Editorial: La crueldad es lo que caracteriza la política de inmigración de la administración Trump
En el centro de casi todas las políticas y acciones de la administración Trump relacionadas con los inmigrantes existe un fuerte deseo de limitar a los nuevos residentes del extranjero y un desprecio ciego por cualquier crueldad que pueda infligirse con tal de cumplir ese objetivo.
El ejemplo más reciente, del cual la administración parece estar retrocediendo, fue un plan para poner fin a un programa que aplazó la deportación de migrantes que padecen enfermedades graves, incluidos algunos que participan en ensayos clínicos que podrían beneficiar a otros que padecen las mismas afecciones.
Una regla propuesta por la Casa Blanca dificultaría que los inmigrantes legales obtengan la residencia permanente si han recibido ciertos tipos de asistencia pública, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y subsidios para la vivienda.
En un caso destacado por el New York Times, el gobierno declinó renovar un aplazamiento de dos años para María Isabel Bueso, una californiana de 24 años que padece un trastorno genético severo y raro. Los médicos habían invitado a Bueso a EE.UU hace 17 años para participar en tratamientos experimentales para su enfermedad, que muy probablemente habría terminado con su vida antes de que llegara a la adolescencia. No importó que sus doctores en el Área de la Bahía advirtieron que regresar a Bueso a Guatemala, donde los tratamientos para mantenerla con vida no están disponibles, sería una sentencia de muerte.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU dijo que está reconsiderando su decisión de finalizar el programa, pero la falta de especificidad sobre sus intenciones, y el historial de esta administración de contradecir rápidamente sus propias declaraciones, sugiere que el público no debería hacer mucho caso al anuncio. La nación ha aprendido a no escuchar lo que dice el gobierno, sino a observar lo que hace.
California demanda a la administración Trump para desafiar la legalidad de una nueva regla de’carga pública’ que podría negar las tarjetas verdes a los inmigrantes que reciben ayuda pública.
Y ha estado haciendo cosas horribles. De hecho, uno hubiera esperado que la desastrosa decisión de alejar a los niños de sus padres migrantes por el “delito” de solicitar asilo hubiera sido el punto más bajo de la administración. Pero ahora vemos que está dispuesto a ir aún más abajo, incluida la entrega de enfermos a la muerte simplemente porque Stephen Miller y el resto de los bichos nacionalistas que susurran al oído del presidente no los quieren aquí.
Es el mismo ánimo detrás del esfuerzo del presidente para abrir centros federales de detención familiar que retenga a las familias que llegan hasta que su destino se decida en la corte de inmigración, donde el atraso supera el millón de casos (incluidos varios cientos de miles previamente cerrados que se están reabriendo), y donde los mismos han estado pendientes en promedio durante 705 días, poco menos de dos años. La administración quiere que estas largas detenciones envíen un mensaje a otras familias en Centroamérica que contemplan encontrar refugio aquí.
Los agentes fronterizos todavía separan a los niños migrantes de sus padres a pesar de una orden judicial que restringe severamente la práctica, 911 en un año, dice la ACLU.
La administración está dispuesta a hacer esto a pesar de las advertencias de los psicólogos de que encarcelar a los niños, incluso por períodos cortos, con o sin sus padres, puede conducir a problemas de salud mental. Y atender las necesidades de salud mental de los menores migrantes no ha sido exactamente el punto fuerte de la administración.
Un informe reciente del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos concluyó que el gobierno no ha abordado los problemas de salud mental que enfrentan los menores que llegaron sin compañía después de huir de la violencia, o que fueron separados por la fuerza de sus padres en la frontera.
Sí, los padres migrantes simplemente pueden darse por vencidos y aceptar renunciar al asilo y regresar a los entornos mortales de los que escaparon. ¿Pero qué padre racional haría eso? Estas políticas obligan a las familias a situaciones en las que no hay buenas opciones. Hay alternativas a la detención que son mucho menos costosas.
Luego está la política de “permanecer en México” según la cual la administración Trump ha enviado al menos a 35.000 personas con derecho legal a solicitar asilo en EE.UU, en su mayoría centroamericanos, para esperar en un país completamente diferente (y en algunas condiciones increíblemente peligrosas) mientras continúan sus solicitudes. ¿La razón? nuevamente, disuadir a otros que podrían ejercer su derecho otorgado por el Congreso de pedir protección al gobierno de Estados Unidos.
La administración también ha adoptado una nueva regla de “carga pública” (bajo desafío legal) que niega las tarjetas verdes a los inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos si usan o el gobierno considera que usarán ciertos programas de redes de seguridad durante más de un año dentro de un período de 36 meses. La confusión sobre cómo funciona esa nueva política ha llevado a innumerables migrantes a abandonar los programas en los que tienen derecho a participar, incluidos aquellos que proporcionan alimentos y ayuda para la vivienda, por temor a poner en peligro su situación legal. Entonces, la respuesta del gobierno a las personas que podrían necesitar un poco de ayuda temporal es abofetearlos o ahuyentarlos.
El nivel de crueldad infligido por esta administración al servicio de su agenda antiinmigrante es inconcebible e inmoral.
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