentes sexuales disponible en el sistema juvenil actual, según una transcripción judicial revisada por el Times.
Karla Tovar, una portavoz del Departamento de Libertad Condicional, mencionó que el reemplazo de la DJJ donde Tubbs tendría que estar alojada, conocido como Centro Seguro de Tratamiento para Jóvenes, no tiene una ubicación permanente y no existirá sin la acción de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.
Actualmente, hay 14 menores que de otro modo habrían sido asignados a la DJJ bajo la custodia del Departamento de Libertad Condicional que permanecen “alojados en cuartos separados y reciben programación, así como servicios según sus necesidades. Todos los clientes están tomando cursos de preparatoria o colegios comunitarios”.
Aunque la delincuencia y la falta de vivienda aumentan, muchos residentes de toda la vida están preocupados por el aburguesamiento, ya que los revendedores renuevan rápidamente las casas y ponen etiquetas con precios millonarios.
Pero Jerod Gunsberg, un abogado que a menudo defiende a adolescentes acusados de delitos violentos, indicó que los jóvenes en ese estilo de vivienda simplemente están siendo almacenados en el Barry J. Nidorf Juvenile Hall en Sylmar.
“No hay planificación”, señaló. “No hay programas de rehabilitación que sean diferentes a los que ofrece el Departamento de Libertad Condicional en la detención preventiva para menores, que es mínimo”.
Debido a las deficiencias en la configuración del Departamento de Libertad Condicional, el Departamento del Sheriff se ha ofrecido a albergar a Tubbs en una instalación del condado para adultos, mencionó Ruiz. La legalidad de ese compromiso, al que Gascón se refirió como una “curita” específica para este caso, será decidida por un juez a finales de este mes.
Aun así, muchos creen que el manejo del caso por parte de Gascón es el problema más grande. Jon Hatami, un antiguo fiscal de delitos contra los niños que se ha convertido en una de las principales voces del movimiento de destitución, detalló que los cargos claramente deberían haberse presentado ante un tribunal de adultos.
“Esto te muestra claramente el aspecto peligroso de las políticas generales de George Gascón”, comentó. “Aquí tienes a una persona que ha cometido al menos dos agresiones sexuales separadas a niñas jóvenes que ahora tiene 26 años y cuenta con antecedentes de conducta violenta en el pasado. No es alguien que deba aparecer en el sistema de menores”.
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