La reapertura de California depende de mantener el virus alejado de los barrios de bajos ingresos

En el condado de Monterey, el 26% de los casos de COVID-19 se encuentran en East Salinas, una comunidad mayoritariamente latina de obreros agrícolas, empleados de servicios y otros, que viven en condiciones de hacinamiento mientras trabajan en las líneas del frente durante la pandemia.

La historia es muy diferente en las comunidades costeras ricas del condado, incluidas Monterey, Carmel y Pacific Grove. Combinados, estos lugares tienen una población que supera ligeramente la del este de Salinas, pero solo alrededor del 2% de los casos de coronavirus del condado.

En el condado de Los Ángeles, Bell, una ciudad con un 93% de latinos, ha tenido más de cuatro veces la cantidad de casos que Manhattan Beach, que posee casi la misma cantidad de residentes pero de raza blanca en un 81%.

Hasta la semana pasada, este tipo de diferencias marcadas no se habrían interpuesto en el camino del proceso de reapertura de un condado. Siempre que las desigualdades promedien una disminución en las tasas de casos generales del condado y los índices de positividad de las pruebas (es decir, la proporción de exámenes que arrojan resultados positivos), el condado podría pasar al siguiente nivel de actividad comercial.

Ahora, con una estrategia de salud pública pionera en el país, los condados de California no podrán reiniciar actividades por completo hasta que prioricen la reducción de casos de COVID-19 en las comunidades más afectadas por la pandemia.

Esta nueva métrica de equidad, que surgió del Grupo de Trabajo del gobernador Gavin Newsom sobre Recuperación de Empresas y Empleos, es una idea poderosa tanto para promover la justicia racial como para crear un camino sostenible hacia la recuperación económica.

Antes de que se le permita a un condado pasar a un nivel menos restrictivo en el marco de reapertura del estado, el cuartil inferior de las secciones censales -según lo medido por el Índice de Lugares Saludables, basado en 25 indicadores de economía, sociales, de educación, transporte, vivienda y salud ambiental- deben cumplir por separado criterios específicos de reapertura.

En particular, este enfoque requiere que los condados reduzcan las tasas de positividad de las pruebas en las comunidades menos favorecidas para igualar o acercarse al promedio del condado, lo que les da a los condados un incentivo para realizar pruebas, rastrear contactos y lanzar programas de prevención y atención clínica en las comunidades que más lo necesitan.

En este momento, los condados enfrentan una montaña rusa de reaperturas y cierres de la economía, que no es buena para los dueños de negocios pero tampoco para los trabajadores y sus familias. Los altibajos se deben en gran parte a la incapacidad de afrontar las desigualdades raciales de la pandemia.

Los latinos, por ejemplo, constituyen el 43% de la población principal en edad de trabajar del estado (18-49 años), pero representan el 64% de los casos y el 75% de las muertes en ese grupo etario. Los californianos latinos, negros y de las islas del Pacífico también son más propensos a ser asistentes de cuidados de salud a domicilio, cajeros de supermercados, conductores de camiones, empacadores de carne, trabajadores agrícolas y otros de importancia crítica.

Cuando la infección ocurre en sus lugares de trabajo, muchas personas terminan llevándose el virus a casa y trasladándolo a sus familias, que a menudo viven en vecindarios abarrotados donde el distanciamiento social es difícil y los equipos de protección son escasos. El resultado son tasas más altas, una retroalimentación con los lugares de trabajo y más obstáculos para la reapertura económica generalizada.

Reducir las tasas de positividad entre quienes menos tienen no garantiza la igualdad, pero obligará a instalar sitios de prueba en áreas de mayor necesidad.

Y un aspecto brillante de la métrica de equidad es que el esfuerzo cuenta: si un condado demuestra un progreso más rápido en la reducción de infecciones en las comunidades menos favorecidas, entonces el estado aprobará una reapertura acelerada, incluso si algunas métricas promedio generales todavía están rezagadas (debido a la dinámica de la enfermedad, pero es probable que se pongan al día).

El Departamento de Salud Pública de California está en proceso de establecer un equipo de asistencia técnica que compartirá las mejores prácticas y recursos que pueden ayudar a los condados a llevar a cabo sus planes de acción. Hay ejemplos en los que basarse, incluso en San Francisco, donde la ciudad invirtió mucho en pruebas gratuitas, rastreo de contactos, compromiso con la comunidad y asistencia para personas infectadas en el distrito Mission, un vecindario históricamente latino.

A algunos les preocupa que una métrica de equidad sea pesada y pueda ralentizar el proceso de reaperturas. Pero si se prioriza la protección de la salud de los californianos desfavorecidos, es probable que haya menos enfermedades cuando vayan a sus lugares de trabajo. Entonces, la confianza del consumidor aumentará, la vitalidad empresarial mejorará y todos los vecindarios estarán mejor.

La medida de equidad es una idea que debería ser adoptada por otros estados, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias federales, como una estrategia esencial para la recuperación del COVID-19.

La pandemia es una prueba más de cuán profundamente la segregación racial y vecinal gobierna nuestras vidas. No saldremos de esta crisis económica a menos que apoyemos la salud y el bienestar de todas las comunidades, en cada condado.

Angela Glover Blackwell es fundadora residente en PolicyLink y presentadora del podcast Radical Imagination. Manuel Pastor es director del Instituto de Investigaciones de Equidad de la USC. Ambos son miembros del Grupo de Trabajo del gobernador para la Recuperación de Empresas y Empleos.

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